La importancia del café en la economía colombiana
A través del tiempo y de la historia, la humanidad en todos sus procesos evolutivos
y
culturales ha tenido la necesidad de generar transacciones comerciales que le
permitan ampliar el número de bienes de consumo y de esta forma mejorar las
condiciones del bienestar, en este sentido, el café ha tenido relevancia en el
marco
de la economía de muchos países y, por ejemplo, pueblos de religión y cultura
musulmana, particularmente los árabes, han tenido papel importante en el cultivo
y
consumo de dicho producto.
Dentro de un contexto histórico universal, puede decirse que para mediados del siglo
xvii se da una reducción significativa del dominio de la producción del
café en los mencionados pueblos musulmanes. Por ser un cultivo tropical, los
holandeses y posteriormente los franceses y portugueses desarrollaron plantaciones
en sus colonias de Asia, América y posteriormente África. Esta relación se mantuvo
mientras las potencias europeas alcanzaban sus dominios de ultramar (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,
2010).
El café se convirtió en uno de los más importantes detonantes del desarrollo
económico de muchos países latinoamericanos en los siglos xix y
xx, y para el caso colombiano existe una prelación, no sólo por su
importancia en términos de generación de divisas, sino porque los ingresos derivados
del producto y las necesidades de su procesamiento, facilitaron la creación de
mercados internos que demandaron otro tipo de bienes y servicios. La producción
de
café no requería de costosos insumos importados y generaba anhelados ingresos
por
exportación para una economía frágil y con poca exposición al comercio
internacional(Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia, 2010).
Según Ocampo (1994) el cultivo del café en
Colombia se propagó entre 1732 y 1810. De 1850 en adelante el cultivo se implementa
desde Santander, Huila y Cundinamarca hacia otras regiones de Colombia, y entre
1874
y 1900 recibió un impulso con la inauguración del Ferrocarril de Antioquia (Palacios, 1979).
Conforme a la devaluación del peso colombiano, el valor del dólar creció al tiempo
que las exportaciones del grano crecieron diez veces entre 1870 y 1915. A medida
que
se incrementa el cultivo, se necesitan más lugares de beneficios y una cadena
de
ocupaciones distintas a las agrícolas: el transporte, el mercadeo y la tarea
industrial. Durante las dos primeras décadas del siglo xx, el cultivo y el
comercio del café en Colombia registraron un increíble crecimiento, constituyéndose
en el principal producto del sector agrario; de su exportación provenía más de
50%
de las divisas en monedas extranjera (Palacios,
1979).
La inclinación a apreciar la producción cafetera como la más significativa para
Colombia influyó positivamente en varios aspectos como la provisión de créditos,
la
enseñanza agrícola y el desarrollo de la infraestructura de transporte, tanto
en los
modos férreos y marítimos como el modo carretero, en favor de la agremiación
de sus
productores, lo cual llevó a la creación de la Federación Nacional de Cafeteros
de
Colombia en 1927. Dicha institución con su notable influencia y desarrollo, en
la
perspectiva del fomento de la producción, implementa un gravamen a la exportación
del café según la Ley 76 de 1927, sobre protección y defensa del grano (Ospina, 1987, p. 390).
La Ley 76 (Colombia. Congreso de la República, 1927,
p. 1) crea una contribución sobre el café que se exporte de diez centavos
por cada saco de 60 kg y señala que para que el poder ejecutivo pueda hacer efectivo
este impuesto deberá celebrar previamente con la Federación Nacional de Cafeteros
un
contrato para la prestación de varios servicios a costa de la federación,
relacionados con organizar y sostener una activa propaganda científica a favor
del
café colombiano, tomar las medidas necesarias para implantar en Colombia los
mejores
sistemas para el cultivo de la planta, para beneficio del fruto y para proteger
tanto a los trabajadores como a las plantaciones contra el peligro de las
enfermedades propias de las zonas y climas cafetero, y establecer por cuenta
de la
federación almacenes generales de depósito de acuerdo con la ley y con el gobierno,
con el exclusivo objeto de que los que se interesan por la industria y comercio
de
café se beneficien con todas las ventajas de esa clase de instituciones.
