Pryluka y Coviello: Consumo y desarrollo en el tercer gobierno peronista

Introducción

América Latina ingresó al siglo xxi con el ascenso al poder de gobiernos denominados posneoliberales en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay y Brasil (Sader, 2009). En ese marco, temas como la soberanía económica, la industrialización y la planificación del desarrollo volvieron a estar en el orden del día de los debates sobre políticas públicas en la región. El resurgimiento de estas preocupaciones tuvo un correlato en la historiografía económica y en las ciencias sociales, y dio lugar a nuevas investigaciones sobre las experiencias enmarcadas en el periodo de la industrialización dirigida por el Estado (Cárdenas, Ocampo y Thorp, 2000). En el caso argentino, esto se vio amplificado por la crisis económica de principios de siglo, que habilitó una revalorización positiva de la industrialización y de la intervención estatal en aquel proceso (Rougier, 2016). En particular, reapareció un marcado interés por el estudio de la planificación económica, modo predilecto que asumió en el país la formulación de estrategias oficiales de desarrollo entre 1944 y 1976 (Berrotarán, 2006; Fiszbein, 2010; Jáuregui, 2014; Tereschuk, 2008).¹

El presente trabajo se inscribe en dos campos particulares dentro de la historia económica. El primero de ellos es el de la historia económica de América Latina, ya que su objeto de estudio son los modos en los que se abordó el tema del consumo en el Plan Trienal para la Liberación y la Reconstrucción Nacional 1974-1977 –en adelante, el Trienal–, lanzado durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón en Argentina. A su vez, el texto se encuentra en diálogo también con el campo de la historiografía sobre el consumo que, si bien ha crecido a escala internacional (Trentmann, 2004), en Argentina representa un campo aún incipiente. A escala global, los trabajos se han concentrado especialmente en cuatro grandes líneas de investigación: las prácticas del consumo y su relación con la producción de identidades sociales (Grazia, 1996, 2005); los movimientos de consumidores (Baker, 2009; Hilton, 2003, 2009; Rhodes, 2006; Schwarzkopf, 2015); la publicidad y la creación de identidades de marca (McFall, 2004; Schwarzkopf, 2008, 2009), y los vínculos entre consumo y ciudadanía (Bevir y Trentmann, 2007; Cohen, 2003; Daunton y Hilton, 2001). Esta última es la que ha encontrado más eco en los estudios sobre el caso argentino (Elena, 2007, 2011; Fridman, 2010; Milanesio, 2013; Pryluka, 2015, 2016; Rocchi, 1998, 2003).

En cuanto a los objetivos de este artículo, cabe decir que se plantea indagar sobre las formulaciones del Trienal vinculadas al problema del consumo, y rastrear y ponderar las diversas influencias que impactaron en los modos en que el plan aborda dicho tema.

Estos objetivos se articulan con base en dos hipótesis. Para introducirlas, resulta imprescindible adelantar que en las referencias al consumo que se presentan en el Trienal pueden rastrearse tres dimensiones. Dos de ellas habían ocupado un lugar central en el pensamiento económico local: por un lado, la redistribución progresiva del ingreso y el desempeño del consumo de los asalariados como motores del crecimiento; por el otro, las discusiones sobre las fuentes de captación del ahorro y su canalización hacia el financiamiento del desarrollo, muy ligado a su vez a los problemas de balanza de pagos a los que nos referiremos más adelante. La armoniosa articulación de estas dimensiones había significado un importante desafío para los responsables de la política pública, ya que se trataba de asuntos que se imbricaban de un modo problemático: el incremento del consumo privado suponía, de no mediar crecimiento económico, una merma en la propensión a ahorrar, lo cual afectaba negativamente el proceso de acumulación; en paralelo, puesto que en la Argentina de la posguerra la fuente principal de exportaciones eran bienes de primera necesidad –principalmente alimentos–, un mayor consumo asalariado implicaba, de no haber incremento en la producción agropecuaria, una reducción de los saldos exportables y un deterioro del frente externo (Braun y Joy, 1968).

Entendidas estas dimensiones, la primera hipótesis afirma que la resolución propuesta por el Trienal a este importante desafío se explica, en buena medida, por la inclusión de un tercer factor: el asunto de las pautas de consumo, en especial las vinculadas con la demanda de los sectores de altos y medianos ingresos. La incorporación de este tema, como sostendremos aquí, representó una novedad para el manejo del consumo por parte de la política pública en Argentina, incluso respecto de la propia experiencia peronista. Por su parte, la segunda hipótesis sostiene que esta novedad evidencia el impacto que tuvieron, en el tercer gobierno peronista, los debates latinoamericanos sobre estilos de desarrollo que emergieron, en parte, como respuesta a las presentaciones en 1971 del Informe Meadows, y que en Argentina fueron protagonizados por los científicos de la Fundación Bariloche y por Oscar Varsavsky. Estos planteamientos renovaron cualitativamente el tema de las pautas de consumo que había sido introducido por Raúl Prebisch y Aldo Ferrer, autores del estructuralismo latinoamericano en la década de 1950.

En cuanto a la metodología de trabajo, aplicamos aquí un análisis eminentemente cualitativo de diversos documentos históricos, más allá de las referencias al comportamiento de la macroeconomía argentina en la segunda mitad del siglo xx. Respecto de las fuentes documentales, empleamos una variedad de recursos, que van desde trabajos editados por intelectuales de época a documentos públicos, archivos de prensa y entrevistas personales.

El artículo se estructura en tres secciones. En la primera se presentan los principales modos en los que el tema del consumo se vinculó con la distribución del ingreso y con el financiamiento del desarrollo en Argentina entre 1946 y 1973. En la segunda sección sintetizamos los aportes al tema que realizaron Prebisch y Ferrer. A su vez, confrontamos allí dichas reflexiones con las propuestas emergentes en los denominados debates sobre estilos de desarrollo (Aguilar et al., 2015). La tercera sección se centra en el análisis del aspecto del consumo tanto en el plan Trienal como en algunas declaraciones públicas del propio Perón, e intenta destacar las filiaciones intelectuales que allí pueden encontrarse. Por último, se presentan las principales conclusiones del trabajo.

Consumo, distribución del ingreso y financiamiento del desarrollo en Argentina (1946-1973)

El sendero de desarrollo que siguió Argentina en la segunda posguerra se enmarcó en el denominado proceso de industrialización dirigido por el Estado que, iniciado tras la crisis de 1930, se propagó a escala regional (Cárdenas, Ocampo y Thorp, 2000). Al igual que en otros países de la región, desde 1949 Argentina atravesó una persistente alternancia entre fases de expansión y contracción del producto, conocida como ciclo de stop and go, que se extendió, hasta mediados de los setenta (véase gráfica 1).² Las características estructurales de la economía argentina llevaban a que las fases expansivas resultaran necesariamente estranguladas por la tendencia al desequilibrio en la balanza de pagos y la consecuente pérdida de reservas. Estos estrangulamientos se vinculaban sobre todo con el crecimiento de un sector industrial que requería más divisas que las provistas por las exportaciones agrícolas tradicionales (Braun y Joy, 1968), aunque nuevas interpretaciones han enfatizado el papel del tipo de cambio como modo de garantizar alternativamente un equilibrio macroeconómico o un equilibrio social frente a una productividad laboral estancada (Gerchunoff y Rapetti, 2016).³

Gráfica 1

Variación del consumo total y el pbi a precios de mercado en Argentina (1945-1981)

Fuente: elaboración propia con base en datos de Ferreres (2010). Ambas variables están medidas en precios constantes (millones de pesos de 1993).

Las turbulencias macroeconómicas amplificaron y expandieron las discusiones sobre el financiamiento del desarrollo. En particular, la crisis de 1949-1952 exhibió los principales problemas estructurales sobre los que discurrirían los debates acerca del desarrollo económico local: la restricción externa, la inflación, la productividad laboral y el financiamiento del proceso de industrialización. Por entonces se vio alterada la estrategia para afrontar dicho proceso, al reorientarse hacia las industrias productoras de insumos y de maquinaria, con el objetivo de avanzar en la sustitución de importaciones y promover la integración sectorial (Schvarzer, 2000).⁴

En paralelo, se produjo un salto cualitativo en el intervencionismo estatal, una tendencia que se consolidaba a escala global desde la Gran Depresión. En particular, cobró relevancia el diseño estatal de planes plurianuales a partir del impulso que proporcionaron la creación del Consejo Nacional de Posguerra en 1944 y las acciones de la Secretaría Técnica de la Presidencia. Los trabajos de estos organismos se cristalizaron en el plan de gobierno, 1947-1951, presentado durante la primera presidencia de Perón (Berrotarán, 2006).⁵ No obstante, los nuevos lineamientos de la estrategia de industrialización comenzaron a esbozarse una vez superados los momentos más graves de la crisis de 1949-1952 y se materializaron en el Segundo Plan Quinquenal (1953-1957). Estos estaban en sintonía con los diagnósticos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre las causas que explicaban los desequilibrios externos de los países en desarrollo y con las recomendaciones propuestas allí (Rougier, 2012).

En lo que respecta al tema aquí analizado, Elena (2011) ha destacado que durante los primeros gobiernos peronistas se forjó una nueva definición de ciudadanía, asociada a ciertos estándares de vida y al aumento de la capacidad de consumo de la población impulsada por una mejora en los salarios reales. La noción de vida digna, convertida entonces en un estandarte, reflejaba esas preocupaciones, a la vez que la política de protección social configuraba un nuevo entramado institucional promotor de la democratización del bienestar. En este proceso, los trabajadores pasaron a convertirse no sólo en los protagonistas del discurso oficial que los reivindicaba como agentes centrales de su proyecto económico y político, sino también en actores que se apropiaban de su nueva condición y comenzaban a presentar sus propias demandas: el consumidor obrero (Milanesio, 2013).

