Reseñas
Guillermina del Valle Pavón, Finanzas piadosas y redes de negocios. Los mercaderes de la ciudad de México ante la crisis de Nueva España, 1804-1808, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2012, 262 pp., ISBN 978-607-7613-97-8.
El libro titulado Finanzas piadosas y redes de negocios es de autoría de Guillermina del Valle Pavón, investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y especialista en el estudio de los mercaderes y circuitos de comercio de la ciudad de México durante el periodo colonial, probablemente la mayor experta en el funcionamiento del Consulado de Comercio de dicha ciudad como resultado de sus más de 20 años de investigación. En esta ocasión, Del Valle Pavón nos entrega un trabajo centrado en un acontecimiento político de gran envergadura para la historia del México colonial. Se trata de la destitución hecha el 15 de septiembre de 1808 del virrey José de Iturrigaray, conspiración encabezada por el comerciante y hacendado de origen vizcaíno Gabriel de Yermo. Es, sin lugar a dudas, un libro por demás de interesante por múltiples razones. En primer lugar porque la autora consigue sobrepasar los límites impuestos por los debates jurídico-políticos –tan utilizados por la historiografía reciente sobre la independencia– enmarcando el acontecimiento en relación con ciertos fenómenos socioeconómicos que venían afectando el virreinato de Nueva España durante los últimos años del siglo XVIII. En segundo lugar porque, para rastrear las posibles causas del acontecimiento, la autora retrocede 40 años, y se concentra en la crisis que provocó la puesta en marcha del proceso de consolidación de vales reales que se impuso en las colonias del imperio español. Con ello aporta una mirada imperial que permite al lector reflexionar sobre el funcionamiento del "engranaje imperial”. La riqueza del libro en material de archivo como en el manejo de la bibliografía, tanto la más clásica como la más actual, sorprende.
La obra está dividida en cuatro capítulos de los cuales sólo el último se centra en los acontecimientos de 1808. Los demás se ocupan de estudiar el funcionamiento de los fondos piadosos, esto es, el dinero de las corporaciones religiosas, y los problemas que ocasionó la real cédula de consolidación de 1804; los conflictos que emergen y las alianzas que se consolidan para intentar infructuosamente frenar la puesta en marcha del decreto de 1804, y los conflictos surgidos entre las redes de mercaderes de la capital del virreinato con el virrey Iturrigaray. La autora muestra que las medidas adelantadas por el aliado de Godoy le hicieron ganar la animadversión de un "considerable número de miembros de la elite” quienes después de manera directa o indirecta intervendrían en su deposición. Entre dichas medidas aparece principalmente la "arrogancia” con la que la autoridad virreinal adelantó el proceso de consolidación. Para demostrar sus hipótesis, la autora acude al uso de redes de sociabilidad. Así, enriquece el análisis de los acontecimientos analizando las diferentes clases de nexos (regionales, ocupacionales, "étnicos”) que vinculaban las distintas alianzas que emergieron como consecuencia de la consolidación y que tuvieron una participación importante en septiembre de 1808.
Una primera constatación: como consecuencia de la consolidación los intereses financieros y las actividades de un grupo de productores agropecuarios del centro del virreinato fueron ampliamente lesionados. En vista de la respuesta negativa por parte de diferentes sectores coloniales para recolectar mayores préstamos a nombre de la corona, se ordenó la ejecución del decreto de 1804, recaudando aproximadamente más de 10 000 000 de pesos en el virreinato de Nueva España (es decir, 67% del total recolectado en el imperio). Esto, sin embargo, a un gran costo, pues a diferencia de lo que había tenido lugar en la península donde los bienes religiosos estaban representados en su mayor parte en bienes inmuebles, en el virreinato se trataba de caudales (88% del total) que circulaban como capital crediticio entre los productores ante la ausencia de bancos. El primer capítulo analiza, así, las estrategias crediticias de las hermandades religiosas a través de los préstamos otorgados por cuatro instituciones: las archicofradías del Santísimo Sacramento y Caridad y la de Nuestra Señora del Rosario, la congregación del Santo Cristo de Burgos y la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu. Los créditos eran principalmente otorgados a productores agrícolas y ganaderos, buena parte de los cuales estaban involucrados en el abasto de la capital virreinal. En el tercer caso, se trataba principalmente de una corporación de sociabilidad para comerciantes de origen vizcaíno en la cual desempeñó un papel importante el depósito irregular (créditos concedidos con respaldo en fiadores y que se ejecutaban en corto tiempo). Dichas instituciones se convirtieron en puntos de convergencia de ciertas redes en las cuales era importante participar para tener acceso al crédito.
