Am. Lat. Hist. Econ., vol. 19, núm. 3, septiembre-diciembre, 2012, pp. 98-128. http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALH

Artículos

Discursos y políticas agrarias en Argentina, 1920-1955

Discourse and Agrarian Policies in Argentina, 1920-1955

Javier Balsa*

 Universidad Nacional de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina, <jjbalsa@unq.edu.ar>

Fecha de recepción: febrero de 2011.
Fecha de aceptación: septiembre de 2011.

Resumen

En este artículo se analiza cómo el discurso agrarista crítico del latifundio fue consolidándose en la opinión pública argentina y se tradujo en medidas que fueron teniendo cada vez más impacto sobre la realidad agraria. En 1921 la lucha de los chacareros logró una primera ley que reguló los contratos de arrendamiento. En las décadas siguientes, incluso algunas figuras políticas del conservadurismo fueron incorporando la discursividad agrarista crítica e implementaron políticas acordes, aunque de carácter limitado que, de todos modos, contribuyeron a la legitimación de las demandas chacareras. Con el golpe militar de 1943 y el ascenso de Perón, el agrarismo crítico se convirtió en una real estrategia política, hasta que a partir de 1948 asistimos a un giro discursivo y político por parte de Perón, frenándose el proceso colonizador oficial y reduciéndose las medidas agraristas.

Palabras clave: agrarismo, colonización, Argentina, Perón.

Abstract

This article analyzes the consolidation of an agrarist discourse critique of the latifundio in the Argentine public opinion and how this had impact on the agrarian reality. In 1921, the chacareros' fight achieved the first law that regulated tenure contracts. In the next decades, even some political figures of the Argentine conservatism begun to assimilate the critique agrarist discursivity and they took some appropriate, but limited measures that, anyway, contributed to the legitimation of the chacareros' demands. With the military coup of 1943 and the promotion of the political figure of Perón, critique agrarism became a real political strategy, until from 1948 when we attend to a political and discursive turn of Peron's policies, that stopped the official colonization process and reduced the amount of agrarian measures.

Key words: agrarism, colonization, Argentina, Perón.

Introducción

Desde 1955 las fuerzas políticas de derecha y centro-derecha argentinas han asumido una propuesta agraria y una discursividad estrechamente ligadas a la enunciación de las entidades representativas de los grandes y mediano-grandes propietarios (la Sociedad Rural Argentina y las Confederaciones Rurales Argentinas, respectivamente).¹ De este modo, han pregonado en favor de la no intervención estatal en el mercado de tierras (es decir, contra la regulación de los contratos de arrendamiento) y por el respeto irrestricto a la propiedad privada de la tierra (contra políticas de colonización o reformas agrarias e, incluso, de impuestos que promuevan la división de las grandes propiedades). Estas posturas se han vinculado con el relato de una "época de oro" de Argentina que habría tenido lugar cuando regían estos principios liberales-conservadores, es decir, antes de la llegada del radicalismo al gobierno nacional en 1916 y del progresivo intervencionismo estatal que tuvo lugar a partir de 1930 y, en particular, durante los gobiernos peronistas.

Sin embargo, no siempre las fuerzas conservadoras tuvieron esta posición antiintervencionista en lo que respecta a las cuestiones agrarias, así como tampoco con relación al papel del Estado en la economía, en general. A partir de los trabajos de Lázzaro, Llovet y Hora entre otros,² sabemos que en los años treinta y comienzos de los cuarenta, muchos políticos conservadores adoptaron un discurso crítico del latifundio y en favor de la protección de los arrendatarios y de la implementación de políticas de colonización. De hecho, en estos años se sancionaron leyes que mejoraron la regulación de los contratos, que crearon instituciones provinciales y nacionales de colonización y también impuestos contra los latifundios.

En este artículo intentaremos analizar cómo es que se conformó este predominio del discurso agrarista crítico del latifundio y qué efectividad tuvieron las medidas tomadas. Además, estudiaremos el efecto que tuvo este predominio discursivo con relación a la legitimación de las políticas implementadas a partir de 1943 y, en particular, durante el peronismo clásico (1946-1955), para comprender mejor el abandono del agrarismo por parte de las fuerzas conservadoras a partir de 1955.

El presente artículo se centra en el análisis de las discursividades como constructoras de una visión de la realidad económico-social y, en este sentido, orientadoras de las políticas económicas y de los consensos que se obtienen para llevarlas adelante. Siguiendo a Therborn, consideramos que los discursos interpelan a los sujetos acerca de qué existe en el mundo, cómo se deben valorar estas características, y cuáles son, proyectivamente, las posibles alternativas a lo existente.³ Según la eficacia interpelativa de estos discursos se construyen determinadas relaciones de fuerzas que pueden devenir en situaciones hegemónicas.⁴ Más específicamente buscamos identificar, entre la multiplicidad de discursos acerca de la problemática agraria, articulaciones de enunciados que presenten ciertas regularidades y, en la medida en que construyan los mismos objetos y conceptos, conformen una formación discursiva. En algunos casos, dentro de estas formaciones será posible identificar distintas estrategias discursivas que se disputen el sentido de estos objetos y conceptos, es decir su funcionalidad en defender o criticar un determinado orden socioeconómico.⁵

La instalación de la cuestión agraria y la aprobación de la primera legislación de arrendamientos en 1921

El desarrollo de la agricultura en Argentina alcanzó relevancia a partir de la última década del siglo XIX. Para entonces, la mayor parte de la región pampeana, donde se concentraba la producción agrícola y ganadera de exportación, estaba repartida en grandes latifundios. Consecuentemente, los agricultores, en su mayoría de origen migratorio europeo (italianos y españoles), tuvieron grandes dificultades para acceder a la propiedad de la tierra. El desarrollo agrario pampeano se caracterizó, entonces, por basarse en agricultores arrendatarios o aparceros que alquilaban sus lotes (en general de 50 a 200 ha) a grandes terratenientes, algunos de los cuales se dedicaban a la ganadería y otros eran meramente rentistas. Es cierto que también existía un porcentaje importante de agricultores propietarios y que el mercado de tierras era relativamente abierto.⁶ Sin embargo, a medida que los propios agricultores valorizaban los campos al roturarlos, sus posibilidades de adquirirlos se fueron haciendo cada vez más remotas.⁷