Ahora bien, esta dimensión del consumo, asociada a la justicia social por medio de las políticas de redistribución de ingresos, no puede desligarse del papel que ese mismo consumo desempeñaba como impulsor del crecimiento. La redistribución de la renta era considerada un aliciente para la producción, en la medida en que ampliaba el mercado interno. Esto resultó viable en la medida en que el proceso de industrialización se cimentaba sobre las ramas productoras de bienes de consumo final que antes se importaban. Sin embargo, la reorientación de la estrategia de desarrollo hacia la producción de bienes industriales más complejos interpuso un obstáculo significativo desde el punto de vista del financiamiento: las actividades por impulsar eran intensivas en capital y exigían grandes inversiones. Por un lado, no era recomendable emplear el crédito público, ya que en los años previos ese camino había exhibido efectos inflacionarios. Por otro lado, el financiamiento a partir de la captación de recursos provenientes del sector rural, orquestado por el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (iapi), se hallaba limitado tras dos años consecutivos de sequía (Rougier, 2012).

Considerando el estrecho margen de opciones, el cambio de rumbo operado por el gobierno peronista apeló entonces a la generación de ahorro interno, que debía canalizarse fundamentalmente hacia la industria pesada. No obstante, dicha política no podía estar orientada por las recetas clásicas sobre financiamiento del desarrollo, identificadas con el supuesto de que los sectores de altos ingresos presentaban una mayor propensión al ahorro (Ferrer, 1956),⁶ ya que semejante orientación entraba en conflicto con una redistribución más equitativa del ingreso y, por ende, cuestionaba la base de legitimidad del gobierno.

Así, frente a la necesidad de promover una fuente de recursos para sostener el desarrollo industrial, el incentivo del ahorro popular se perfiló como una alternativa atractiva. Comenzó entonces a ser criticado el consumo desmedido y se promovieron oficialmente campañas de consumo austero. Las instituciones privilegiadas para captar el ahorro y canalizarlo fueron la Caja Nacional de Ahorro Postal y el Mercado de Valores, que aspiraban a complementar la tarea del Banco de Crédito Industrial Argentino (Rougier, 2012). Esta nueva perspectiva se fundaba en las teorías monetarias de la supercapitalización, que venían a reemplazar a las teorías del subconsumo detrás de la orientación de los primeros años de gobierno.⁷ Sin embargo, los nuevos preceptos, que aspiraban a liberar saldos exportables y disminuir la presión inflacionaria, se presentaban en abierta rivalidad con el fomento del consumo, característico de los años previos (Rougier, 2004). En ese sentido, si bien el enfoque peronista en relación con el consumo tuvo un viraje significativo tras la crisis de 1949-1952, permaneció constreñido por la lógica política.

Ahora bien, el gobierno que emergió del golpe militar de 1955, sin la misma necesidad de responder a las demandas del movimiento obrero organizado, no vaciló en apelar a una redistribución regresiva del ingreso para elevar los niveles de ahorro, y deprimió el consumo de los sectores populares. El resultado, sin embargo, no fue el esperado: la transferencia de recursos no trajo consigo un aumento de la capitalización, sino un incremento del consumo de elite (Ferrer, 2008).

Por su parte, el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) centró su estrategia de financiamiento en la captación de ahorro externo.⁸ Sin embargo, si con la égida de Rogelio Frigerio se avizoraba una política expansiva en materia de consumo, la llegada de Álvaro Alsogaray a la cartera económica en junio de 1959 vino de la mano de una dura política de shock, lo que implicaba en los hechos una nueva redistribución regresiva del ingreso. Durante 1962 y 1963 Argentina atravesó por un escenario semejante, aunque esta vez durante la presidencia de José María Guido y de la mano de Federico Pinedo, primero, y sólo más tarde del propio Alsogaray. Como consecuencia se produjo por entonces una notable contracción del consumo de los sectores urbanos y de los grupos de bajos ingresos (Ferrer, 2008; Schvarzer, 2000).

En este escenario de crisis recurrentes, la devaluación del tipo de cambio se consolidó como el mecanismo de estabilización propio del comportamiento cíclico de la economía argentina, cuya piedra angular era la situación del sector externo en un contexto de rigidez de oferta de bienes agropecuarios exportables (Basualdo, 2010). Al verse estrangulada externamente la fase expansiva, la “solución” ensayada a corto plazo era la devaluación del peso. Esto suponía –de no aplicarse medidas compensatorias– una ingente traslación de recursos hacia los sectores agroexportadores, como señaló Díaz (1966) en un clásico trabajo. El encarecimiento de sus productos en el mercado local, buena parte de los cuales representaban bienes de primera necesidad, implicaba una merma en el consumo popular de los mismos. Esa contracción del consumo liberaba saldos exportables que permitían restablecer un efímero equilibrio en el sector externo. La caída del consumo operaba también mediante la profundización de la recesión que implicaba la depresión de la actividad manufacturera, asociada al encarecimiento de los insumos industriales importados y las consecuencias que tenía en el nivel de empleo. Como ha señalado Pucciarelli (1999), la oportunidad, la extensión, la profundidad y, en definitiva, la eficacia del mecanismo reequilibrador contractivo dependían en buena medida del impacto en la distribución del ingreso operado a través del aumento generalizado de los precios.

La apuesta al capital extranjero tuvo un nuevo impulso durante los primeros años del gobierno de la autodenominada revolución argentina.⁹ Sin embargo, a diferencia de la experiencia desarrollista de finales de los años cincuenta, los capitales que ingresaron a partir de 1967 fueron fundamentalmente de corto plazo y no impactaron en el nivel de la inversión privada directa, que se mantuvo dentro de los parámetros tradicionales (Ferrer, 2008). Por otra parte, la gestión económica de Krieger Vasena introdujo una novedad en el diagnóstico de la inflación y el déficit externo, en la medida en que no puso el énfasis en el “exceso de demanda” resultante de las políticas redistributivas, sino en los costos y los factores psicológicos que inercialmente llevaban a la indexación de los precios. Asociado a ese diagnóstico, el programa impulsó el crecimiento de la oferta monetaria y el crédito bancario. Sin embargo, los beneficiarios de esas políticas fueron los estratos de mayores ingresos de los sectores medios y los sectores altos. El fracaso de esta política estuvo marcado por la reaparición de un frente de tormenta en el sector externo y de tendencias recesivas.¹⁰ Esto se sumó a la presión política que supuso el Cordobazo (alzamiento popular protagonizado principalmente por organizaciones estudiantiles y sindicales en la ciudad de Córdoba), hecho que obligó a las autoridades militares a reorientar el rumbo en una dirección nacionalista (O’Donnell, 2009).

El primer paso en este sentido fue la aprobación de las Políticas Nacionales, elaboradas por el Consejo Nacional de Desarrollo (en adelante Conade), el Consejo Nacional de Seguridad y el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica.¹¹ Allí se sostenía la necesidad de fortalecer la formación interna de capital, promoviendo el incremento del ahorro nacional para todos los niveles de ingreso, lo que suponía reestructurar el mercado financiero. No obstante, este viraje nacionalista adquirió mayor ímpetu a partir de la asunción de Aldo Ferrer como ministro de Economía y Trabajo.¹² Su programa se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975. En materia de inversión se retomaban los lineamientos de las Políticas Nacionales, es decir, debía estar apuntalada por la movilización del ahorro interno, que en definitiva había sustentado la mayor parte de la formación de capital durante los años sesenta, pese a la creciente gravitación del capital extranjero (Conade, 1971). En pos de tal propósito, buscaba generar una redistribución progresiva del ingreso e incrementar fuertemente el consumo por habitante, de tal modo que se ampliara el mercado y se crearan nuevas oportunidades de inversión. Sin embargo, en ese mismo movimiento debía predominar una tendencia a reducir la propensión media a consumir. Para compatibilizar ambas aspiraciones y que la política de ingresos no comprometiera la generación de ahorro, se apelaba a la intervención estatal mediante diversos instrumentos. El Banco Nacional de Desarrollo debía canalizar parte de los mayores ingresos de los asalariados hacia fines prioritarios de inversión. Por su parte, el Fondo de Ahorro para la Participación en el Desarrollo Nacional aspiraba a captar el ahorro de los sectores populares y neutralizar los efectos negativos de la política de ingresos sobre la capitalización (Rougier, 2004). Como puede observarse, el viraje nacionalista retomaba en cierta medida la línea de promoción del ahorro popular que el peronismo había adoptado veinte años antes, justo cuando el retorno de este al gobierno se volvía una posibilidad cada vez más palpable.

Como vemos, el tercer cuarto del siglo xx argentino estuvo marcado por fuertes polémicas respecto a la posibilidad de alcanzar un sendero de crecimiento sostenido. En el marco de esas discusiones, la experiencia planificadora, aunque inestable y discontinua, disparó nuevas preguntas acerca de cómo remover los obstáculos que frenaban el desarrollo local. Fue entonces cuando la pregunta por el consumo, entrelazada con el tema de la distribución del ingreso y con el del financiamiento del desarrollo, comenzó a hacerse presente entre algunos de los más destacados economistas locales. En buena medida, se trataba de comprender y moderar los efectos negativos que el consumo de determinados sectores podía generar para alcanzar la estabilidad, especialmente en relación con el frente externo.

El consumo en debate

Consumo y desarrollo nacional en Prebisch y Ferrer

La combinación entre inestabilidad económica y vocación planificadora legó numerosas reflexiones sobre el problema del financiamiento del desarrollo en general y sobre el tema del consumo en particular.¹³ En buena medida, el manifiesto fundacional de la cepal recogía estas preocupaciones. El encargo que el organismo había realizado a Raúl Prebisch (1993a) como consultor para introducir el “Estudio económico para América Latina 1948” se publicó luego con el título El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas*.¹⁴ Allí, el mentor del estructuralismo latinoamericano retomó su antigua preocupación por la “mala utilización” y “destrucción” de grandes cantidades de ahorro nacional, que implicaban una sustracción de las “aplicaciones productivas esenciales para elevar el nivel de vida de la población” (Prebisch, 1993b, p. 367). Es decir, por el problema de cómo el ahorro se destinaba a tipos de inversión que favorecieran la acumulación de capital. Ya en el “manifiesto”, Prebisch señalaba que, aun en los países donde se cuenta con un ahorro considerable, “la formación del capital tiene que luchar contra una tendencia muy marcada hacia ciertas modalidades de consumo que muchas veces resultan incompatibles con un alto grado de capitalización” (Prebisch, 1993a, p. 495). Se trataba de un “consumo prematuro” que tenía “el propósito de asimilar con premura modos de existencia que los países de técnica más avanzada han logrado progresivamente, merced al aumento de su productividad” (Prebisch, 1993a, p. 496).