De acuerdo con la Ley 76, la federación debe enviar comisiones de expertos a los
distintos países productores y consumidores de café a estudiar los métodos de
cultivo y beneficio, de venta, de propaganda y de financiación y, principalmente,
a
investigar las posibilidades de una mayor extensión en el cultivo y producción
del
grano que puede afectar el porvenir del mercado mundial del café. Igualmente,
la
federación debe fomentar el establecimiento de tostadoras, en el interior del
país y
en los centros de consumo importantes del extranjero y editar una revista u órgano
de publicidad, para información del gremio; además, generar estadísticas del
ramo en
publicaciones para mantener informados a los interesados en este comercio, en
lo
relativo a cotizaciones en todos los mercados, a existencias en los distintos
centros, a ventas efectuadas, a prospectos de producción mundial de café y a
encauzar las corrientes de exportación de café hacia los distintos mercados
europeos, americanos y demás centros mundiales que se juzgue conveniente, y en
general, del desarrollo de un plan definitivo y práctico en beneficio de la
industria cafetera colombiana (Colombia. Congreso de
la República, 1927, p. 1).
Desde el transcurrir histórico, el café fue durante varias décadas un soporte
material de la acumulación interna de capital, y estuvo estrechamente vinculado
con
los orígenes de la industria nacional y con el despliegue del mercado interno,
es
decir, fue fuente de financiamiento para el resto de la economía colombiana,
además
de vincularla con la economía internacional (Ocampo,
1994).
Sin embargo en la década del siglo xxi, el peso relativo de la caficultura
dentro del conjunto de la economía colombiana fue perdiendo participación, por
ejemplo, en el pib del sector agropecuario pasó de representar cerca de 25%
hacia finales de la década de 1970, a más o menos 6% durante los primeros diez
años
de la década del 2000; esto causado no sólo porque la producción no ha crecido
y
porque los precios internacionales han bajado, “sino también por el crecimiento
muy
significativo de otros sectores, en particular el minero energético, y de otros
cultivos de tardío rendimiento, como la palma de aceite y los frutales, además
de
las flores y de la producción y comercialización externa de otros alimentos
procesados” (Cano, Vallejo y Tique, 2012, p.
9).
Igualmente, el cambio climático y fenómenos como el de la Niña han ejercido efectos
negativos sobre la productividad de los cultivos, llevando a contemplar hacía
el
futuro “técnicas biotecnológicas de adaptación de los cultivos y, probablemente,
una
recomposición regional de la producción hacia zonas de mayor altura y tierras
susceptibles de ser mecanizadas” (Cano, Vallejo y
Tique, 2012, p. 10).
En cuanto al concepto de la mano de obra, el subsector del café absorbe 35% de
la fuerza de trabajo del mercado agrícola, y el contexto se vuelve más crítico,
toda
vez que la industria nacional y los servicios no logran ocupar toda la fuerza
de
trabajo disponible (excedente de mano de obra), por lo cual este ejército industrial
de reserva va a engrosar la economía informal (Cano,
Vallejo y Tique, 2012), que de manera directa influye sobre el
decrecimientos de la calidad de vida y por tanto en el desarrollo económico de
Colombia.
Como puede observarse, en el recorrido histórico de la economía colombiana la
industria del café ha sido motor de desarrollo que ha contribuido a diversificar
de
manera notable la actividad productiva nacional.
El cooperativismo caficultor en Colombia y Antioquia
Ante la necesidad de hacer viable, eficiente y competitiva la actividad caficultora
colombiana, los productores del grano se reunieron en torno al Segundo Congreso
Nacional Cafetero, en Medellín, capital del Departamento de Antioquia, en junio
de
1927 y crean la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la cual contó con
el
apoyo de la Sociedad de Agricultores de Colombia y de los gobiernos nacional y
regional.