En la propia elite política siempre había existido una producción intelectual contraria al latifundio. En este sentido, Sarmiento y Avellaneda habían señalado, a mediados del siglo XIX, la importancia de las políticas de colonización para el desarrollo de Argentina, proponiendo copiar el modelo que presentaba Estados Unidos.⁸ Sin embargo, más allá de algunas políticas puntuales (como la promoción de la colonización de Chivilco y o la fallida ley de tierras bonaerense de 1876),⁹ las medidas estatales que concretamente se tomaron promovieron la creación de enormes propiedades.¹⁰ Como lo sintetizó Halperín Donghi, existió un consenso que nunca fue recusado en favor de la colonización agrícola; sin embargo, al mismo tiempo, en los mismos discursos que la promovían es posible percibir la creciente aceptación de un orden rural en un proceso de transformación pero alejado de este ideal. De ese modo se fue diluyendo la idea de "construir en el desierto pampeano una sociedad campesina radicalmente nueva".¹¹

Luego, la extraordinaria expansión de la ganadería y la agricultura, que tuvo lugar entre 1880 y 1910, sirvió para consolidar la hegemonía de un discurso contrario a la intervención del Estado para modificar un orden agrario que beneficiaba cada vez más a los grandes propietarios, tanto en su papel de estancieros ganaderos cada vez mejor articulados con el mercado externo, como en el de rentistas que obtenían crecientes ingresos por el alquiler de sus campos, al tiempo que el valor de las tierras aumentaba en forma exponencial. Esta discursividad antiintervencionista, en líneas generales, evitó hacer una defensa explícita del latifundio.¹²

Las voces críticas contra el latifundio recién cobraron alguna significación efectiva con la emergencia de una fuerza social que brindó base material a los reclamos en favor de otro modelo de desarrollo agrario: los chacareros (tal como se denomina en Argentina a los agricultores de tipo familiar) organizados en torno a la Federación Agraria Argentina (en adelante FAA). Esta entidad surgió a partir de una gran huelga de agricultores en 1912 y tan sólo una década más tarde logró que se legislase en favor de los derechos de los arrendatarios.

En realidad, la ley de arrendamientos había sido presentada por el presidente radical Hipólito Yrigoyen en 1919 y obtuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados un año más tarde, con algunos recortes en las medidas propuestas. Allí se establecía una duración mínima de los contratos de cuatro años (en el proyecto del ejecutivo eran cinco); se fijaba la indemnización por las mejoras que introdujeran los arrendatarios al campo, y se declaraba la nulidad de todas las cláusulas que se establecieran en los contratos en términos de indicar que la venta del producto, los seguros o la trilla debían realizarse con determinada persona. Pero la principal diferencia con el proyecto yrigoyenista era que se establecía un límite de 300 ha para que la relación contractual fuera alcanzada por esta ley. Incluso los diputados socialistas se opusieron a quitar esta restricción con el argumento de que era una "ley de buena fe".

Luego de su media sanción en la Cámara de Diputados, y a pesar de las gestiones de la FAA, los senadores no daban tratamiento a la ley. Por eso esta entidad organizó una marcha a Buenos Aires para pedir su aprobación.¹³ Desde las distintas seccionales de la FAA convergieron en la ciudad de Buenos Aires más de 1 500 chacareros que marcharon por el centro de la ciudad hasta el Congreso Nacional, donde entregaron un petitorio al Senado. Los contratos existentes eran denunciados en este documento como "archileoninos, dignos de negreros", que generaban una situación en la cual "se humilla, se les despoja y se les embrutece [a los arrendatarios], obligándolos a ambular como el judío errante".¹⁴ Las actividades desplegadas por la FAA lograron que el diario conservador-liberal La Nación reprodujera por completo el petitorio que entregaron al presidente del Senado, por lo cual la demanda y la propia argumentación chacareras consiguieron una significativa amplificación. Este diario, además, incluyó un editorial elogioso de la marcha y de sus reclamos. También La Prensa (el otro periódico conservador-liberal importante) brindó una extensa cobertura de la marcha.¹⁵

Menos de un mes más tarde, en septiembre de 1921, se trató y aprobó en la Cámara de Senadores la ley contractual agraria (aunque no obtuvo la unanimidad que había logrado en la de Diputados). Los chacareros organizados gremialmente habían logrado introducir una fisura en la hegemonía ideológica antiintervencionista y favorable al latifundio. Para ello habían sabido combinar dos tipos de movimientos. Por un lado, apelaron a medidas de fuerza (como las huelgas agrarias y la alianza con la central sindical sindicalista-revolucionaria) y enviaron señales, como la propia marcha, de que podían girar hacia estrategias de acción directa.¹⁶ Por otro lado, plantearon reclamos mínimos, como la regulación de los contratos. Para conseguir este objetivo inmediato, no dudaron en implementar una táctica de alianzas con la oposición política al yrigoyenismo, que incluyó no sólo a los socialistas (tradicionales aliados de la FAA, más allá de los conflictos periódicos que mantenían) y a los radicales antipersonalistas (opuestos, desde la derecha, al gobierno), sino también a los dirigentes conservadores dispuestos a buscar nuevas bases de apoyo en parte de los sectores subalternos. En este sentido, los chacareros se reunieron con el presidente del Senado, el conservador Benito Villanueva, quien les habló desde los balcones del Congreso, comprometiendo su palabra en favor de la sanción de la ley de arrendamientos, y llegó a afirmar que "esta ley debe ser el primer paso que se dé en favor de ellos, los agricultores argentinos, hasta convertirlos en propietarios de la tierra que trabajan".¹⁷

De todos modos, la victoria fue modesta, tanto por los límites que poseía la ley aprobada, como también porque no se modificaba el poder local que poseían los propietarios para imponer sus condiciones más allá de la legislación. De hecho, la mayoría de los terratenientes emplearon los resquicios que la propia ley dejaba para evadirla, estableciendo contratos por más de 300 ha con sociedades ficticias de pequeños chacareros o, más frecuentemente, no realizando contratos escritos. Ya durante los últimos meses de 1921 y en 1922 en La Tierra, órgano oficial de la FAA, se formularon constantes denuncias de esta situación.

En cuanto a políticas más profundas en favor del acceso a la propiedad de la tierra por parte de los arrendatarios, el yrigoyenismo había presentado un proyecto de colonización a poco de asumir el gobierno en 1916 y volvió a insistir con él en 1919, sin que las iniciativas lograran salir de las comisiones legislativas a las que fueron enviadas.¹⁸ Incluso, en 1925, el presidente radical Marcelo T. de Alvear terminó retirando el proyecto de colonización que había presentado el año anterior, ante las críticas que los sectores terratenientes formulaban a la propuesta de hacer uso del derecho de expropiación.¹⁹ Tampoco en 1929 logró Yrigoyen, al volver a la presidencia, que las cámaras trataran el proyecto colonizador que había presentado diez años antes.