Por otra parte, entre los motivos que para Prebisch explicaban la tendencia al incremento del coeficiente de importaciones en dólares de los países latinoamericanos se hallaba la demanda de ciertos artículos producidos en el extranjero que rápidamente adquirían el carácter de “nuevas necesidades”. Si bien estos eran la manifestación del progreso técnico, tenían un papel preponderante los “desvíos” de la demanda hacia “nuevos gustos” vinculados a “la considerable fuerza de penetración de la publicidad comercial” (Prebisch, 1993a, p. 509). En su planteamiento, las formas de consumo incompatibles con el ahorro se asociaban a los “grupos con ingresos relativamente altos”. En ese sentido, Prebisch señalaba:

[Pese a que] las grandes disparidades en la distribución de los ingresos pueden ser y han sido históricamente un factor favorable a la acumulación del capital [...] hay notorios y frecuentes ejemplos de cómo esas disparidades distributivas estimulan formas de consumo propias de países de alta productividad. Malógranse así, con frecuencia, importantes posibilidades de ahorro y de eficaz empleo de las reservas monetarias en importaciones productivas (Prebisch, 1993a, p. 528).

Aún más, sostenía que para impulsar el proceso de capitalización “no parecería indispensable comprimir el consumo de la gran masa, que por lo general es demasiado bajo” (Prebisch, 1993a, p. 495). Prebisch concluyó que “En el fondo, estamos en presencia de un problema de valoración de necesidades” (Prebisch, 1993a, p. 498). Para distribuir los recursos de la forma más conveniente en función del objetivo propuesto era menester, entonces, sopesar necesidades y recursos. En esa línea, consideraba la posibilidad de forzar la disminución del coeficiente de importaciones mediante la reducción o supresión de los “artículos no esenciales”. El cambio en la canasta importadora debía favorecer a los bienes de capital, indispensables para proseguir la industrialización.

El asunto del consumo fue retomada por uno de los discípulos más destacados de Prebisch, Aldo Ferrer, quien en 1956 publicó los resultados de su tesis doctoral en economía con el título El Estado y el desarrollo económico. Allí aportaba una especificación crítica a la noción de “efecto de demostración”, acuñada por Ragnar Nurkse (1953) con base en la teoría del comportamiento del consumidor de James Duesenberry (1949). Según Nurkse, la creciente divergencia en materia de nivel de ingreso y calidad de vida podía estimular en los países menos desarrollados un aumento en la propensión marginal a consumir. Al reducirse consecuentemente los niveles de ahorro, en el mediano plazo este fenómeno podía acarrear problemas en la balanza de pagos. Si bien Ferrer aceptaba que dicho enfoque puntualizaba un fenómeno característico del subdesarrollo, aclaraba que no había individualizado la “causa última” que, según él, tornaba tan significativo al “efecto de demostración” en los “países insuficientemente desarrollados”: la acentuada desigualdad en la distribución del ingreso (Ferrer, 1956, p. 80). Según el economista argentino, el hecho de que en estos países hubiera sectores con ingresos muy superiores a los de subsistencia: “explica por qué países cuyos ingresos per cápita están por debajo de ese nivel puedan ser afectados en tan gran medida en sus pautas de consumo por el efecto de demostración. Cuanto más por encima de los niveles de subsistencia estén los ingresos de estos grupos, mayor proporción de los mismos podrán gastarse en imitación de las pautas de consumo de los países desarrollados (Ferrer, 1956, p. 82).

En otras palabras, Ferrer identificaba a los sectores de altos ingresos como los responsables de consumir los recursos económicos que podrían ser destinados a la inversión. Ellos eran los únicos en condiciones de ahorrar en los “países insuficientemente desarrollados” y, sin embargo, sus ahorros resultaban “excesivamente bajos”, porque intentaban “imitar las pautas de consumo de los países desarrollados” e incluso hacían un derroche de lujo que excedía las costumbres de los ricos de esos países (Ferrer, 1956, p. 86).

Ferrer (1956) afirmaba: “El problema de los países poco desarrollados no es que pretendan, para usar la expresión de Singer, vivir ‘a la Hollywood’ sin poder, sino que precisamente ciertos sectores de la población pueden vivir de esa manera, dentro del bajo nivel de vida general de la población, y de ese modo consumen todo el ingreso que de otra manera podría estar disponible para la inversión” (p. 86). En ese sentido, también retomaba los postulados de Thomas Balogh (1947), quien identificaba la propensión a consumir de los sectores de altos ingresos como uno de los principales factores que explicaban la pobreza en las regiones menos desarrolladas.

Así, Ferrer (1956) cuestionaba abiertamente la afirmación de que las personas con mayores ingresos tenían mayor capacidad de ahorro que quienes debían destinar sus reducidos ingresos a las necesidades básicas. En contraste con esa opinión, sostenía que la desigualdad en la distribución del ingreso, “lejos de acelerar el ritmo de capitalización, al permitir un mayor volumen de ahorros, contribuye a retardarlo” (p. 87). Esta desigualdad, en definitiva, generaba las condiciones de posibilidad para que emergiera el conocido “efecto de demostración”, que en buena medida respondía a “la propaganda de compañías extranjeras”, responsable de dar a conocer los artículos consumidos en los países desarrollados y creaba “hábitos y necesidades de los mismos” (Ferrer, 1956, p. 85).

Por otra parte, este exponente de la tradición estructuralista destacaba el hecho de que como muchos artículos de consumo suntuarios no eran producidos en los “países insuficientemente desarrollados”, se elevaba la propensión a importar de los grupos de altos ingresos de esas naciones. Es decir que las divisas se malgastaban en importaciones improductivas, que se traducían en un factor extra de desequilibrio externo (Ferrer, 1956, p. 88).

Finalmente, Ferrer señalaba que la concentración del ingreso en pocas manos, junto al bajo volumen global de ingreso, estrechaba el mercado de las industrias de “consumo popular”. Su producción se desalentaba y encarecía, ya que la distribución de los recursos productivos respondía a una composición de la demanda condicionada por la estructura distributiva y no por las “necesidades de desarrollo”. Entre éstas –que requerían de prioridad en la asignación de recursos– contaba tanto el capital básico como la producción de artículos de consumo popular, en tanto forma de elevar el nivel de vida de las grandes mayorías (Ferrer, 1956, p. 91).

En definitiva, para Ferrer la acentuada desigualdad en la distribución del ingreso en los países poco desarrollados proporcionaba el principal elemento explicativo de “la inadecuada distribución de los recursos productivos –la elevada participación del consumo superfluo y de la inversión improductiva sobre el gasto total–” (Ferrer, 1956, p. 96). En otras palabras, “el principio rector de la actividad económica no es la satisfacción de las necesidades de desarrollo, como interesa en el caso de las economías atrasadas, sino la ‘soberanía del consumidor’”. (Ferrer, 1956, p. 91).

Respecto a la resolución del problema distributivo y sus consecuencias, Ferrer le otorgaba un papel central a la política fiscal y, por ende, a la acción estatal. Sostenía que si el aumento de las cargas impositivas recaía principalmente sobre los ingresos que los grupos de altas rentas destinaban al consumo superfluo y a la inversión improductiva, eso no implicaría una reducción del nivel de consumo de las grandes mayorías (de por sí ya deprimido), tal y como generalmente ocurriría al acelerarse el ritmo de acumulación. Su propuesta tenía un doble objetivo: en lo particular, evitar “que los sectores de altos ingresos malgasten parte de los recursos nacionales en bienes y servicios de ninguna significación para el desarrollo económico y el bienestar de la comunidad” (Ferrer, 1956, p. 98); en lo general, que el consumo creciera a un ritmo más lento que el ingreso real.

Como vemos, la pregunta por el consumo comenzó a hacerse presente en sus múltiples dimensiones entre algunos de los más destacados economistas argentinos a partir de mediados del siglo pasado. En buena medida, aspiraban a comprender los efectos negativos de ciertos tipos de consumo sobre el proceso de desarrollo para poder operar sobre ellos. En estos planteamientos estructuralistas, los obstáculos que acarreaban las pautas de consumo de los sectores de altos ingresos se relacionaban con tres dimensiones: a) el aspecto del financiamiento en tanto se malgastaban recursos en inversiones improductivas y consumos suntuarios; b) la distorsión del mercado en detrimento de las actividades productoras de artículos de consumo popular, y c) la inestabilidad del sector externo, dado el alto componente de importaciones del consumo de elite. No obstante, las preguntas de Prebisch y Ferrer sobre el consumo estaban signadas por el predominio de la primera dimensión y su relación con el proceso de acumulación de capital y el progreso técnico, entendidos como piedras angulares del desarrollo.

A continuación, veremos que hacia fines de la década de 1960 y comienzos de la siguiente las preguntas sobre las pautas de consumo reemergieron con un tono similar al recién comentado, pero renovadas por la puesta en juego de una perspectiva más holística. El nuevo enfoque sembraría dudas respecto de la viabilidad de estrategias de desarrollo que no cuestionaran la hegemonía económica y cultural vigente.