En el desarrollo de las funciones de la federación se perfila la iniciativa de
fortalecer la comercialización y asegurar la garantía de compra del café, por
lo
cual se inicia un proceso ampliado de creación de las cooperativas de caficultores
desde finales de la década de 1950 en los territorios de mayor densidad
productiva.
Este proceso implicó la creación de una sección de cooperativas al interior de la
federación y la realización de un conjunto de estudios socioeconómicos, cuya
elaboración fue encomendada a Francisco Luis Jiménez Arcila, ideólogo del
cooperativismo nacional y mundial y cuyas orientaciones serían clave para el proceso
fundacional de las mencionadas cooperativas. Así, gran parte de la obra doctrinaria,
sociológica y económica de Jiménez se ubica en la organización del movimiento
cooperativo de caficultores, mediante la realización de estudios socioeconómicos
en
cada uno de los casos principales de formación de este tipo de entidades en los
departamentos de Risaralda, Quindío, Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, Tolima
y
Cundinamarca. De esta manera, el cooperativismo caficultor, auspiciado por la
Federación de Caficultores de Colombia, encuentra en Jiménez su mayor promotor
y
realizador.
El objetivo general de la fundación de estas cooperativas estuvo orientado al
mejoramiento de las precarias condiciones de vida de los cultivadores del grano,
y
este propósito conllevaba especificidades que tienen que ver con el aumento de
la
producción del grano, pero también con su calidad y mejoramiento de la tecnología,
de las condiciones de transporte, de los beneficiaderos,1 la diversificación de los cultivos. De manera importante, se proponía
trabajar también en el fomento de condiciones de producción comunitarias y en
la
procura de condiciones para una vida más digna de los caficultores, en términos
de
vivienda, salud, educación y alimentación, al respecto Jiménez (2002) señala:
Cuando se fundó la primera, algunos productores fundadores propusieron que el
apelativo fuera cafetera […] Uno de nosotros manifestó que el verdadero fin de
la cooperativa no era propiamente el cafetal y su producto, sino que la
verdadera misión era la defensa, la dignificación y la redención del dueño de
la
empresa, en un 80 por ciento parceleros y a causa de esa limitación, la
producción era escasa por carencia de medios y recursos para la debida
explotación. De ahí el calificativo de caficultores.
En las visitas que se hicieron a varias veredas de la región, se pudieron
constatar las precarias condiciones de vida de las familias sin crédito,
entonces, y por ello víctimas de los fonderos, sin asistencia médica, sin medios
para educar a sus hijos, sin agua potable, sin beneficiaderos adecuados, sin
sistema de transporte económicos, con una alimentación insuficiente, en una
palabra, en extrema pobreza, las cooperativas tenían que salvar a los pequeños
y
por eso se proyectó la cooperativa de carácter integral (Jiménez, 2002, p.
109).
Precisamente en relación con el proyecto de fundar cooperativas integrales, la idea
inicial en estos estudios incluía el mejoramiento social y económico de los
productores y trabajadores cafeteros mediante dos estrategias: prestación de
servicios en forma individual para los productores y sus familias y la organización
de dichos servicios en unidades económicas, las cuales eran definidas como
extensiones de tierra en escenarios de ruralidad según características aprobadas
por
el Comité Nacional de Cafeteros en acuerdo con los comités departamentales. En
dichas unidades se implementarían servicios y beneficios para la población
campesina, representados en escuelas rurales, centros de salud, centros de atención
para niños, construcción de viviendas y beneficiaderos, entre otros. Sin embargo,
esta idea no cobró forma y se procedió simplemente a la creación de cooperativas
de
caficultores en diferentes localidades de Colombia (Zabala y Arboleda, 2007).