La única iniciativa que logró sanción parlamentaria fue el proyecto de ampliación y reformas de la ley orgánica del Banco Hipotecario Nacional para estimular la colonización.²⁰ Esta medida habría tenido algunos efectos positivos durante la década de 1920, posibilitando el acceso a la propiedad de la tierra de arrendatarios. Sin embargo, la crisis de principios de los años treinta produjo la quiebra de la mayoría de quienes aún no habían podido saldar sus deudas.²¹

Igualmente, el discurso agrarista crítico había logrado instalarse en la opinión pública, tal como lo reconociera en 1924 el ingeniero agrónomo Pedro Marotta, en ese momento vicedecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, cuando señalaba que "hasta hace pocos años hablar mal del latifundio, entre nosotros, era una blasfemia: significaba sentar plaza de demagogo. Pero los tiempos han cambiado."²² Y, como destaca Roy Hora, Marotta combinaba su crítica al latifundio con la idea de que la reforma agraria podía servir de freno a las propuestas revolucionarias: "subdividamos, señores, la tierra y no habrá lenines".²³

Retornando a la cuestión de la legislación sobre arrendamientos, en 1928 el presidente Alvear manifestaba que "en muchos casos la ley no podía aplicarse por haber sido burlada".²⁴ En 1929 la Cámara de Diputados aprobó un nuevo proyecto de ley de arrendamientos que buscaba solucionar estas falencias, pero lograría la sanción por ambas cámaras hasta 1932, ante la grave crisis general. De igual manera, las reformas fueron mínimas (principalmente eliminaron el límite de las 300 ha y fijaron la obligación de celebrar los contratos ante escribano o juez de paz) y siguió primando la idea de que su cumplimento dependía de la buena voluntad de los terratenientes, todo un síntoma de la continuidad de la hegemonía ideológica antiintervencionista. Así, el socialista Nicolás Repetto terminaba su alocución parlamentaria con "una imploración", diciendo que quería "convencer a los propietarios argentinos de que lo que más les conviene, votada esta reforma, es cambiar radicalmente de táctica: en lugar de violarla, entenderla como una ley de progreso".²⁵

De todos modos, el discurso antiintervencionista se iba encontrando cada vez más a la defensiva.²⁶ En el debate hubo un único diputado defensor de estas posiciones: José María Bustillo, quien se manifestó en contra del proyecto de ley e, indirectamente, contra la ley de 1921, pues impugnaba las bases ideológicas de la intervención estatal en el mercado de tierras, de allí que en su intervención encontremos una excelente síntesis de esta argumentación. En su alocución, en primer lugar, construyó discursivamente un mundo rural armónico, en clara contraposición con el espíritu del proyecto y los discursos de sus defensores, quienes hablaban de los permanentes abusos de los terratenientes. Y esta situación de armonía se articulaba con la idea de que no existía tanta asimetría en la relación de poder entre terratenientes y arrendatarios. De este modo, desestimaba el argumento de otro diputado de que "si dejamos así las cosas nos vamos a la revolución agraria". La situación de armonía era presentada como natural, y se contraponía a la intervención estatal, que siempre era "artificial" y que, además, podía terminar generando más problemas que los existentes. En este sentido, dejaba entrever cierta amenaza en términos de que podía sobrevenir una caída en la producción. Por último, en su argumentación Bustillo llegó a construir una función social para el propietario rentista y, como implícitamente negaba la posibilidad de que la pampa estuviera en manos de colonos propietarios, afirmaba que "si hubiera que socializar o nacionalizar la tierra", tendría que haber "un elemento burocrático más oneroso para la producción y mucho más impertinente y molesto para el agricultor" y agregaba, con ironía, que "Rusia nos ofrece en este sentido hermosísimos ejemplos".²⁷

De todos modos, los relativamente amplios consensos legislativos a la hora de votar la legislación sobre arrendamientos no deben ocultarnos la falta de adopción de medidas más concretas que modificaran las relaciones de poder en el ámbito local e impidiesen las violaciones a la legislación por parte de los terratenientes que se habían dado y siguieron aconteciendo durante los años treinta. Así, en 1937, cuando se realizó el censo agropecuario nacional, la mitad de los arrendatarios y aparceros en la región pampeana carecían del contrato escrito exigido por la legislación aprobada cinco años antes.

Sin embargo, al mismo tiempo, la soledad que manifestaba Bustillo a la hora de defender a los terratenientes era una clara muestra de la dificultad que existía para construir una argumentación política en favor de la existencia de grandes latifundios. De hecho, la mayor parte de los discursos defensores del statu quo agrario, en este como en los siguientes debates parlamentarios que analizaremos, compartían con sus críticos el referirse a los mismos objetos y conceptos, vinculados con la cuestión agraria, es decir, con los problemas en torno a la tenencia del suelo, las posibles políticas de colonización y el tamaño de las propiedades rurales. En este sentido, aplicando la conceptualización de Foucault,²⁸ podemos decir que todos estos discursos formaban parte de una misma formación discursiva, que podemos denominar "agrarista". Luego, dentro de ella es factible identificar dos estrategias discursivas, una contraria al latifundio y otra defensora del mismo. A partir de determinados puntos de difracción cada estrategia discursiva vinculaba los mismos objetos con otros significantes y, de este modo, buscaba otorgarles una distinta funcionalidad discursiva. El mayor logro de los actores críticos del latifundio fue lograr que, progresivamente, casi todos los discursos sobre el agro se enmarcaran dentro de esta formación discursiva "agrarista", que visibilizaba la cuestión de la tenencia del suelo y el problema del tamaño de las propiedades. Como iremos viendo, en medio de estas dos estrategias es posible identificar posiciones moderadas que combinaban cierto reconocimiento positivo de la gran propiedad con el impulso de políticas de colonización limitadas y mejora de la situación de los arrendatarios. También observaremos que los políticos conservadores y radicales hacían uso de estas tres estrategias discursivas del agrarismo, sin que pudiera identificarse a cada una de estas fuerzas políticas con una estrategia determinada.

Por otra parte, para la defensa del statu quo, otra opción era sencillamente negar la presencia de una cuestión agraria. Esta alternativa se encuentra, por ejemplo, en el Congreso Nacionalista de Economía Rural, organizado por la conservadora Liga Patriótica en 1935. A lo largo de las numerosas ponencias presentadas, no existió ninguna crítica a la concentración de la propiedad de la tierra, a pesar de que hubo innumerables propuestas técnicas sobre los más variados tópicos.²⁹ Además, en el discurso de apertura de este congreso, Manuel Carlés (presidente de la Liga) hizo uso de lo que denominamos una discursividad "ruralista moralizante". Esta formación discursiva invisibilizaba las tensiones internas del sector rural, presentándolo como un todo ("el campo") carente de conflictos y, al mismo tiempo, le adjudicaba a este "campo" una superioridad moral frente a la ciudad cosmopolita, decadente e izquierdista.

De cualquier modo, evitar pronunciarse sobre la cuestión agraria fue una táctica política cada vez menos efectiva, especialmente en una coyuntura en la cual la crisis económica estaba agudizando las tensiones.