Los debates sobre estilos de desarrollo

Los comienzos de los debates sobre estilos de desarrollo se vinculan el Centro de Estudios del Desarrollo (en adelante Cendes), creado en 1961 en la Universidad Central de Venezuela para realizar estudios y formar profesionales ligados a la planificación económica. Los estudios de ese centro estuvieron desde 1962 orientados por Oscar Varsavsky, quien a través de “la elaboración y aplicación del método de experimentación numérica se dispuso de la herramienta apta para evaluar la viabilidad y consecuencias de estilos de desarrollo alternativos” (Calcagno, 1990, p. 4).¹⁵ Varsavsky era un doctor en química argentino con múltiples vínculos con organismo internacionales que habría de participar luego en diversas experiencias concretas de planificación a partir de su exilio en 1966, por ejemplo como asesor del gobierno peruano para la elaboración del Plan Inca (1968-1975).¹⁶ La elaboración conceptual de la noción estilos de desarrollo, por otra parte, fue continuada posteriormente en el ámbito de la cepal, tanto por el propio Varsavsky como por otros investigadores vinculados al organismo.¹⁷ Según la definición de Aníbal Pinto (1975, p. 12), desde un ángulo económico, por estilo de desarrollo se entiende “la manera en que dentro de un determinado sistema [capitalista o socialista] se organizan y asignan los recursos humanos y materiales con el objeto de resolver los interrogantes sobre qué, para quiénes y cómo producir”. Así, los estilos podrían caracterizarse económicamente a la luz de dos clases de elementos, en estrecha relación. Por un lado, “los de orden estructural, que evidencian la forma en que se ha organizado el aparato productivo, desde el ángulo de sus recursos económicos y de la composición de la oferta” (Pinto, 1975, p. 12). Por el otro, ese orden estático se vincula con otro orden de factores que resultan vitales para la dinámica del sistema: “Ellos tienen que ver con el nivel y composición de la demanda y con su antecedente básico, el nivel y la distribución del ingreso” (Pinto, 1975, p. 12). Sobre esta segunda clase de elementos se interesa más nuestro trabajo, aunque considerando la intrínseca relación entre ambos.

Ahora bien, cabe aclarar que, en rigor, no existe tal cosa como una escuela de pensamiento articulada en torno de la noción de estilos de desarrollo. Más bien se trató de una serie de trabajos que compartían una preocupación común en relación con el presente y el futuro de los procesos de desarrollo a distintas escalas (nacional, regional, mundial) y que tuvieron su epicentro en América Latina.¹⁸ Atendiendo a esta consideración aquí optamos por referirnos a estas producciones como debates sobre estilos de desarrollo.

La expansión y amplificación de esos debates se produjo en el marco de una agitada coyuntura política global.¹⁹ Hacia 1968 la onu lanzó sus propuestas para el segundo decenio del desarrollo, entre las que se destacaban las preocupaciones sobre la distribución del ingreso y el medioambiente. Luego, en 1972 esta agenda fue retomada en la conferencia de Naciones Unidas sobre el medio humano, realizada en Estocolmo. Si bien este evento tuvo repercusión internacional, nos interesa fundamentalmente la gran atracción ejercida sobre la cepal, que dedicó seminarios y publicaciones al tema ambiental, y el impacto que tuvo en el marco de los debates sobre política económica en Argentina (Grondona, 2016).

En este contexto cobró relevancia el Club de Roma, una institución no gubernamental fundada en 1968 con el propósito de reunir a científicos y políticos para analizar los principales problemas que podían afectar el desarrollo futuro de la humanidad. Haciendo uso de los novedosos avances informáticos, aplicados entonces a estudios prospectivos, el organismo le encargó al Massachusetts Institute of Technology la realización de un modelo –Mundo III– para desentrañar la sustentabilidad y los límites posibles en materia de desarrollo. Los resultados, publicados finalmente en 1972 (Meadows et al., 1972), fueron adelantados en dos conferencias internacionales realizadas durante 1971 en Moscú y Río de Janeiro. El diagnóstico del informe Meadows rozaba las presunciones más pesimistas acerca del futuro: existían límites naturales al crecimiento y eran ante todo el resultado de las presiones desmedidas de la humanidad sobre los recursos naturales disponibles. Esta versión aggiornada de la tradición malthusiana se traducía también en un conjunto de recetas para mitigar la situación, organizadas especialmente en torno a dos recomendaciones: los países centrales debían limitar su crecimiento y los países periféricos controlar su tasa de natalidad (Aguilar et al., 2015).

Semejantes enunciados provocaron una serie de respuestas críticas, en especial por parte de diversos organismos e intelectuales latinoamericanos que pondrían el énfasis no en los límites futuros y físicos para el crecimiento, sino en los efectos económicos y sociales del modelo de desarrollo hegemónico por entonces. Entre los protagonistas destacados de estas controversias se encontraba la Fundación Bariloche, fundada en 1963 por un grupo de especialistas asociados en la Comisión Nacional de Energía Atómica y con financiamiento de la Ford Foundation. Después de que algunos de sus miembros presenciaron la presentación del informe Meadows en Río de Janeiro, la fundación promovió la formación de un grupo interdisciplinario para evaluar y rebatir algunos de los argumentos del mismo. En este espacio de trabajo confluyeron, entre otros, Amílcar Herrera, Carlos Mallmann, Hugo Scolnik, Jorge Sábato y Enrique Oteiza, a la vez que investigadores ligados al estructuralismo latinoamericano y a la cepal, como el argentino Juan Sourrouille, los brasileños Celso Furtado y Helio Jaguaribe, el chileno Osvaldo Sunkel y el franco-mexicano Víctor Urquidi. El resultado del proyecto, dirigido por Herrera, fue la construcción del modelo mundial latinoamericano (en adelante mml), cuya publicación alcanzó amplia difusión.²⁰ Otros actores prominentes en estas discusiones fueron tanto el Cendes como la propia cepal. Más puntualmente, uno de los principales animadores de la polémica fue el ya mencionado Varsavsky. En términos generales, estas respuestas tenían un espíritu en común: cuestionar los límites objetivos del estilo de desarrollo existente, y ponderar la necesidad de reflexionar acerca de otros estilos posibles para el desarrollo de los países periféricos.

Si bien no son centrales para la discusión que aquí nos interesa, en dos trabajos publicados por aquellos años, Mallmann (1972, 1975), uno de los miembros más destacados de la Fundación Bariloche, sentó elementos que, vistos en retrospectiva, sintetizaban algunas de las directrices de los debates sobre estilos de desarrollo. En particular, al señalar la necesidad de desnaturalizar los límites para el desarrollo, politizando la relación entre naturaleza y sociedad, quedaba claro que dichos límites eran sobre todo sociopolíticos. Al ponderar la existencia de este trasfondo político, se abría la puerta para comenzar a predicar el desarrollo en plural, suponiendo la existencia de diferentes modelos o estilos.

Hacia 1971 Oscar Varsavsky publicó en Buenos Aires el libro Proyectos nacionales, planteos y estudios de viabilidad.²¹ En dicho trabajo, el problema del consumo tenía una relevancia tal, que definía al estilo de desarrollo vigente como estilo consumista: “El nivel de consumo material es el más alto posible en bienes y servicios de toda clase. El concepto de ciudadano se hace equivalente a ‘consumidor’ […]. El consumo suntuario es la mejor medida de ‘status’ y prestigio. Los bienes son típicamente de consumo opulento: suntuarios y de alto contenido superfluo” (Varsavsky, 1971, p. 173).

Según el químico argentino, la publicidad cumplía un papel fundamental para la reproducción de ese estilo de desarrollo, ya que distorsionaba la influencia de los consumidores sobre el mercado. Esta distorsión se traducía en propuestas concretas que favorecían la imitación de pautas ajenas: “consumir lo que ellos ponen de moda” (Varsavsky, 1971, pp. 110-111).

Asimismo, en su enfoque sobre el tema del consumo Varsavsky también tomaba en consideración su impacto económico, especialmente en lo referente a la importación de bienes. Ya que en el mercado tenían mayor influencia quienes pueden pagar, la oferta de bienes se orientaba al consumo de cúpula, diversificado, suntuario, en tensión con el consumo popular por la cantidad de importaciones que uno y otro suponían. En este enfoque, la preeminencia de ciertos estilos de consumo se vinculaba directamente con la autonomía nacional. Desde la perspectiva de Varsavsky, la autonomía económica nacional era fácil de lograr en Argentina, puesto que entendía que una serie significativa de necesidades –alimentación, vestuario, vivienda, educación y salud– podía “satisfacerse en grado más que aceptable para toda la población, con importaciones insignificantes, en cuanto se renuncia al consumo suntuario” (Varsavsky, 1971, p. 240).

El estilo consumista se contraponía en el enfoque de Varsavsky al estilo creativo o estilo crea. Mientras el primero se definía como modernista y desarrollista, el segundo se identificaba como socialista, nacionalista y solidario. En él, el crecimiento económico debía estar orientado por la satisfacción de las necesidades humanas, pero abordadas en su dimensión social y universal. Este planteamiento apareció en una obra posterior redefinido como necesidades populares (Varsavsky, 1974).

Por su parte, el informe preliminar del mml de la Fundación Bariloche fue también una pieza clave para la problematización del consumo en los debates sobre estilos de desarrollo.²² Allí se reconocía la situación de deterioro medioambiental y el peligro de que derivase en “condiciones de vida casi tan catastróficas como la escasez malthusiana”. Pero, en contraposición con el informe Meadows que asociaba ese riesgo al crecimiento demográfico de la periferia, este documento lo vinculaba con un problema sociopolítico: la primacía de “una cultura que tiene casi como único objetivo aumentar el consumo de bienes materiales hasta límites irracionales” (Fundación Bariloche, 1973, p. 8). Sobre esa identificación, los expertos de la fundación asignaban responsabilidades: el origen de la sociedad consumista radicaba en las pautas de consumo dispendioso e irracional seguidas por los países actualmente desarrollados. En ese sentido, entre las premisas básicas del modelo se señalaba:

Las sociedades atrasadas no pueden progresar copiando las pautas seguidas en el pasado por los países actualmente desarrollados. No sólo por la improbabilidad de repetir ese camino en las actuales condiciones sociopolíticas, sino, y principalmente, porque tampoco es deseable, ya que supondría repetir la evolución que ha llevado a estos a la situación actual de consumo dispendioso e irracional, de acelerado deterioro social y, en última instancia, de creciente alienación (Fundación Bariloche, 1973, p. 7).

Más específicamente, el documento consideraba que el “uso destructivo e irracional de los recursos naturales y el deterioro del medio ambiente natural” se derivaban del incremento del “consumo de las naciones desarrolladas y de las minorías privilegiadas de los países en desarrollo [...] resultado de un sistema de valores intrínsecamente destructivo” (Fundación Bariloche, 1973, p. 7). De este modo coincidía con la explicación de Varsavsky al identificar al consumo de las minorías privilegiadas como una parte central del problema, al tiempo que agregaba el consumo de las naciones desarrolladas. Siguiendo esas premisas, el mml se basaba en cuatro supuestos básicos, “que hacen a los aspectos centrales del desarrollo y la organización social”. El último de esos supuestos afirmaba: “Se trata de una sociedad no consumista, vale decir, de una sociedad en la cual el consumo no es un valor por sí mismo” (Fundación Bariloche, 1973, p. 8).