De esta manera, la primera de las cooperativas de caficultores creada en Colombia,
fue la de Pereira, que, fundada el 22 de diciembre de 1958, inició actividades
en
octubre de 1959, con el objetivo primordial de garantizarle al caficultor mejor
calidad y un precio justo para el café producido, lo primero desde la iniciativa
de
organización de una central de beneficio y lo segundo con la financiación de la
Federación de Cafeteros y el Banco Cafetero. La creación de esta cooperativa contó
con las orientaciones de Francisco Luis Jiménez, quien narró la experiencia de
creación.
la Federación Nacional de Cafeteros, me llamó para que hiciera el estudio […]
esto para mí fue un rayo de luz que me iluminaba en una gran inquietud que yo
tenía en relación con los caficultores del país, especialmente los pequeños que,
según datos, se acercaba a la alarmante cifra de quinientos mil. Quería
aprovechar esta ocasión, para no perderla…primero hice un estudio sobre la
importancia que tenía para el cafetero colombiano asociarlo en cooperativas…
le
puse una gran atención al estudio socioeconómico con base en una encuesta a los
productores y visité 20 plantaciones para conversar con los dueños de ellas.
Elaborado el estudio, la Federación…autorizó sin la menor condición, la
fundación de la cooperativa […] Fundada esta entidad y puesta en acción, atrajo
la atención… de la Federación, la que me pidió que le fundara una cooperativa
en
cada región cafetera del país (Jiménez, 2007, p.
121).
El proyecto siguiente en la creación de una cooperativa de caficultores tuvo como
escenario la población de Calarcá, en el departamento del Quindío, municipio
identificado por su abundante producción cafetera, merced a que más de 80% de
la
población se dedicaba a la producción del grano. La cooperativa de Calarcá fue
fundada entonces el 6 de agosto de 1960, también con el acompañamiento de Jiménez
Arcila y la promoción de Otto Morales Benítez, ministro de Trabajo.
Luego, la mirada se ubicó en el departamento del Valle del Cauca, creándose en
febrero de 1961 la Cooperativa de Caficultores de Sevilla, en la población del
mismo
nombre. Esta cooperativa abrió prontamente una sucursal en el municipio de
Caicedonia, y de ella se destacan los proyectos que para el desarrollo comunitario
se pusieron en marcha y que contribuyeron a la pacificación de esta región, afectada
por la violencia política partidista de mediados de siglo en Colombia. También
en
territorio valluno se creó en el municipio de Restrepo, la Cooperativa de
caficultores en noviembre de 1961.
El proyecto de creación de cooperativas de caficultores continuó con la apertura de
varias de ellas en distintas regiones y localidades de Colombia. Así, entre los
años
1960 y 1962 se fundaron cooperativas de caficultores en Ibagué y Líbano
(departamento del Tolima), en Popayán (departamento del Cauca), en Manizales
(departamento de Caldas), en Sandoná (departamento de Nariño) y en Viotá
(departamento de Cundinamarca).
Dentro de esta cronología, merece especial atención la experiencia de creación de
cooperativas de caficultores en el departamento de Antioquia, donde una vez
establecidas las principales variables macroeconómicas del nuevo acuerdo político
denominado Frente Nacional, la dinámica promocional del Estado se orientó hacia
la
formación de cooperativas agropecuarias y de transportadores. Así fue como con
el
patrocinio de la Federación Nacional de Cafeteros y su Comité Departamental en
Antioquia, se dio vía a las primeras cooperativas de caficultores en distintos
municipios del suroeste antioqueño como Andes, Salgar, Jericó y Fredonia, con
el
objetivo de propiciar un mejor nivel de vida para el campesino caficultor.
Estos procesos fundacionales fueron direccionados desde el comité departamental de
cafeteros de Antioquia, que observa como importante la preparación previa de sus
dirigentes y administradores, tarea que también le fue encomendada a Francisco
Luis
Jiménez, quien en 1961 inició la formación de un grupo de jóvenes, entre los cuales
estarían posteriormente los gerentes, tesoreros y promotores de varias de las
cooperativas de caficultores de la región. Al respecto Francisco Luis Jiménez (2007):
Recordaba entonces mi profunda vinculación con los caficultores de Colombia,
cuando hice los estudios con conocimiento directo, en los diálogos y trato
íntimo con los pequeños productores para fundar las cooperativas, lo que tuvo
lugar mediante estudios profundos de la realidad cafetera del país y la
preparación de un personal para dirigirlas, administrarlas y controlarlas.