El segundo capítulo se centra en los pleitos, o mejor, las diferentes representaciones presentadas para detener el proceso de recolección y remesa de caudales hacia España. Las dos primeras representaciones fueron firmadas por el Ayuntamiento de la ciudad y por el Tribunal de Minería, a las que se sumó después la representación de los principales y labradores de la provincia de México. A través de los nombres de los firmantes de esta última representación, en la que se insistía en el mismo tipo de argumentos ya expuestos en las dos primeras, es decir, en el daño que dicho proceso causaría en la economía novohispana, la autora reconstruye las diferentes redes que tomaron parte. Se trataba, en buena parte, de ricos hacendados de la región central de México que se vieron obligados a pagar fuertes sumas de dinero. Encabezaba la lista el marqués de San Miguel de Aguayo, propietario de más de 6 000 hectáreas y quien tenía que exhibir por él y su nieta 292 000 pesos. Entre los organizadores estaba también Gabriel de Yermo, quien adeudaba a la Junta de Consolidación 184 700 pesos y quien sufrió fuertes presiones para adelantar el pago. La autora concluye que es posible que el marqués de Aguayo y otros se hubiesen reunido con aristócratas y patriarcas de antiguo linaje para obtener su apoyo a la representación, mientras que el marqués de Santa Cruz de Ynguanzo (mercader recién ennoblecido) y Pedro González Noriega buscaron el respaldo de los hacendados de origen montañés, y Yermo hizo lo mismo con los de origen vizcaíno. Así se habían aliado para protestar contra la consolidación diferentes grupos socioeconómicos: nobles terratenientes dedicados a la producción en gran escala para los mercados del virreinato, junto con los mercaderes-hacendados productores para el mercado urbano organizados en torno a redes de sociabilidad de origen regional-peninsular diferente.
El tercer capítulo se titula "La autoridad sin límites del virrey Yturrigaray”. Se analizan allí los diferentes conflictos que emergieron entre el virrey y el grupo de mercaderes de la ciudad de México. Para ello el análisis se centra en tres fenómenos: el abasto de carne en la capital del virreinato; los impuestos cobrados al aguardiente producido en las haciendas de la provincia, y los conflictos jurisdiccionales con el Consulado de Comercio. Se describe en detalle la manera como el virrey –llegado en 1803– estableció cambios en relación con el remate realizado para abastecer el mercado de carnes de la ciudad. El principal afectado por dichas medidas era precisamente el mercader hacendado Yermo. Al mismo tiempo Yturrigaray ordenó evaluar y reordenar el cobro de impuestos sobre el aguardiente de caña producido en la región central de México, con oposición de los hacendados que vieron aumentar la carga impositiva. El conflicto principal apareció en torno a la interferencia virreinal en la jurisdicción consular, ya que la principal autoridad del virreinato decidió cambiar las normas que regían la elección en el seno de dicha institución. Aprobadas en 1742, dicha reglamentación había permitido resolver el conflicto entre montañeses y vizcaínos al crear un equilibrio entre los dos grupos. Al imponer como pauta las elecciones al azar establecidas por las ordenanzas de Bilbao, el virrey desató un conflicto que llegó hasta el rey. Para fortuna de los mexicanos, la orden fue revertida. Se demuestra en el capítulo cómo en un corto plazo el virrey tomó ciertas medidas que golpearon fuertemente los negocios de Yermo y otros mercaderes de la ciudad.