Como vemos, la preocupación por el consumo desmedido que conducía al despilfarro de los recursos naturales constituyó uno de los principales temas de los debates sobre estilos de desarrollo. En buena medida, su centralidad respondía a la polémica entablada con el Club de Roma: si existían límites al crecimiento, que se expresaban en el deterioro medioambiental, estos no respondían a los excesos de consumo de una población mundial homogénea, sino más bien a un determinado estilo de desarrollo que suponía esa dinámica de consumo dispendioso. Incluso más, si existían patrones de consumo desmedidos, eran consecuencia de los hábitos de los sectores de altos ingresos que, no casualmente, se erguían como los principales defensores y garantes de un estilo de desarrollo consumista, en los términos de Varsavsky. El tema derivaba, entonces, en una disputa que debía ser zanjada en el ámbito de la política.

¿Eran nuevos estos enfoques en Argentina? Como acabamos de ver, especialmente a partir de la irrupción del peronismo y de la crisis de 1949-1952, el impacto del consumo en los problemas estructurales de Argentina ya había estado en el centro de la polémica. No obstante, la dimensión cultural implícita en los debates sobre estilos de desarrollo incorporaba elementos que trascendían el tema del consumo como componente de la demanda agregada, vehículo de niveles de bienestar elevados o causa relevante para las crisis externas. Si bien pueden leerse en estos debates resonancias de dos de las dimensiones que señalamos en relación con los cuestionamientos del estructuralismo latinoamericano a los ajustes tradicionales –la distorsión del mercado y la inestabilidad del sector externo–, la primera y más relevante de ellas –el problema del financiamiento y la acumulación– quedaba relegada. En su lugar, cobraban primacía otras aristas del consumo. Para Varsavsky y para los miembros de la Fundación Bariloche, en la pregunta por el consumo se ponía en juego un conjunto de discusiones que, en última instancia, remitían al concepto de desarrollo entendido no sólo en términos económicos. Estas inquietudes suponían un cuestionamiento sociopolítico y cultural del modelo hegemónico que orientaba el comportamiento de los actores económicos. En la siguiente sección, analizaremos hasta qué punto estas preocupaciones tuvieron impacto en la política pública en Argentina a comienzos de los setenta.

La cuestión del consumo en el tercer gobierno peronista

El Trienal en la coyuntura económica del plan Gelbard

El 25 de mayo de 1973, Héctor Cámpora, delegado personal de Perón, asumió el cargo de presidente de Argentina. El Frente Justicialista de Liberación se había impuesto ampliamente en las elecciones del 11 de marzo con un difuso programa que recogía los puntos principales de los acuerdos multipartidarios previos: La Hora del Pueblo y las Coincidencias programáticas del plenario de organizaciones sociales y partidos políticos.²³ La política económica fue delegada a José Ber Gelbard,²⁴ por expresa recomendación de Perón (Di Tella, 1983). Su programa se basó en una articulación de diferentes instrumentos: mientras que el Acta del Compromiso Nacional²⁵ (en adelante acn) inauguró la política de pacto social, piedra angular del programa de estabilización, el plan Trienal condensó las medidas de reforma estructural y los lineamientos centrales del programa a mediano plazo. A partir de un acuerdo de precios y salarios, el acn apuntaba a disciplinar el conflicto capital-trabajo, restaurando el orden social. Por su parte, las moderadas reformas condensadas en el Trienal (nacionalización de los depósitos bancarios, ley restrictiva de inversiones extranjeras, mayor control estatal del comercio exterior, creación de una corporación de empresas estatales, reforma impositiva y ley de impuesto a la renta normal y potencial de la tierra, entre otras) buscaban el necesario fortalecimiento de la capacidad de intervención estatal para garantizar la sustentabilidad de ese orden en el tiempo (Riz, 1987).

Respecto a la elaboración del plan Gelbard, la mayoría de los estudios han destacado la influencia del secretario general de Programación y Coordinación Económica, Orlando D’Adamo, y de los técnicos del Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras de la cge que este había conducido (Di Tella, 1983; Leyba, 2010; Riz, 1987; Rougier y Fiszbein, 2006; Tereschuk, 2008; Vitto, 2012). En cuanto a la relación entre el Trienal y sus hacedores, Brennan y Rougier (2013, p. 247) han señalado el plan como la realización final de la ideología de la cge, cuya impronta se manifestaba en la preferencia por el capital nacional frente al extranjero y en la preocupación por el desarrollo del interior del país.

Sin embargo, el consenso sobre la impronta cegeísta ha opacado un acontecimiento de importancia: los funcionarios del área económica contaron con la colaboración de un equipo técnico de la cepal, coordinado por Alfredo Eric Calcagno y enviado a Argentina para trabajar específicamente en el Trienal.²⁶ Calcagno tenía un vínculo intelectual y afectivo muy estrecho con Varsavsky,²⁷ a la vez que una antigua relación con Gelbard y D’Adamo (Calcagno, 2015). Según Carlos Leyba, otro de los funcionarios involucrados en la elaboración del Trienal, Calcagno fue el intelectual del Trienal, el especialista en filosofía del desarrollo que se ocupó de elaborar las categorías. Asimismo, destacó también que la contribución del grupo cepalino fue muy significativa y que su presencia en el octavo piso del Ministerio de Economía –donde funcionaba el viejo conade–²⁸ era cotidiana (Leyba, 2015).

Las metas del plan daban cuenta de que, más allá de rememorar la experiencia de posguerra, el nuevo programa debía afrontar las limitaciones existentes en relación con la balanza de pagos y la inversión productiva.²⁹ El Trienal, entonces, proyectaba un formidable aumento en la formación anual de capital, que implicaba una tasa de crecimiento del pbi mayor a la del consumo, lo que alteraba la propensión al ahorro (Vitto, 2012). De hecho, uno de los elementos centrales consistía en evitar que los aumentos salariales fueran la principal variable para inducir el crecimiento. Era preciso incentivar otros componentes de la demanda agregada que acompañaran el aumento de salarios. En cuanto a las “nuevas” vías para impulsar dicho crecimiento, se apelaba tanto a las exportaciones manufactureras como a la inversión pública (Canitrot, 1978).

Ahora bien, como señalábamos al inicio, la hipótesis de este trabajo es que, frente a la dicotomía entre acumulación y consumo, los lineamientos del Trienal brindaron una respuesta adicional: la problematización de las pautas de consumo. Al mismo tiempo, afirmamos que esta novedosa respuesta, si bien tiene relación tanto con los enfoques de los autores estructuralistas mencionados como con la experiencia de los gobiernos peronistas previos, se filia sobre todo con las propuestas elaboradas en el marco de los debates sobre estilos de desarrollo, que renovaron cualitativamente los términos en los que se había pensado esta dicotomía.

El consumo: de la vuelta de Perón al Trienal

Incluso antes de la elaboración del Trienal, Perón mismo aprovechó algunas de las intervenciones públicas que siguieron a su retorno al país para referirse a la cuestión del consumo. En buena medida, estas reflexiones se inscribieron en el marco del debate generado tras la publicación del informe Meadows. Nos referimos, en particular, a dos discursos del líder justicialista que se hacen eco de esa polémica. En el primero de ellos, pronunciado el 18 de agosto de 1973 frente al Congreso del Partido Justicialista, Perón exclamó: “¡El desarrollo! Yo vengo de un mundo que está terriblemente arrepentido del desarrollo que han hecho. Y en este momento el mundo superdesarrollado está entrando en una etapa de desesperación, porque ve que su desarrollo tecnológico lo ha llevado a la destrucción de los medios que la naturaleza le ha venido ofreciendo para pervivir” (Perón, 1973, p. 48).

Para 1973, no era nuevo el planteamiento acerca de que la sociedad de consumo tomó un camino de despilfarro irracional que amenazaba seriamente las posibilidades de un desarrollo sostenible . De hecho, el propio Perón lo había formulado ya en su Mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo (Perón, 1974c), donde señalaba la necesidad de “nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico” que dieran “prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano”. Lo novedoso eran las circunstancias: el planteamiento aparecía ahora en un discurso partidario. Esta visión estaba acompañada por un diagnóstico respecto a la necesidad de forjar un desarrollo tecnológico nacional que no podía resultar de la imitación de los modelos que habían generado tal situación. Si quería evitarse el futuro apocalíptico al que conducían las pautas de desarrollo seguidas y difundidas por los países centrales, estas debían redefinirse de forma tal que no afectaran negativamente a la naturaleza (Perón, 1973). Parte de estas preocupaciones habían sido incluidas en las “Coincidencias programáticas...”, donde se denunciaba la situación a la que habían conducido “los vicios propios de la sociedad contemporánea, resultado de la producción y el consumo en masa; de la tecnología unificante, y de la superconcentración empresaria”, y se señalaba la necesidad de revisar “muchas formas sociales” (Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina, en adelante PEN (1973, p. 298).

En un discurso posterior, presentado en la cgt, Perón esgrimió argumentos similares. Sin embargo, esta vez el estigma sobre el consumo como factor desestabilizador del ecosistema convivía con su ponderación como factor de riqueza: “Cuando nosotros podamos multiplicar nuestro negocio, nuestro gran negocio del país, y podamos distribuir justamente el producto de esa multiplicación, el poder adquisitivo de la masa popular será tan extraordinario que el consumo pegará un empujón para arriba” (Perón, 1974b, p. 222).

El consumo ocupaba, entonces, un lugar ambiguo en el discurso del líder justicialista: por un lado era dinamizador del crecimiento mediante la redistribución del ingreso, por el otro una pesada carga sobre los recursos naturales. Como si no bastara esta doble caracterización, el consumo también debía estudiarse en relación con el problema del financiamiento del desarrollo que, como vimos, desempeñaba un papel central en las discusiones sobre las crisis recurrentes de la economía argentina. Así, Perón señalaba que el consumo “es un factor de riqueza, no como algunos idiotas creen que para hacerse ricos hay que ahorrar; nadie se ha hecho rico ahorrando” (Perón, 1974b). Así, impugnaba de plano la necesidad de aplicar un ajuste tradicional para estimular el desarrollo.