He hecho una especie de balance, más bien de carácter social y de consistencia
histórica en la transformación del país, para llegar a la conclusión de que hoy
[año 2000] la situación de los pequeños caficultores es más precaria de lo que
era en la década del 60 (Jiménez en Zabala y Arboleda, 2007, p.
207).
Simultáneamente a la creación de las cooperativas de caficultores en Antioquia y ante
la necesidad de complementar la labor de las cooperativas de productores –los
cultivadores de café también cosechaban otros productos que requerían diversos
insumos y técnicas de cultivo–, se decidió conformar la Cooperativa Cafetera Central
de Distribución y Consumo, que fue fundada en Medellín el 12 de septiembre de
1962,
con el propósito de que en términos de un lustro, se convirtiese en una federación
económica, cuyos socios únicamente serían cooperativas de primer grado o
federaciones regionales, intencionalidad esta que no se logró, convirtiéndose
con el
tiempo dicha central en una cooperativa de consumo conocida como Supermercado
Cafetero.
De esta manera las cooperativas de caficultores, con el apoyo institucionalizado de
la Federación Nacional de Cafeteros de los comités departamentales de cafeteros,
se
conformaron en los grupos más organizados y consolidados de las organizaciones
de su
naturaleza en Colombia. Y desde la década de 1960, se estableció para ellas un
régimen especial contenido en las resoluciones 8 y 14, de 1965 y 1968,
respectivamente, en las que básicamente se reglamentaban los vínculos entre la
federación y las cooperativas de caficultores, en lo relacionado con la consignación
en los estatutos de dichas cooperativas de la función de servir de agentes de
la
Federación Nacional de Cafeteros para las compras de café, así, el cumplimiento
por
parte de las cooperativas de lo dispuesto en estas normativas, les garantizaba
el
apoyo de la federación.
En este contexto de creación de las cooperativas cafeteras, entre las décadas de 1950
y 1960, cabe mencionar algunos hechos significativos. La violencia bipartidista
de
mediados del siglo xx, cuando desde 1946 el país se convirtió en escenario
de una serie de retaliaciones entre campesinos liberales y conservadores, que
se
agudizó luego del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948 y que se prolongó
durante una década; esta lucha entre los partidos provocó una guerra civil, la
formación de las guerrillas liberales y el empleo de la fuerza pública como arma
a
su favor por parte del conservatismo, dándose entre todos estos bandos, las
manifestaciones más cruentas y sangrientas que golpearon fuertemente a regiones
como
el Tolima, el Viejo Caldas y el Valle del Cauca, dejando como resultado cerca
de 300
000 muertos. Para el caso de Antioquia:
la zona más asociada con la violencia partidista fue la del suroeste, pero el
clímax que caracterizó a la región fue el de normalidad por el miedo que tenían
los campesinos de manifestar su ira. Los terratenientes, dueños de las grandes
extensiones de tierras cafeteras sabían que era necesario contener los posibles
brotes de inconformidad liberal campesina en el departamento. Sólo hasta 1950
fue que la violencia vino a manifestarse en esta región (Posada, 2009, p. 1).
En este contexto de violencia se indica que como efectos en las zonas cafeteras se
dio la fragmentación de las grandes haciendas, “mediante la conformación de pequeñas
explotaciones o de tamaño mediano, (entre diez o quince hectáreas), que aumentaron
sustancialmente en número y superficie entre 1950 y 1960” (Bejarano, 1989, pp. 163-164). En general los proyectos del
cooperativismo agropecuario, entre ellos los de las cooperativas de caficultores,
que se venían fortaleciendo, se vieron afectados por el fenómeno político que
se dio
en la década (1946-1956), ya que:
Las acciones violentas, que tuvieron su escenario principal en los campos
colombianos, aportaron, además del crecido número de muertos, la creación de
nuevos factores de recomposición de la vida económica y desequilibrio social,
tales como la concentración de la propiedad, la introducción de las relaciones
capitalistas en el campo, el abandono de las tierras y la migración a las
ciudades. La intervención del Estado durante estos años fue efímera y estuvo
centrada en una línea de supervisión intervencionista ejercida por la
Superintendencia de Cooperativas de Colombia (Zabala, 2016, p. 50).