El avance del "agrarismo crítico" en los años treinta y principios de los cuarenta

La depresión que comenzó en 1929 hizo manifiesta la profundidad de la crisis del modelo agroexportador y la necesidad de buscar un nuevo esquema de desarrollo económico y social para Argentina, junto con una redefinición del papel del Estado en el mismo. En septiembre de 1930, las fuerzas conservadoras derrocaron al presidente Yrigoyen con un golpe militar, y pasaron a controlar el poder estatal para dirigir estas reestructuraciones; manteniéndolo hasta 1943, cuando fueron derrocados por un nuevo golpe militar. Durante este periodo el conservadurismo necesitó recurrir al fraude para imponerse en los comicios. Esta situación, junto con el ascenso de las "izquierdas", impulsó la búsqueda de bases electorales socialmente más amplias para legitimar el proyecto conservador. En esta línea, a mediados de los años treinta emergió dentro del propio conservadurismo una variante del discurso agrarista crítico, aplicado a construir una base chacarera para esta fuerza política. El caso más destacado en esta línea fue el de Manuel Fresco, gobernador de la Provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1940. A tono con el (por entonces exitoso) fascismo europeo, implementó políticas sociales para conseguir el apoyo de las masas, sin por ello dejar de recurrir a un fraude electoral escandaloso por su masividad.

En el caso de la política agraria, avanzó con una legislación e instituciones estatales que promovieron la colonización. En 1936, Fresco creó el Instituto de Colonización provincial. El mismo tuvo un destacado comienzo: en 1937 y 1938 adquirió cinco campos que totalizaron 63 062 ha, conformando cinco colonias con un total de 239 lotes.³⁰ Esta política de colonización buscaba consolidar una base de pequeños y medianos propietarios que se constituyeran en una barrera contra cualquier avance de "las izquierdas". Y para darle este sentido, Fresco dirigió numerosos discursos a los chacareros, invitándolos a sumarse a su cruzada política. En sus alocuciones proponía, retomando el discurso agrarista crítico, que "desaparezcan los grandes latifundios de la especulación, hija de la avaricia y egoísmo, que hasta ahora han impedido que se multiplicara el número de las pequeñas parcelas en poder de los agricultores".³¹ Además afirmaba que "era indispensable acelerar el proceso de la división de la tierra y realizar de una vez por todas el postulado social de darla en propiedad a aquellos que la trabajan".³² También se dirigía a la burguesía "parasitaria", mostrándole los peligrosos ejemplos de España (donde acababa de comenzar la guerra civil) y de Rusia: "no sea que por querer acumular demasiado, llegue un día en que las circunstancias sociales los conduzcan al despojo forzoso y definitivo".³³ Pero, al mismo tiempo, su discurso denunciaba al "agitador profesional y simulador, engendro monstruoso de las reformas sociales", que Fresco contraponía a los chacareros. A ellos los interpelaba como "señores trabajadores de la tierra [...] que viven y perciben a través de los grandes sentimientos de la Patria, que veneran la bandera y la llevan a la cabeza de sus manifestaciones". Ese elogio le daba pie para luego solicitar –o más bien exigir– que ni siquiera escucharan a los agitadores: "habrán de cerrarle los oídos y el corazón para que nunca su palabra infame llegue a perturbarles la conciencia y los sentimientos".³⁴

Las políticas y discursos críticos del latifundio, y favorables a la implementación de políticas de colonización para los chacareros arrendatarios y aparceros, no se restringieron al gobernador Fresco. En esos mismos años, en las otras provincias de la región pampeana, bajo distintos signos políticos, también se sancionaron leyes de colonización. Una vertiente del radicalismo que gobernaba Entre Ríos promovió y obtuvo la aprobación en 1934 de la Ley de Transformación Agraria. La misma fue impulsada por Bernardino Horne, ministro de Hacienda del gobernador radical antipersonalista (aunque no aliado a los conservadores) Luis Lorenzo Etchevehere. El gobierno demócrata-progresista de Luciano Molinas sancionó la ley de colonización de Santa Fe también en 1934, aunque su ejecución fue interrumpida por la intervención federal a esta provincia. En Córdoba, en 1936, el gobernador radical Amadeo Sabattini también impulsó un proyecto de colonización agraria y sancionó un impuesto progresivo a la propiedad rural.³⁵

Testimonio del clima de época favorable a la implementación de proyectos de colonización es el editorial que publicó La Nación, en 1936, a favor de que el Congreso Nacional tomara como ejemplo las iniciativas de colonización provinciales y dictara una ley al respecto, ante "la amenaza a la estabilidad social".³⁶ Esta "ley agraria" nacional fue sancionada en 1940. Había sido elaborada a partir de un anteproyecto presentado por el entonces diputado Bernardino Horne. En ella se establecía que "la propiedad de la tierra queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley, de acuerdo con el interés colectivo". Por la misma ley se creaba el Consejo Agrario Nacional, asignándole las tierras fiscales pero también permitiéndole expropiar tierras privadas, sin el requisito de una ley de expropiación para cada caso, siempre y cuando fueran propiedades de más de 2 000 ha y que no fueran objeto de una explotación agraria racional.³⁷

La importancia del agrarismo crítico del latifundio en esos años se visualiza en que también la vertiente liberal del conservadurismo bonaerense promovió políticas en su contra. Así, luego de la intervención federal a la provincia que terminó con el gobierno de Fresco, el gobernador Rodolfo Moreno, de tendencia liberal, propuso en 1942 un gravamen especial a las grandes propiedades, de más de 10 000 ha, con una tasa progresiva, con el objetivo de estimular el fraccionamiento de la tierra.³⁸ Y lo notorio no es sólo que las Cámaras bonaerenses aprobaran este "impuesto al latifundio", sino las líneas argumentales que los propios conservadores sostuvieron en los debates parlamentarios, a favor de que la tierra pasase a manos de quienes la trabajaban, quedando muchas veces en posiciones mucho más contundentes que los radicales y los socialistas, quienes se centraron en cuestiones menores u objeciones de tipo general.³⁹ También la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que había sido creada una década antes y que aglutinaba a los ganaderos organizados en las sociedades rurales de cada uno de los partidos y departamentos de estas dos provincias, apoyó esta iniciativa y propugnaba que la tierra fuera para el que la trabajara.⁴⁰ En cambio, la Sociedad Rural Argentina, entidad que concentraba a los grandes estancieros, desplegó una estrategia dual: institucionalmente mantuvo silencio,⁴¹ pero algunos de sus más destacados socios formaron la Gran Liga de Estancieros de Buenos Aires, una agrupación relativamente diferenciada. Desde allí sostuvieron que "el principio de la seguridad de la propiedad, base del ideario conservador y al cual debe en gran parte su pujante desarrollo el país, es obvio que con los proyectos en cuestión, y sobre todo con las brechas que ellos abren para el futuro, ha de sufrir enormemente".⁴²