Cuando el 21 de diciembre Perón (1974a) presentó públicamente el Trienal, esas tres dimensiones del enfoque del tema del consumo volvieron a aparecer. En ese sentido, el flamante presidente destacó, entre los logros iniciales del pacto social, “el incremento de la capacidad de consumo y de ahorro del pueblo” (p. 242). Consumo y ahorro, contrariamente a lo que muchos analistas demandaban, no eran elementos antagónicos en la prédica del líder justicialista, sino que debían crecer ambos en paralelo, como parte del proceso redistributivo. Pero, al mismo tiempo, se destacaba un elemento novedoso para el discurso peronista, no tanto por las referencias a una identidad nacional, sino más bien por la afirmación de que se pretendían estimular nuevas pautas de consumo, atentas a las necesidades de los argentinos: “Estamos conformando un nuevo modelo de vida argentina con patrones de consumo que respondan a nuestras necesidades y formación cultural, y que asegure una alta calidad de vida para cada uno de los habitantes de la Patria, a fin de que todos tengan posibilidad de satisfacer sus necesidades vitales” (Perón, 1974a, p. 249).

Esto último representaba, como venimos señalando, una novedad respecto a los modos en los que el peronismo había considerado el consumo en relación con su política económica.

Ahora bien, lo que en los discursos de Perón se anunciaba como un nuevo horizonte respecto al enfoque del consumo, en tanto dimensión central del programa, las formulaciones del Trienal no hacían más que confirmarlo. Reaparecían allí las tres dimensiones del problema, entrelazadas por momentos y en otros casos presentadas en singular. Estas eran: el consumo como fruto de la redistribución de la riqueza, el consumo en tensión con el ahorro necesario para financiar un crecimiento sostenido y el consumo como parte de pautas culturales asociadas al modelo de desarrollo.

En primer lugar, la dimensión de la redistribución retomaba uno de los ejes centrales de la visión económica ensayada por el peronismo en la posguerra. Así, en el capítulo titulado “Distribución del ingreso, empleo y población”, se sostenía que el reparto de la riqueza implicaría: “cambios en la composición del consumo y una ampliación del mercado interno que no deterioren la capacidad de acumulación necesaria para el crecimiento de la economía, un aumento sustancial del nivel de empleo y la adopción de un modelo de crecimiento independiente” (PEN, 1973, p. 47).

De esta manera, la redistribución no se presentaba como un elemento opuesto al crecimiento, sino como su punto de partida. Justamente por eso, la propuesta se diferenciaba de “las políticas anteriores” que, según el Trienal, “respondían a un modelo de acumulación de capital basado en una regresiva distribución del ingreso” (PEN, 1973, p. 47). No se trataba de llevar adelante uno de los típicos ajustes aplicados sobre la economía local en las últimas dos décadas, sino de promover una mejora en los ingresos de los sectores asalariados que permitiera ampliar el consumo. Era preciso, entonces, alterar la “redistribución regresiva del ingreso operada en los últimos lustros” (PEN, 1973, p. 111) que había promovido la aparición del subconsumo, uno de los males que el nuevo gobierno peronista pretendía combatir, al igual que lo había hecho en la posguerra.

En ese sentido, la propuesta del Trienal entrañaba una discusión con quienes pregonaban la necesidad de redefinir el peso de los trabajadores en el ingreso nacional para apuntalar un proceso de crecimiento y saldar definitivamente el comportamiento cíclico de la economía argentina. Como ya hemos señalado, la tensión ahorro-consumo había protagonizado los debates sobre financiamiento del desarrollo tras la crisis de 1949. Como correlato, las crisis desatadas en el sector externo luego de 1955 eran acompañadas de ajustes que corregían los desequilibrios externos en el corto plazo y promovían una redistribución regresiva del ingreso vía devaluación.

El segundo elemento asociado al consumo del que se ocupaba el Trienal estaba relacionado con las tensiones de los niveles de ahorro necesarios para financiar un crecimiento sostenido, que como hemos señalado fue uno de los contrapuntos centrales entre los economistas de la segunda mitad del siglo xx en Argentina. En ese sentido, el “esfuerzo de ahorro” aparecía como “una de las características y requisitos centrales del Plan” (PEN, 1973, p. 21). La necesidad de capitalizar el país para afrontar niveles de inversión superiores a 12% anual implicaba que la economía debía crecer más rápido que el consumo y favorecer “la propensión al ahorro, tanto de los sectores asalariados como de los no asalariados” (PEN, 1973, p. 21). En otras palabras, era preciso un aumento en términos absolutos del consumo, aunque este debía perder peso en relación con su contraparte, el ahorro:

La política gubernamental propone que en ambos grupos sociales [asalariados y no asalariados] el crecimiento del consumo, resulte inferior al del ingreso. Esto constituirá parte de la contribución de cada uno de estos sectores al esfuerzo nacional, pues si no se verificara una reducción en la propensión a consumir de cada grupo, no resultaría posible generar los volúmenes de ahorro necesarios para financiar la formación de capital en la magnitud que la meta de crecimiento exige (PEN, 1973, p. 42).

Como vemos, se trataba de una estrategia pensada para estimular el ahorro pero sin enfriar la economía. Su realización dependía principalmente de dos líneas de acción. Ante todo, los gastos del gobierno proyectados, tales como un ambicioso plan de construcción de viviendas, representaban un aporte a formas del consumo social. Si el consumo privado no podía aumentar al ritmo del crecimiento de los ingresos, en buena medida ello se compensaría con desembolsos estatales que garantizarían diversos beneficios sociales.³⁰ En segundo lugar, los esfuerzos exigidos a los sectores asalariados y no asalariados no serían equivalentes. Se esperaba que la participación de los asalariados en el producto nacional creciera hasta alcanzar 47.7% para 1977. Si bien el consumo de estos debía ser menor que la masa salarial, el consumo de los no asalariados debía ser “significativamente menor”, ya que era lo “propio de un planteamiento de redistribución del ingreso que al mismo tiempo genere una importante masa de ahorro” (PEN, 1973, p. 21). Pero no se trataba simplemente de limitar el nivel de consumo de esos sectores, sino de redefinir las pautas de consumo de toda la sociedad: “El Plan prevé que este incremento en el consumo promedio resulte de diferentes comportamientos en las pautas y niveles de consumo de asalariados y no asalariados” (PEN, 1973, p. 41).

Pero, ¿qué significaban estos comportamientos diferenciados? Un indicio de respuesta era provisto por el primer objetivo del Trienal, donde el consumo implicaba y excedía la redistribución del ingreso al ser considerado como conjunto de pautas vinculadas al modelo de desarrollo y a la realización de los habitantes del país:

La plena vigencia de la justicia social, que asegure una distribución equitativa de los esfuerzos y los frutos del desarrollo. Esto no significa solamente un proceso gradual pero acelerado de distribución del ingreso, que restituya a los asalariados una participación justa y creciente en el ingreso nacional. Significa fundamentalmente la modificación de las estructuras productivas y distributivas, a fin de conformar un nuevo modelo de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que lleve a la plena realización de todos los habitantes de la Nación Argentina (PEN, 1973, p. 13).

De este modo, en el plan la redistribución de la riqueza se unía a un problema de índole cultural: la redefinición de los patrones de consumo. Así quedaba establecido en otro de los objetivos planteados:

Una alta calidad de vida de modo tal que absolutamente todos tengan cubiertas sus necesidades vitales y culturales básicas, con un elevado nivel de bienestar real que caracterice a la nueva sociedad argentina y donde los patrones de consumo respondan a nuestra propia realidad y a las aspiraciones de nuestro pueblo, y no sean mera copia o reflejo de otras sociedades que, aunque avanzadas en cuanto a su grado de desarrollo económico, afrontan actualmente gravísimos problemas ecológicos y sociales (PEN, 1973, p. 14).

En ese sentido, retomando los discursos que el propio Perón había enunciado anteriormente, se proponía: “conformar una estructura productiva que responda en última instancia a una sociedad regida por valores distintos a los que predominan en las sociedades contemporáneas de consumo, con sus secuelas de despilfarro y deterioro del medio ambiente” (PEN, 1973, p. 17).

Asimismo, cabe señalar que la problemática del despilfarro de recursos aparecía asociada inequívocamente a los hábitos de consumo de ciertos sectores sociales: “Las metas de crecimiento del Plan no implican sólo un cambio cuantitativo. No se procura producir más de lo mismo, o aún de bienes distintos, pero que sustenten el mismo modelo de desarrollo cuyo dinamismo se basa en la demanda altamente diversificada de los grupos de ingresos altos y medios; y lo que es peor en el enorme despilfarro de recursos a que llevan sus hábitos de consumo” (PEN, 1973, p. 16).

Finalmente, vale señalar que, relacionado con la corrección de la “hipertrofia de ramas productoras de bienes suntuarios [especialmente la automotriz y la construcción de viviendas para sectores de altos ingresos] y el estancamiento relativo de otras ramas de crecimiento prioritario”, en el plan se proponía corregir “el proceso de distorsión de las pautas de consumo inducido por la competencia publicitaria” (PEN, 1973, pp. 111-112). A la luz de las posteriores restricciones que el peronismo impuso a la actividad publicitaria (Borrini, 1976), queda claro que tales distorsiones se entendían como la creación de deseos que poco tenían que ver con las aspiraciones y las necesidades del pueblo argentino. Así, el tema del consumo se ligaba al de la distorsión publicitaria y el de las necesidades, algo que estaba presente ya en el enfoque de Varsavsky. A su vez, cabe destacar que el Trienal también establecía una conexión entre el consumo de bienes suntuarios y lo extranjero-importado. En esa línea, la política de comercio exterior incluía “prohibir las importaciones de bienes suntuarios prescindibles” (PEN, 1973, p. 301).