La crisis económica, que se da en el país causada en gran parte por la devaluación
en
los precios del café ocurrida en el año 1962, de acuerdo con Arango (2015, p. 83), “provocó un descenso vertiginoso en las
reservas internacionales y afectó el déficit fiscal; además se aumentaron el
desempleo y la inflación y se produjo una gran agitación social, especialmente
durante el gobierno del presidente Guillermo León Valencia (1962-1966)”.
Pasadas las épocas del enfrentamiento bélico, a partir del año 1960, el sector
cooperativo experimenta procesos de integración, fortalecimiento y mejor
estructuración merced al fomento de la Federación Nacional de Cafeteros, que
posibilitó a las cooperativas actuar como agentes de compra del grano. De esta
manera, “en 1970 funcionaban en el territorio nacional 38 de estas cooperativas,
con
69 564 socios, realizando operaciones que superaron los 1 873 millones de pesos.
En
1973 eran 43 cooperativas con cerca de 100 000 socios; en este mismo año, estas
cooperativas participaron con 66% de las exportaciones de café” (Zabala, 2016, p. 52).
Para mediados de la década de 1980 existían en Colombia 48 cooperativas de
caficultores, 37 de las cuales estaban concentradas en regiones y departamentos
destacados en la producción del grano como Antioquia, Valle, Caldas, Cundinamarca,
Tolima y Norte de Santander. Estas cooperativas contaban con una capital de 1
150
000 pesos colombianos, realizaban compras de café aproximadamente por 559 457
toneladas y participaban en la exportación con cerca de 443 478 toneladas. Este
momento de la historia es marcado por un hecho inesperado como fue el rompimiento
del pacto internacional del café, acaecido en junio de 1989 cuando por decisión
de
los países compradores del grano, se desconocieron las cuotas reguladas en el
acuerdo internacional del café, lo cual implicó el regreso a la ley de oferta
y
demanda, provocando el desplome de la economía cafetera.
Un estimativo de la época señala que, en un año, los países productores ya
habían perdido unos 6 000 millones de dólares por los bajos precios. Aunque se
llegaron a proponer fórmulas como la retención de la producción nacional para
disminuir la oferta en el mercado mundial, nada detuvo que empezara a abrirse
paso una época de apremios. Como si fuera poco, a la pelea por los mercados se
sumaron países como Vietnam, Etiopía o India, con lo cual también se
perjudicaron los precios del grano.2
El impacto que sufren los productores del grano a causa de las reformas neoliberales
a finales de la década de 1980, influirá, según Ramírez (2008, p. 114), “en la gestación de un fuerte movimiento social
campesino, que reivindicó principalmente la condonación de sus deudas”.
Dicho movimiento consistió en que, a raíz de toda la crisis cafetera generada, en
la
que entre otros aspectos se dio la disminución de los ingresos de pequeños y
medianos caficultores, como también del precio internacional del café y del
patrimonio del Fondo Nacional del Café y a su vez el alza en el precio de los
fertilizantes y la aparición de la broca, los caficultores se vieron en la necesidad
de endeudarse con préstamos bancarios y extra bancarios, razón por la cual, y
a
petición de los caficultores, se expidió la ley 34 de 1993 relacionada con el
refinanciamiento de la deuda, lo que finalmente no significó ninguna mejoría,
sino
que triplicó el monto de la deuda. En consecuencia, se expide en 1993, la ley
101
“de carácter tributario, y que contiene artículos que, por primera vez en la
historia moderna del país, tratan la condonación de deuda […] previo la condonación
hasta por 3 millones de pesos” (Ramírez, 2008, p.