Los grandes estancieros estaban bastante acertados en sus pronósticos. Ante la crítica situación generada por la segunda guerra mundial, se tomaron otras medidas en el ámbito nacional en favor de la estabilidad de los arrendatarios y aparceros rurales. Así, en septiembre de 1942 se aprobó una ley de reajuste de los arrendamientos rurales que, además de habilitar la rectificación de los mismos según índices elaborados por el poder ejecutivo, establecía que los contratos que vencieran durante la situación de emergencia se considerasen prorrogados, al tiempo que se suspendían los juicios de desalojo. Finalmente, se declaraba nula toda cláusula que limitara la explotación ganadera hasta 40% de la superficie.⁴³

La Sociedad Rural Argentina visualizó con notable clarividencia los peligros que este tipo de legislación encerraba para los terratenientes (ya que la medida "transitoria" iba a durar, con diversas variantes, hasta 1967). Así, ya en 1941, había advertido que "es inconveniente establecer, en momentos de emergencia, leyes de esta naturaleza, porque la experiencia demuestra que luego se las erige en conquista definitiva de los favorecidos, quedando así en forma permanente, en contra, sin duda, del espíritu que animó a los iniciadores de ese remedio, que debió ser transitorio".⁴⁴

Los riesgos de la legitimación de las demandas

Como vimos, el discurso antiintervencionista y favorable al latifundio se encontraba en franca actitud defensiva, producto tanto del avance específico del agrarismo crítico, como también del nuevo contexto de creciente intervencionismo estatal que tornaba relativamente anacrónicos los postulados del laissez-faire. Así lo reconocía, en el debate parlamentario sobre el reajuste del precio de los arrendamientos que tuvo lugar en 1941, el diputado conservador Justo Medina cuando planteaba que "el Estado hoy día quiere dirigir la economía. Es imposible que esta concepción nueva de la economía dirigida deje intacto el contrato que el liberalismo del siglo XIX había concebido." Por lo tanto, señalaba que más allá de "si esta concepción es justa, o simplemente, si se quiere imponerla, todo nuestro derecho contractual debe ser modificado".⁴⁵

En el plano discursivo, producto del predominio de la formación discursiva "agrarista", casi todas las descripciones de la realidad agraria argentina tenían al latifundio como un elemento ineludible. De modo que los terratenientes habían perdido la primera línea defensiva de toda dominación social: la invisibilidad.⁴⁶ En este sentido, desde mediados de los años treinta, la existencia e importancia del latifundio se había convertido en una constante en las descripciones de la situación agropecuaria, y ya no estaba sólo en las plataformas de los socialistas o de la Federación Agraria. Cabe destacar, sin embargo, que esta visualización no incluía a la principal publicación especializada, la revista mensual La Chacra, donde los temas sociales estuvieron ausentes durante todo este periodo, más allá de algunos artículos sobre el cooperativismo.

La segunda línea de defensa de la dominación social, la evaluativa, también había sido derrotada: la valoración del latifundio era notoriamente negativa. Esto se debía a la hegemonía discursiva de la estrategia agrarista crítica, dentro de la formación agrarista. Si bien en algunos textos, como el de Alejandro Bunge,⁴⁷ se formulaban salvedades sobre la conceptualización del latifundio, en líneas generales las valoraciones no podían ser más críticas, y las mismas alcanzaban a parte de la prensa. El latifundio no era únicamente mencionado, sino también duramente criticado como causante de todos los males sociales presentes en la pampa argentina. Muestra del clima de ideas de estos años es la forma en que el diario Crítica se refería a los terratenientes: "acostumbrados a vivir en medio del lujo y del derroche, los señores de la tierra conspiran contra el desarrollo de la técnica, contra la implantación de la moderna agricultura, al exigir elevados arrendamientos y mantener en la más absoluta miseria y desamparo al colono".⁴⁸

Sin embargo, aún quedaba en pie una tercera y decisiva línea de defensa de la dominación social de los terratenientes: la creencia de los sectores dominados en la imposibilidad de organizar ellos mismos un proceso de transformación social. Este es el tercer nivel de la dominación: la apreciación de las posibilidades de encarar y dirigir un proceso de transformación social. Es claro que las propuestas "colonizadoras" y "antilatifundistas" eran llevadas adelante por la propia elite política conservadora, y que los chacareros se limitaban a peticionar y a aplaudir medidas parciales. Los sectores subalternos no llegaban a promover un programa de reformas integrales y menos aun a autoproclamarse como los dirigentes de este programa (ni siquiera en alianza subordinada con otros sectores sociales). Como hemos visto, los propios socialistas depositaban sus esperanzas, al menos en el corto plazo, en una actitud "más racional" de los terratenientes. Corresponde recordar aquí a Carl Taylor, destacado sociólogo rural estadunidense, quien en 1942 hizo un detenido estudio de la Argentina rural y resaltó la presencia de un clima reformista generalizado pero, al mismo tiempo, señaló la poca existencia de canales entre los intelectuales favorables a reformas agrarias (quienes estaban cerca de la cima de la estructura de clases de la sociedad argentina) y las masas rurales en la base.⁴⁹