El último capítulo centra su mirada en los acontecimientos de septiembre de 1808. Como es bien sabido, con apoyo del virrey el Ayuntamiento de la ciudad había decidido inclinarse por la conformación de una junta soberana. Esto a pesar de los deseos de la autoproclamada Junta Suprema de Sevilla para que las colonias apostaran por reconocer su soberanía. Esta última parte describe los actores que intervinieron en la conspiración así como las redes que estos lograron movilizar, particularmente en el regimiento de comercio. Además, se muestran los beneficios que obtuvieron los conspiradores, principalmente Yermo, con el nombramiento del nuevo virrey interino Pedro de Garibay. El golpe estuvo apoyado principalmente por mercaderes matriculados en el Consulado de Comercio (42% de la matrícula de 1807). Es posible que dichos conjurados temiesen que la opción propuesta por el Ayuntamiento pusiera en duda los vínculos con España, de los que ellos disfrutaban beneficios como el monopolio comercial. Por otro lado, aprovecharon el momento para destituir al virrey y sus medidas, en particular la consolidación. Buena parte de los miembros consulares eran peninsulares provenientes de las provincias de Santander y Vizcaya, quienes tenían fuertes vínculos de parentesco con vecinos de la península. Dicha circulación entre orilla y orilla brindaba cierta cohesión al imperio que, como se deja ver en el caso del virreinato, tuvo una participación importante. Si bien entre la elite no existía una fuerte división entre criollos y peninsulares, sí la había entre la primera y el resto de la sociedad; división que al parecer se profundizó después de septiembre de 1808. El grupo ganador consiguió gran control sobre las instituciones locales –principalmente la Audiencia– y respaldo de la Junta Suprema. Mientras se frenaron los cobros de la Consolidación, otras medidas aseguraron brindar beneficios a Yermo y su red.
Este excelente trabajo de Del Valle Pavón aporta valiosos puntos que deben ser discutidos con referencia a 1808 en próximas investigaciones. Además, plantea preguntas sobre el funcionamiento mismo de la máquina imperial. Voy a centrarme en este último aspecto para concluir esta reseña. Recientemente ha aparecido una acalorada discusión referente al funcionamiento de los imperios europeos, fundamentalmente contraponiendo el caso inglés y el español. En lo que podría llamarse como "narrativa neoinstitucional”,1 el caso español aparece como el de un absolutismo que interfiere de manera negativa en el funcionamiento de la economía, frente al funcionamiento positivo más participativo del parlamento inglés. Muchos puntos aflorarán en relación con esta discusión, pero vamos a resaltar sólo uno. Como proponen North y otros historiadores, el éxito del imperio inglés se debe en parte a que los prestamistas de la corona eran los mismos parlamentarios, quienes tenían la posibilidad para presionar en el parlamento el alza de los tributos y por tanto asegurar el pago de sus créditos.2 La guerra internacional resulta por tanto un generador de capitales al interior de la isla. Si se toman los datos otorgados por Del Valle Pavón puede observarse cómo en el caso español funciona al contrario. No sólo la deuda nacional debida a Holanda y Francia fue trasladada al virreinato de México (aprovechando para ello los permisos de neutrales creando múltiples licencias otorgadas por Godoy y su círculo), sino que además se descapitalizan las principales actividades económicas del virreinato al colectar los capitales que estaban invertidos en los sectores productivos. Queda entonces para futuras investigaciones discutir la lógica de dicho funcionamiento, que me parece va más allá de la dicotomía poder absoluto-poder negociado. Además, faltaría explicar con más detalle cómo una metrópoli que está en la capacidad de recibir las enormes remesas de métales enviadas desde sus colonias a finales del siglo XVIII fue incapaz de sostener la guerra al mismo ritmo que lo hizo, por ejemplo, Inglaterra
¿Se tratará, como proponen algunos autores, de "instituciones extractivas”?3 La autora de este trabajo aporta valiosos datos y argumentos que permitirán profundizar en la discusión.
Jesús Bohorquez
European University Institute
1 Regina Grafe y Alejandra Irigoin, "The Spanish Empire and its Legacy: Fiscal Redistribution and Political Conflict in Colonial and Post-Colonial Hispanic-America”, Journal of Global History, London School of Economics and Political Science, vol. 1, núm. 2, 2006, pp. 241-267.
2 Douglass C. North y Barry R. Weingast, "Constitutions and Commitment: the Evolution of Institutional Governing Public Choice in Seventeenth-Century England”, The Journal of Economic History, Cambridge University Press, vol. 49, núm. 4, diciembre de 1989, pp. 803-832; Patrick O'Brien, "The Nature and Historical Evolution of an Exceptional Fiscal State and its Possible Significance for the Precocious Commercialization and Industrialization of the British Economy from Cromwell to Nelson”, Economic History Review, vol. 64, núm. 2, 2011, pp. 408-446; Patrick O'Brien, "The Political Economy of British Taxation, 1660-1815”, Economic History Review, vol. xli, núm. 1, 1988, pp. 1-32; Stephan Epstein, Freedom and Growth: the Rise of States and Markets in Europe, 1300-1750, Londres, Routledge, 2000.
3 Acemoglu Daron y James Robinson, Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Nueva York, Crown Publishers, 2012.