Observamos entonces que en el plan lanzado durante la tercera presidencia de Perón el estudio del tema del consumo se configuró con base en tres dimensiones. Resultaba fundamental estimularlo, por medio de la redistribución de la riqueza, pero al mismo tiempo dicho estímulo no podía obturar los necesarios márgenes de ahorro que promovieran un ambicioso proceso de capitalización. Según lo planteado en el Trienal, parte de la resolución del dilema consumo-ahorro pasaba por la modificación de las pautas de consumo locales. En última instancia implicaba cambiar patrones culturales que se habían enraizado especialmente entre las clases medias y altas.

Conclusiones

Carlos Leyba, funcionario a cargo de las tareas operativas del Trienal, afirmó en un trabajo reciente sobre el periodo que “según nuestra concepción, el desarrollo era –y es– un problema cultural, un problema de valores, un sistema de prioridades” (Leyba, 2010, p. 107). En cierto sentido, esta reflexión sintetiza de un modo atinado algunas de las conclusiones a las que hemos arribado. Ante todo, como decíamos al inicio, nos interesaba resaltar el peso relativo que el tema de las pautas de consumo adquirió en el texto del Trienal. Como demuestra el trabajo documental realizado, en el plan se dedicaba una especial atención a esta dimensión del problema, asociada sobre todo con la influencia de la publicidad y los patrones de consumo extranjeros.

Ahora bien, la primera aportación que ofrecemos consiste en identificar la aparición de esta problemática en el Trienal como respuesta frente a uno de los desafíos que había atravesado la economía argentina desde 1949: la tensión resultante entre el incentivo del consumo de mediante una política redistributiva y la necesidad de mejorar los niveles de ahorro para saldar el problema de la inversión sin hacer estallar el frente externo. Ante semejante disyuntiva, que había caracterizado buena parte de los ciclos de expansión y contracción de la economía local, la alternativa ensayada implicaba poner énfasis en las líneas directrices que orientaban el consumo local hacia productos superfluos y generalmente importados. Asimismo, se trataba de unas pautas asociadas sobre todo a los grupos de altos y medianos ingresos, motivo que para los elaboradores del Trienal resultaba suficiente para aspirar a una tasa de crecimiento del consumo con dos características fundamentales: debía ser menor a la tasa de crecimiento del pbi y diferenciada de acuerdo con el nivel de ingresos, dando prioridad a los mecanismos redistributivos hacia los sectores populares. Si las clases medias y altas se habían habituado a un consumo suntuario orientado por criterios extranjeros, el nuevo gobierno peronista asumía la tarea de promover y estimular lógicas de consumo más acordes con la tradición y las necesidades locales. La oposición, entonces, quedaba construida a partir de los polos suntuario-extranjero y popular-nacional.

El segundo hallazgo que presentamos aquí se relaciona con la genealogía intelectual que se esconde detrás de esta propuesta sobre las pautas de consumo. En ese sentido, la intuición de asociar estas prescripciones sobre el consumo a las figuras de Prebisch y Ferrer puede resultar correcta, pero incompleta. Lo que hemos mostrado por medio del rastreo documental realizado es que esta respuesta novedosa encontraba su referencia más cercana en los debates sobre estilos de desarrollo que se produjeron en América Latina por aquellos años. Este vínculo no sólo aparece en las formulaciones acerca de las pautas de consumo en sí mismas, sino en el estrecho vínculo de Oscar Varsavsky con algunos de los responsables al frente de los organismos encargados de diseñar el plan. La novedad que estas discusiones incorporaron a los tratamientos previos respecto al consumo consistía en ligarlo a una reflexión mucho más general sobre los modos o estilos de desarrollo en los que se podía embarcar una sociedad. Así, la diferencia entre modelos remitía no sólo a distintos indicadores económicos, sino a propuestas ideológicas que hacían las veces de premisas para la construcción de sociedades posibles. En otras palabras, tras la oposición entre los estilos consumista y creativo se escondía un debate cuyos efectos sin duda involucraban dimensiones culturales y, en última instancia, políticas. A diferencia de las aspiraciones que podían guiar las recomendaciones de política económica de figuras como Prebisch o Ferrer, quienes participaron en los debates sobre estilos de desarrollo aspiraban a cuestionar desde sus cimientos el modelo consumista hasta entonces vigente, con el afán de contraponer una nueva propuesta de sociedad guiada por valores distintos.

¿Qué significado reviste, entonces, la resonancia de estas discusiones en el texto del plan Trienal? Si bien no es posible dar una respuesta categórica a esta interrogante, podemos asumir aquí a modo de hipótesis para trabajos posteriores que en el texto del Trienal pueden encontrarse formulaciones que implicaban una discontinuidad con el proyecto económico del peronismo clásico. Por otra parte, las filiaciones de dichas formulaciones deben buscarse no sólo en los debates sobre estilos de desarrollo, sino en la profusa bibliografía legada por el estructuralismo latinoamericano y algunas variantes de la teoría de la dependencia. Sin embargo, la relevancia particular del Trienal y los estilos de desarrollo se funda, a nuestro entender, en dos elementos peculiares. El primero ya se ha trabajado extensamente aquí y se vincula a las ideas novedosas que aparecieron por entonces en relación con la historia previa de las políticas económicas en Argentina. La segunda no se ha mencionado hasta ahora y se desprende de la deriva posterior tanto de los debates sobre estilos de desarrollo como de las propuestas articuladas en el Trienal. Como han señalado Rougier y Fiszbein (2006), las inconsistencias propias del programa económico de Gelbard se conjugaron, especialmente tras la muerte de Perón, con las desavenencias de un equilibrio político inestable, lo que derivó en una frustración social. La posterior oleada de dictaduras militares que azoló al Cono Sur no sólo alteró la perspectiva económica, social y política de países como Argentina, sino que supuso la desaparición de muchas de las discusiones que habían emergido en los años previos en materia de desarrollo a causa del exilio o la censura a la que se vieron sometidos los principales protagonistas a los que aquí hemos hecho referencia. De este modo, indagar nuevamente sobre las particularidades de aquellos debates y los diversos proyectos a los que dieron lugar reviste un interés doble, en la medida en que nos ayuda a reconstruir un interesante clima de época, pero al mismo tiempo permite recuperar una tradición de pensamiento que brinde claves para pensar los problemas de la actualidad latinoamericana.

Hemerografía

Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina.

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Referencias

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Notas

[1] La trayectoria de la planificación en Argentina resulta paradójica. Si bien fue un elemento presente en casi todos los gobiernos del periodo 1944-1976, de los seis planes nacionales de desarrollo formulados sólo uno se mantuvo vigente durante el periodo para elcual había sido proyectado.

[2] En términos políticos, asumimos en el trabajo el concepto de empate hegemónico elaborado por Portantiero (1973) como clave para explicar las tensiones posteriores al golpe de Estado de 1955. Cabe aclarar que después de 1975 la economía argentina siguió manifestando un comportamiento cíclico, aunque los determinantes de dicho comportamiento variaron. Para un análisis más complejo de los cambios operados en la estructura y en la dinámica económica local por entonces, véase Basualdo (2010).

[3] El problema de la productividad laboral fue en efecto otro de los grandes temas que ocuparon a los diversos gobiernos de turno luego de la caída del peronismo. Incluso más, el Congreso de la Productividad convocado en 1955 todavía con el gobierno de Perón aspiraba a intentar resolver algunos problemas ligados a la baja productividad de ciertas ramas industriales. Para analizar tanto los debates en torno a este tema como las variaciones efectivas en la productividad laboral, véanse Graña y Kennedy (2011).

[4] Las ramas productoras de bienes de consumo prácticamente habían agotado sus posibilidades de sustitución, con lo cual dejaban de ser atractivas en cuanto al potencial ahorro de divisas. Por su parte, la sustitución en las ramas productoras de bienes de capital y de productos intermedios pesados, se hallaba notoriamente retrasada (Díaz, 1975). Durante la guerra, el proceso de capitalización fue entorpecido por la imposibilidad de importar bienes de capital. La reversión de esa situación supuso, una vez terminado el conflicto bélico, un espectacular incremento de las importaciones, impulsado por la expansión de la actividad económica y el crecimiento de la inversión. La merma en el volumen de las exportaciones, junto a la repatriación de la deuda externa y la política de nacionalizaciones, condujeron entonces a una notable caída de las reservas (Ferrer, 2008).

[5] El planeamiento se generalizó en el ámbito internacional en la segunda posguerra como un modo de dar respuesta a los problemas nacionales. En América Latina, la planificación se inscribió en distintas estrategias de desarrollo y recibió el impulso de organismos regionales, como el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de la Comisión Económica para América Latina (cepal). Los comienzos del planeamiento en la Argentina coincidieron con el impulso de la intervención estatal y la expansión inicial del modelo de industrialización sustitutiva, en la coyuntura de crisis económica característica de los años treinta (Jáuregui, 2005).

[6] Ferrer (1956, p. 87) asociaba estas recetas clásicas con lo que él mismo denominaba ideas tradicionales, siguiendo a la Organización de Alimentación y Agricultura, Organización de Naciones Unidas (1949). Allí se sostenía: “En todos los países, las personas que gozan de rentas relativamente elevadas ahorran mucho más que las que tienen rentas reducidas. Las medidas para distribuir de un modo más equitativo la renta nacional, aunque sean socialmente deseables por otros motivos, pueden contribuir a que disminuya el monto del capital creado mediante ahorro nacional voluntario”. En buena medida, estas reflexiones remitían a las ideas seminales elaboradas por Keynes (1936) respecto a las variaciones de la propensión a consumir frente a cambios en los niveles de ingreso. Estos planteos serían prontamente cuestionadas por varios trabajos clásicos sobre la relación entre consumo e ingreso, como los de Kuznets (1952), Modigliani y Brumberg (1954) y Friedman (1957). En lo que sigue del presente trabajo, nos referiremos a la idea de ajuste tradicional para dar cuenta de aquellas políticas que aspiraban a la concentración del ingreso como vía para mejorar los niveles de ahorro de la economía.