En este sentido, podemos resaltar la importancia que tuvo la estrategia discursiva intermedia entre la crítica y la defensa del latifundio. Esta estrategia "agrarista moderada" incluía el reconocimiento de buena parte de las demandas de los arrendatarios y presentaba algunas cadenas de significantes propias del agrarismo crítico. Sin embargo, no construía discursivamente dos campos antagónicos de intereses, sino que planteaba la capacidad de absorber los reclamos de los arrendatarios sin negar la posible continuidad del latifundio y las grandes estancias. Las medidas políticas aprobadas y, más aun, las que finalmente se implementaron antes de 1943 se entroncaron claramente en esta posición "agrarista moderada", ya que ninguna de ellas implicaba la desaparición, ni siquiera en el mediano plazo, del latifundio e, incluso, sólo afectaba muy levemente sus intereses (regulaciones poco efectivas de los contratos de arrendamiento, rebajas y prórrogas de los arriendos restringidas a la situación de la guerra mundial o algunos incrementos impositivos). En este sentido, podría pensarse a este discurso agrarista moderado y las medidas políticas a él vinculadas como formando parte de la reconstrucción de una hegemonía conservadora (menos liberal que antes, por cierto) que absorbía en forma diferencial las demandas y las integraba en una operación unificadora/administradora. El camino esencialmente parlamentario y "desde arriba" de estas políticas resultaba muy coherente con estas operaciones inclusivas no disruptivas. Asimismo, no existió una integración entre las tres líneas de reformas que hemos ido describiendo (la política de colonización, el aumento de la presión fiscal sobre los latifundios y las medidas de protección de los arrendatarios a través del congelamiento de los arriendos). Y, además, las medidas colonizadoras tuvieron un alcance reducido y pronto perdieron dinamismo. El Instituto de Colonización de la Provincia de Buenos Aires detuvo su actividad en 1939, al carecer el gobierno de Fresco de los fondos necesarios y no permitirle el gobierno nacional emitir deuda pública. El Consejo Agrario Nacional ni siquiera había comenzado su labor hasta que, en la segunda mitad de 1943, el nuevo gobierno militar puso a su disposición los recursos establecidos por ley. Por lo tanto, debido a que las políticas concretas desplegadas por la elite conservadora tuvieron una escasa magnitud, consideramos que no corresponde calificar esta situación como una "revolución pasiva".⁵⁰ Sin embargo, tampoco se debe subvalorar la importancia que tuvieron las políticas conservadoras y, sobre todo, el predominio discursivo del agrarismo crítico que creció en legitimidad al ser emitido desde la cima del Estado. Se fue construyendo un sentido común antilatifundista que perduraría en Argentina durante varias décadas (probablemente hasta mediados de los años setenta).⁵¹ Este sentido común brindaría legitimidad no sólo a las medidas de expropiación (que se llevarán adelante durante el gobierno militar de 1943 a 1945 y durante los primeros años del peronismo), sino también a las resoluciones tendentes a proteger a los arrendatarios.

Vemos entonces el juego riesgoso que implicó, para la clase dominante, absorber parcialmente el discurso de los sectores dominados para desarrollar una política que buscaba captar su apoyo. En estos casos siempre se corre el riesgo, como señala Laclau, "de que una crisis disminuya su propia capacidad neutralizadora y que las clases dominadas impongan su propio discurso articulador en el seno de los aparatos del Estado".⁵² Esto fue justamente lo que sucedió: cuando la elite conservadora intentaba aumentar su legitimidad a través de la absorción de las demandas de los agricultores no propietarios, le fue arrebatado el control del aparato estatal por parte del grupo nacionalista del ejército y todo se volvió vertiginosamente en su contra.

El agrarismo crítico en el Gobierno Militar y la campaña electoral de Perón

Desde el gobierno militar, surgido del golpe de Estado de junio de 1943, se generaron dos operaciones sucesivas de reconocimiento de las demandas de los chacareros (e incluso del proletariado rural) en detrimento de los intereses de los grandes terratenientes. En primer lugar, el general Diego i. Mason, como ministro de Agricultura, impulsó una amplia política de colonización: en el mismo 1943 se adquirieron 24 399 ha y en 1944, 123 424 ha.⁵³ En segundo lugar, el ascenso político del coronel Juan Domingo Perón también se articuló con el reconocimiento de las necesidades de los chacareros y los peones rurales (aquí fue especialmente importante la sanción del "Estatuto del Peón"). Luego de la renuncia del ministro Mason, en octubre de 1944, Perón progresivamente fue tomando el control de esta política sectorial, al tiempo que congeniaba con el interventor en el Consejo Agrario Nacional, Antonio Molinari (entidad que pasó a depender de la Secretaría de Trabajo y Previsión, a cargo de Perón).

Perón retomó y profundizó las inflexiones más confrontativas del discurso agrarista crítico del latifundio, pero además las acompañó con la implementación de políticas que agregaban credibilidad a sus promesas. Durante 1945, el Consejo Agrario expropió 55 388 ha situadas en Buenos Aires y Corrientes, y Molinari desplegó una intensa propaganda en función de la campaña electoral de Perón, anunciado que "la reforma agraria estaba en marcha".⁵⁴ Las frases que Perón reiteraba eran que "la tierra será para los que la trabajen" y que "ya no será un bien de renta".⁵⁵ Ya en esos años iniciales, articulaba tres cuestiones: la situación social de los asalariados rurales (explotados por los estancieros), la tenencia del suelo (la tierra debía de ser de quienes la trabajaban) y el nivel de la producción agropecuaria (limitada por los estancieros improductivos).⁵⁶ Pero además, y esto era lo más novedoso en términos políticos, Perón interpelaba a los "trabajadores del campo" (figura que incluía a todos los que lo trabajaban en forma directa) para que dejasen de ser meros sujetos pasivos y defendiesen las conquistas, que peligraban en la coyuntura de mediados de 1945.⁵⁷

Frente a estas políticas que iban minando el derecho absoluto de propiedad, la Sociedad Rural Argentina encabezó su férrea defensa. Sin embargo, en su argumentación tenía que reconocer que la tierra no la había creado el dueño, lo que muestra indirectamente la fuerza con que contaba la propuesta reformista.⁵⁸ Además, de modo similar a Bustillo en 1929, planteaba como opción la nacionalización de la tierra, sabedora de que esta propuesta carecía de una fuerza social que la sustentase.⁵⁹

Por su parte, algunas instituciones insistieron en un discurso "ruralista moralizante" (similar al que había tenido la Liga Patriótica en los años treinta), pero debieron cambiar sus posiciones ante las interpelaciones de sus propias "bases agrarias". Esto puede observarse en los discursos que dieron las autoridades del Instituto Agrario Argentino y, en particular, en las intervenciones del público (que demandaron soluciones concretas al problema de la tenencia del suelo) registradas en las actas de las "asambleas agrarias" convocadas por esta institución en la áspera coyuntura pre-electoral de los meses de enero y febrero de 1946.⁶⁰

En este contexto, incluso en la revista La Chacra tuvieron que aparecer las cuestiones sociales agrarias.⁶¹ En el crucial mes de octubre de 1945 (recordar que a mediados de ese mes el entonces vicepresidente Perón fue detenido y luego liberado por la masiva movilización de los trabajadores), la publicación dedicó dos de sus primeras páginas a la familia campesina, en un artículo denominado "Hay que evitar los éxodos rurales mejorando las condiciones de vida de la familia campesina".⁶² Por primera vez (y posiblemente por última) hubo en La Chacra una crítica directa a los latifundios como causantes de los problemas de la familia campesina, y se reclamó que se pusiesen en enérgica ejecución las disposiciones del Consejo Agrario Nacional con sus facultades de expropiación.⁶³

Luego del triunfo de Perón en las elecciones presidenciales de febrero de 1946, Antonio Molinari insistió con la propuesta de las bases de lo que podría llegar a haber sido otro modelo de desarrollo agrario: la nacionalización de las tierras que se expropiasen a los terratenientes y su entrega en arriendo vitalicio a los arrendatarios. Esta era una idea que Molinari había acuñado desde principios de los años cuarenta, retomando la enmienda que el socialista Alfredo Palacios había logrado incluir en la ley de colonización de 1940.⁶⁴ En los primeros meses de 1946 logró imponer por decreto una reforma a la ley, para impulsar arrendamientos vitalicios.⁶⁵ Sin embargo, ninguna fuerza social lo apoyó. De hecho, esta propuesta, mereció la dura crítica de la FAA en varios números de La Tierra.⁶⁶ Finalmente, el Consejo Agrario Nacional se convirtió en una dependencia del Banco Nación; Molinari renunció; se archivó el proyecto de nacionalización y, con él, la posibilidad de implementar un modelo de desarrollo agrario que hubiera concentrado el manejo de la renta agraria en manos del Estado y no de los particulares.