117). Posteriormente, la ley 223 de 1995 condonó hasta por 5 000 000, lo
que favoreció a 28% de los deudores nacionales.
Durante la década de 1990 y los primeros años del siglo xxi, la influencia
de la Federación Nacional de Cafeteros aún es significativa en el desarrollo de
las
cooperativas, así lo corrobora Francisco L. Jiménez:
Al llegar las cooperativas de caficultores al año 2000, no hay la menor duda de
que gracias a la colaboración de la Federación Nacional de Cafeteros y de los
comités departamentales, aparece una obra, un resultado que merece el mejor
reconocimiento y una definitiva aprobación para los que están dedicados a la
producción y comercialización del grano. Sin duda alguna es una sólida expresión
de las cooperativas del agro y constituye, por tanto, un ejemplo de lo que
pueden las organizaciones sin ánimo de lucro, que solo buscan el bienestar de
los socios y de la comunidad (Jiménez, 2002, p.
111).
Sin embargo, existen situaciones que han generado crisis en la economía de producción
del grano, cuando los precios han disminuido y los costos de producción y
mantenimiento han aumentado, lo mismo que el valor de la canasta familiar del
campesino cultivador; esto aunado a la arrasadora situación de violencia que ha
provocado el abandono de las parcelas rurales y el desplazamiento hacia las
urbes.
Derivado de lo anterior, también durante este periodo de comienzos de la década de
los años 2000, las cooperativas de caficultores presentaron debilidades que
generaron momentos de declinación, y que se manifestaron en cierto desinterés
de la
Federación hacía las cooperativas, un claro ejemplo fue la desaparición del
departamento que, adscrito a la propia Federación, daba acompañamiento y asistencia
a las cooperativas, así como de la Fundación Educativa denominada Granja Esteban
Jaramillo que, años atrás, había sido creada en el municipio de Venecia
(departamento de Antioquia) para impartir acciones de fomento y enseñanza en todo
lo
relacionado con la producción del grano de café.
Ante este panorama, las recomendaciones desde la alta directiva del sector caficultor
en Colombia, se orientaron hacia el replanteamiento de la industria cafetera en
la
perspectiva de la innovación y el cambio, recomendaciones que las cooperativas
del
gremio han buscado atender a través de la federación nacional y los comités
departamentales de cafeteros, lo que ha facilitado la fusión de las cooperativas,
para conformar entidades más fuertes, con capacidad suficiente para una nueva
actividad que enfrente las circunstancias del momento y que tengan la suficiente
preparación para el desarrollo de una adecuada acción social.
En este sentido, es pertinente presentar el análisis del fundador de estas
cooperativas: “El fin de este mensaje es poneros de presente […] que las
Cooperativas de Caficultores de Colombia, en presencia de la actual situación
de la
industria del café […] y sus tropiezos en las relaciones internacionales, sobre
todo
y teniendo muy en cuenta la angustia de los pequeños productores, son las que
tienen
con su capacidad de acción la salvación cafetera, y desde luego lo que constituye
para ellas una gran responsabilidad” (Jiménez, 2002,
p. 114).
En el transcurrir de los acontecimientos descritos, estas formas empresariales
cooperativas, actualmente, son organizaciones adscritas a la economía
solidaria,3 donde sus dueños son los productores de
café asociados a la cooperativa, la cual les garantiza la compra de la cosecha
cafetera en el mayor número de puntos de atención, transfiriendo el mejor precio
posible del mercado al productor. Algunas cifras importantes sobre estas formas
empresariales de la economía solidaria muestran que entre 2015 y 2017 el número
de
cooperativas de caficultores en Colombia son 33, las cuales han mantenido una
base
social de 82 000 asociados. Específicamente en el Departamento de Antioquia son
cinco las cooperativas de este tipo, las cuales para el periodo en mención han
contado con un capital social aproximado de 29 228 millones de pesos (Benjumea, 2015; Cooperativa de Caficultores de Andes, 2018).