[7] La recepción de las teorías del subconsumo en Argentina ha sido estudiada por Villarruel (1988), quien sostiene que en dicha materia puede establecerse una línea de continuidad entre la gestión de Federico Pinedo al frente del Ministerio de Economía entre 1940 y 1941 y las posteriores líneas directrices que inspiraron al gobierno peronista en sus inicios. En pocas palabras, la concentración de la renta en Argentina suponía un límite estructural al crecimiento económico, lo que al mismo tiempo funcionaba como una eventual amenaza para el orden capitalista. En cuanto a las teorías de la supercapitalización, cabe señalar que fueron introducidas por Pedro Bonanni, quien en 1952 dejó la Caja Nacional de Ahorro Postal para convertirse en ministro de Hacienda (Rougier, 2004).

[8] Schvarzer (2000) se refiere al periodo 1953-1968 como el de “la apuesta eufórica al capital extranjero”, y deja en claro que también el gobierno peronista consideró el aporte extranjero, aunque con resultados poco significativos.

[9] El golpe militar de 1966 puso fin al gobierno de Arturo Illia, que se había caracterizado por apelar a la expansión de la demanda por medio del incremento de la oferta monetaria, los aumentos de salarios y el gasto público. Por el lado de la inversión, en esos años (1963-1966) se registró un debilitamiento en la formación de capital, relacionada principalmente con la fuerte contracción de las importaciones de maquinarias y equipos, una de las ramas principales en las que se había radicado el capital extranjero (Ferrer, 2008).

[10] Hacia 1969 el incremento de los precios internos se conjuntó con la inmovilidad del tipo de cambio, lo que puso en crisis la estabilidad de la moneda. Esto alentó la salida de los capitales de corto plazo. Dicha situación se relacionó con una contracción de las exportaciones y desató la crisis en el frente externo (Ferrer, 2008).

[11] Decreto núm. 46, 17 de junio de 1970, rectificado por Decreto núm. 558, 7 de agosto de 1970.

[12] A mediados de 1970, Ferrer fue designado ministro de Obras y Servicios Públicos del gobierno del general Roberto M. Levingston. En octubre fue nombrado ministro de Economía y Trabajo, cargo en el que se mantuvo hasta mayo de 1971, cuando el ministerio fue disuelto y sus funciones reasignadas en nuevas dependencias (Rougier y Odisio, 2012).

[13] En términos generales, la preocupación por el tema del consumo precedió al inicio de la inestabilidad crónica relacionada con la dinámica cíclica del stop and go. De hecho, durante la década de 1920, mientras Argentina presenciaba el surgimiento de un mercado de masas, numerosos debates se suscitaron a raíz de la encarnizada defensa del librecambio, esgrimida por miembros del Partido Socialista. Desde su perspectiva, las barreras aduaneras encarecían productos de primera necesidad, que por ser importados podían abaratar el nivel de vida de la clase trabajadora. Uno de los principales críticos de las ideas socialistas a este respecto era Alejandro Bunge, quien desde diversas columnas y conferencias advertía sobre el impacto que este afán por la apertura importadora podía tener sobre el desarrollo de una industria local (Bunge, 1928, pp. 191-192) . En ese sentido, resultaba indispensable desalentar a aquellos “cosmopolitas” inclinados al consumo de productos importados (Bunge, 1922, pp. 41-43). Por otra parte, Bunge se mostraba especialmente preocupado por el “despilfarro” ocasionado por unas prácticas de consumo irracionales, que eran el correlato de consumidores poco preparados y que era perentorio reformar (Bunge, 1938, p. 230). Para una perspectiva más amplia sobre estos temas, véanse Rocchi (2003) y Aguilar (2014).

[14] Este trabajo fue publicado en El Trimestre Económico en 1949 y al año siguiente en la Revista de Ciencias Económicas de Buenos Aires. Para nuestro análisis utilizaremos la versión de 1993 publicada en la compilación de las obras completas de Raúl Prebisch.

[15] Según Calcagno (1990), Varsavsky se inspiró en la tesis doctoral de Edward P. Holland sobre la India.

[16] licenciatura y el doctorado en Química en la Facultad de CienciasEn rigor, Varsavsky resulta un personaje difícil de clasificar disciplinariamente, ya que también realizó estudios en física, matemáticas, epistemología e historia. Nacido en 1920, estudió la Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde también se desempeñó como docente. Tras el golpe militar de 1966, de fuerte impacto en la vida académica argentina, se fue a trabajar al cendes de la Universidad Central de Venezuela. En 1968 retornó a Argentina y fundó el Centro de Planificación Matemática (Rietti, 2007, p. 34). Hacia 1972 comenzó a colaborar con el Centro de Estudios de Participación Popular, en el Perú del general Juan Velasco Alvarado, invitado por el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro (Senna Figuereido, 2007, p. 114). Falleció en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1976.

[17] Ejemplos de ello son los trabajos publicados por Marshall Wolfe, Aníbal Pinto, Jorge Graciarena y el propio Alfredo Eric Calcagno, entre fines de los sesenta y principios de los setenta.

[18] Según Calcagno (1990, p. 4): “En materia de estilos, los estudios latinoamericanos no sólo fueron sobresalientes sino que precedieron a los de los países desarrollados”.

[19] Se hace referencia a la aparición de movimientos armados en América Latina tras la revolución cubana, las luchas de descolonización en África y el Mayo Francés, entre otros acontecimientos.

[20] A pesar de que el trabajo se realizó en Argentina, su primera edición se publicó en inglés en 1976, junto con traducciones al francés y al japonés. Al año siguiente, con el título de ¿Catástrofe o nueva sociedad? El modelo mundial latinoamericano, apareció una versión castellana, editada por el International Development Research Centre (Ottawa).

[21] Vale señalar que apenas dos años antes había publicado, por medio del Centro Editor de América Latina Ciencia, política y cientificismo (1969), un libro que trascendió por su denuncia político-epistemológica del colonialismo científico y del seguidismo cientificista (Ferrer, 2002, p. 187).

[22] Si bien, como señalamos oportunamente, el mml sería publicado en su versión definitiva en español en 1977, hemos optado aquí por trabajar con el “Informe preliminar” (1973) en la medida en que da cuenta del trabajo anterior a la elaboración del Plan Trienal.

[23] Firmado el 7 de diciembre de 1972 por la Confederación General del Trabajo (cgt), la Confederación General Económica (cge), el Movimiento Nacional Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Movimiento Integración y Desarrollo y el Partido Popular Cristiano, entre otros (Rougier y Fiszbein, 2006).

[24] Gelbard era el líder histórico de la cge, una organización empresarial fundada en 1952 en estrecha vinculación política e ideológica con el gobierno peronista, que se arrogaba la representación de pequeños y medianos empresarios (Brennan y Rougier, 2013).

[25] El acn fue firmada el 30 de mayo de 1973 por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la cgt y la cge.

[26] Técnicos de la cepal están trabajando activamente en la preparación del Plan Trienal, en El Clarín, 27 de noviembre de 1973. Otros integrantes del equipo de la cepal fueron Ricardo Cibotti, Alberto Fracchia, Oscar Altimir y Horacio Santamaría. Calcagno había dirigido el Consejo Federal de Inversiones entre 1959 y 1964, año en que se fue a trabajar a la sede de la cepal en Santiago de Chile [entrevista] (Calcagno, 2015).

[27] De hecho, la participación de Varsavsky en esta coyuntura política excedía su relación con Calcagno. A comienzos de los setenta, Varsavsky colaboró con el Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Peronista, a cargo de Rolando García, exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (Fernández y Frenkel, 2004, p. 150). Para 1973, aquel se hallaba trabajando como asesor en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (inti), puesto en el que continuó tras la asunción de Cámpora (Rietti, 2007, p. 204). Por entonces dicho organismo organizó junto a la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional las Jornadas de Política Científica y Política Tecnológica para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, en las que Varsavsky presentó un trabajo titulado “Ciencia y universidad” (Recalde y Recalde, 2007; Rietti, 2007). En lo que respecta específicamente al Trienal, a raíz de su vínculo con Calcagno le cupo la responsabilidad de realizar modelos de escenarios futuros cuyas proyecciones fueron corridas en la computadora de la escuela ort de Buenos Aires (Grondona, 2014, p. 49). No es casual que tan sólo dos años antes ambos hubieran compilado juntos el libro América Latina: Modelos matemáticos (Ensayos de aplicación de modelos de experimentación numérica a la política económica) (Varsavsky y Calcagano, 1971).

[28] Si bien los organismos de planificación fueron intervenidos tras la asunción de Cámpora, casi todos los funcionarios del conade permanecieron en sus cargos (Leyba, 2015). El organismo pasó a funcionar en la órbita de la Secretaría de Programación y Coordinación del Ministerio de Economía, bajo la dirección de D’Adamo y la subdirección de Leyba (decreto núm. 1.450, 23 de noviembre de 1973). Una vez presentado el Trienal, el gobierno peronista creó, en el ámbito de esa secretaría, un nuevo organismo de planificación: el Instituto Nacional de Planificación Económica (decreto núm. 1.057, 31 de diciembre de 1973).

[29] Cabe decir que la coyuntura económica a la que habría de responder el Trienal se auguraba crítica, especialmente en lo relativo al frente externo. La reorientación nacionalista de la política económica había coincidido con un cambio en la coyuntura internacional, que agravó la restricción externa de los países periféricos. Si bien a comienzos de 1973 el desequilibrio fue corregido a partir del saldo superavitario récord en la balanza comercial, hacia fines de ese año la situación comenzó a cambiar drásticamente. En octubre los principales países productores de petróleo dispusieron la cuadruplicación de su precio, con lo cual se incrementó el peso de las importaciones petroleras, en particular, y de todos los bienes industriales, en general. Asociado a ello, los términos de intercambio comenzaron a deteriorarse. Por otra parte, la conjunción de política redistributiva y congelamiento de precios, dispuesta por el nuevo gobierno, afectó los saldos exportables y así acentuaron la tendencia al déficit comercial (Rougier y Fiszbein, 2006). Este cóctel volvió a poner en el horizonte las preocupaciones acerca de las fragilidades del sector externo de la economía, asunto del que el Trienal se hizo eco al proyectar un deterioro en los términos de intercambio para todo 1973.

[30] Sobre el concepto del salario social y el papel del gasto público en los niveles de consumo de los trabajadores, véanse Marshall (1979, 1981, 1984).

Consumo y desarrollo en el tercer gobierno peronista

Resumen

Abstract