El agrarismo crítico en su clímax y el giro del peronismo

El discurso agrarista crítico llegó a su punto máximo en los debates parlamentarios que tuvieron lugar entre 1946 y 1948 en torno a la ley de colonización, las prórrogas de los arriendos, la ley de expropiaciones y la sanción de una nueva ley de arrendamientos y aparcerías.⁶⁷ Más allá de algunos matices discursivos y, sobre todo, de un clima de fuertes choques por las cuestiones más estrictamente políticas, llaman la atención los amplios acuerdos que se gestaron entre peronistas y radicales sobre las diversas cuestiones agrarias.

Así, por ejemplo, el peronismo retomó el proyecto de ley presentado por el diputado radical intransigente Luis Mac Kay para reformar la dinámica del Consejo Agrario Nacional, lográndose una media sanción casi unánime en la Cámara de Diputados. El proyecto proponía "establecer como única base de expropiación la valuación fiscal de los mismos" para suprimir "los factores de especulación para la adquisición de los grandes fundos" y facilitar "a los agricultores la compra de los lotes sin más exigencia económica que su actitud productiva".⁶⁸ Sin embargo, este proyecto de ley nunca fue abordado por el Senado de la Nación.

Mejor fortuna tuvieron las leyes tendentes a proteger la situación de los arrendatarios y aparceros. Hasta tanto se aprobara la legislación definitiva, se sancionaron varias leyes que prolongaron las prórrogas de los arriendos y de sus rebajas. Finalmente, en septiembre de 1948 se aprobó una nueva ley de arrendamientos rurales y de aparcería que estableció, entre otras reformas, una duración mínima de los contratos de cinco años pero con la opción del arrendatario de prorrogarlo por tres años más, y la obligación del arrendador de proveer una casa habitación, con un mínimo de tres piezas. Además se facultaba al poder ejecutivo para revisar el precio de los arrendamientos cuando existiesen desequilibrios en los costos de producción o el valor de los productos.⁶⁹ En todos estos debates, tanto radicales como peronistas reconocían la necesidad de ofrecer soluciones estructurales al problema del acceso a la propiedad de la tierra, al tiempo que se abordaba una legislación "transitoria" para hacer frente a la amenaza de los desalojos al irse venciendo las sucesivas prórrogas de los contratos.

El radicalismo giró hacia la izquierda su discurso sobre la cuestión agraria a medida que los intransigentes fueron hegemonizando la línea política del partido. Ellos insistieron en que apoyaban las leyes de protección a los arrendatarios, pero las consideraban meros paliativos, hasta que se les garantizara el acceso a la propiedad de la tierra. En relación con la disputa ideológica en el interior del radicalismo, la cuestión agraria fue uno de los puntos nodales de diferenciación y debate. La crítica del radicalismo intransigente no tuvo reparos en manifestar pública y expresamente sus diferencias con las posiciones que, sobre política agraria, sostenían los sectores unionistas (es decir, el sector más conservador del partido).⁷⁰

Las diferencias internas en el radicalismo también se convirtieron, en algunos casos, en rupturas con el partido e incorporación al oficialismo. Entre los especialistas en temas agrarios, el caso más destacado fue el de Bernardino Horne.⁷¹ Este agrarista, ubicado ahora en el Instituto Agrario Argentino, ante el llamado a la Convención Constituyente, retomó su propuesta de 1938 y sugirió (aunque luego no se plasmó en la nueva Constitución) que "las tierras baldías u ociosas que no fueren trabajadas por sus dueños durante un periodo de diez años, pasarán al dominio de la nación".⁷² De todos modos sí se estableció, en la Constitución sancionada en 1949, que "la propiedad privada tiene una función social" y que "incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva" (artículo 38).

Frente a este agrarismo triunfante, se alzaron pocas voces disonantes en la esfera pública. Entre las posiciones que defendieron parcialmente el latifundio podemos mencionar un artículo de Mauricio Bunge, publicado en la misma Revista de Economía Argentina,⁷³ y algunas notas críticas a las expropiaciones publicadas en La Chacra.⁷⁴

Este punto del discurso "agrarista crítico" (1946-1948) fue acompañado por el momento más activo de las políticas colonizadoras, que incluyeron numerosas expropiaciones de latifundios en la región pampeana. En esos años, el Banco de la Nación Argentina, a cargo de las políticas de colonización, adquirió 410 704 ha con esta finalidad.⁷⁵ Pero, más allá de las extensiones involucradas, estas medidas tuvieron un efecto demostrativo de la voluntad colonizadora del gobierno, ya que se expropió al menos una gran propiedad en casi todos los partidos o departamentos de la región pampeana. Además, por primera vez en la historia argentina, los arrendatarios y aparceros contaban con diputados y senadores que eran receptivos de sus demandas por protección frente a los terratenientes, y que hacían suyos los pedidos de expropiación y colonización.⁷⁶

Sin embargo, las políticas de colonización, nacionales y provinciales, sólo afectaron alrededor de 5% del área que estaba ocupada por arrendatarios y aparceros. Esto fue así porque, en el mismo momento en que el discurso del "agrarismo crítico" llegaba a su clímax en términos de radicalidad y de silenciamiento de los discursos que se contraponían al mismo, se interrumpió el proceso colonizador. En octubre de 1948 se establecieron las primeras medidas tendentes a combatir la inflación, y se determinó que las reparticiones descentralizadas no iniciarían nuevos juicios de expropiaciones de campos, tierras y/o inmuebles.⁷⁷ Y en 1952 se incluyeron estas disposiciones en el Segundo Plan Quinquenal.⁷⁸ Más adelante, en 1954, se dictó una nueva ley de colonización que brindaba a los terratenientes mayores garantías que la ley de 1940 (pues, entre otras cosas, requería una ley de expropiación para cada caso específico).⁷⁹

Pero este giro no tuvo sólo una causa antiinflacionaria, sino que principalmente se debió al objetivo de estimular la producción, ya que había acontecido una grave reducción de la actividad agropecuaria (que se agravaría con las sequías de los años siguientes). La respuesta oficial fue tratar de transmitir tranquilidad a todos los productores rurales, incluyendo a los grandes estancieros. Concomitantemente, en el discurso de Perón fue cobrando creciente importancia la preocupación por lograr un aumento en la productividad agropecuaria,⁸⁰ pregonándose la "vuelta al campo". El Banco Nación lanzó una campaña de intensificación de la producción agropecuaria.⁸¹ Y esta preocupación productivista fue girando hasta tener una posición contraria a todo lo que pudiera llevar intranquilidad a los propietarios. El discurso de Perón pasó a ubicarse centralmente dentro de la estrategia que denominamos "agrarista moderada", y además incrementó su uso de elementos del discurso "ruralista moralizante", junto con nuevas modulaciones "criollistas" y propositivas de la armonía "rural-urbana", como ejes de sus campañas de propaganda hacia los sectores rurales.⁸² En sus discursos, la reforma agraria no desapareció pero se convirtió en algo gradual: "Deseamos que la tierra sea de quien la trabaja [...]. Lo que no queremos es cometer injusticias o errores. Deseamos ir despacio, conscientemente."⁸³ Como era de esperarse, la Sociedad Rural saludó estos cambios en el discurso y en la práctica.⁸⁴

Ahora bien, la crítica a un apresuramiento en el proceso de colonización no era privativa del propio Perón. De un modo un tanto sorprendente, encontramos en el discurso del dirigente socialista Nicolás Repetto una crítica al "delirio colonizador" y al "apresuramiento" de la colonización gubernamental. Allí también aparecen componentes del "agrarismo antiindustrialista" al referirse a "la obsesión industrialista de este gobierno".⁸⁵ Evidentemente, el antiperonismo del dirigente socialista le hacía olvidar casi por completo el "agrarismo crítico" que, aunque siempre atenuado, había caracterizado al Partido Socialista.⁸⁶

Habiendo reducido la significación de las medidas colonizadoras, a partir de finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, el discurso peronista sobre la cuestión agraria se centró en la exaltación de las bondades de la nueva ley de arrendamientos, como solución para el problema agrario argentino.⁸⁷ También observamos este planteo en las propagandas oficiales. Por ejemplo, en el número de enero de 1950 de la revista oficialista Mundo Agrario, una propaganda del gobierno se titulaba "¡Campo barato, para el que lo trabaja!", y allí se destacaba la rebaja en los precios de los arrendamientos, en lugar de las políticas de colonización a las que el título pareciera referirse.

Asimismo, hay que reconocer que la legislación sobre arrendamientos no se restringió a una cuestión legal sin efectos prácticos, sino todo lo contrario. Tanto por sus prórrogas sucesivas, como por la creación de organismos públicos que velaban por su cumplimiento,⁸⁸ las leyes sobre arrendamientos produjeron la pérdida del control de los campos por parte de los terratenientes rentísticos. Entonces muchos propietarios vendieron sus campos a los chacareros, ya que además encontraban que la renta que percibían se estaba licuando por la inflación (pues los cánones estaban congelados); sentían la amenaza (más concreta o más latente) de las expropiaciones, y, al mismo tiempo, si vendían tenían la posibilidad de contar con un importante capital a través del crédito oficial destinado a financiar la venta fraccionada de los latifundios.⁸⁹ En el largo plazo, alrededor de la mitad de los arrendatarios alcanzaron la propiedad de la tierra que trabajaban, mientras que el resto, especialmente los de menor escala, migraron hacia las ciudades, en algunos casos expulsados por terratenientes que habían encontrado argucias legales para hacerlo, y en otros casos simplemente atraídos por las oportunidades laborales que abría una industria en expansión.⁹⁰

Incluso los giros del gobierno peronista no desarmaron de modo automático el clima favorable a las transformaciones, que continuó durante varios años. Si observamos con más detalle, veremos que el tema del acceso a la propiedad de la tierra siguió estando presente en el discurso del propio Perón. Así, en el pequeño libro Perón y el campo —si bien después de ocho páginas dedicadas a otras cuestiones (como la recuperación de los ferrocarriles o la flota mercante nacional)— la novena fotografía se titula: "La tierra para quien la trabaja" y la página subsiguiente, "Subdivisión de la tierra". En esta última se critica abiertamente al latifundio, que hay que "destruir", y se afirma que "la tierra ya no pertenece a una clase privilegiada". Como en 1945, el gobierno seguía interpelando a los chacareros para que se movilizasen en defensa de las "conquistas defendidas", tal como se titula otra página del librito que muestra una movilización de cooperativistas agrícolas.⁹¹

Por último, podemos agregar que los especialistas agrarios enrolados en la izquierda que se acercó al peronismo continuaron bregando por una gran reforma agraria. Así lo hicieron, por ejemplo, en el "Congreso de los Hombres de Buena Voluntad", realizado en 1951.⁹² Dos años más tarde, un miembro de este grupo, Reinaldo Frigerio, insistía en la necesidad de que se profundizase el proceso de colonización a través de la expropiación pagada con títulos públicos.⁹³

Reflexiones finales

A lo largo de este artículo hemos podido observar cómo el discurso agrarista crítico del latifundio fue consolidándose en la opinión pública nacional y se tradujo en medidas que fueron teniendo cada vez más impacto sobre la realidad agraria. Recordemos que recién en 1921 se logró una primera medida legislativa concreta, a partir de la emergencia de un actor social que sustentó esta discursividad y trasladó físicamente la demanda con una movilización chacarera en la propia capital de la República. A lo largo de las dos décadas siguientes, y en el contexto de crisis del modelo económico agroexportador, este discurso agrarista crítico fue ganando espacios; incluso fue apropiado por algunos líderes políticos nacionalistas—conservadores. Mientras tanto, el discurso antiintervencionista y favorable al latifundio perdía presencia y asumía una posición netamente defensiva, teniendo que aceptar los objetos y conceptos del agrarismo, situándose entonces dentro de la misma formación discursiva. En la segunda mitad de la década de los treinta y principios de la siguiente, los gobiernos conservadores crearon institutos colonizadores y sancionaron impuestos especiales sobre los latifundios. Sin embargo, estas medidas no tuvieron real efectividad, por lo cual no podríamos catalogar estas políticas agrarias como una verdadera "revolución pasiva" llevada adelante por los conservadores. De todos modos, la legitimación de las demandas chacareras, ahora emitidas desde la cúspide del poder político y reproducidas de un modo amplio por casi todos los medios, habría instalado buena parte de los enunciados del agrarismo crítico en el sentido común (brindando luego consenso a las políticas implementadas por el peronismo).

Con el golpe militar de 1943 y, en especial, con el ascenso de la figura política de Perón, el agrarismo crítico se convirtió en una real estrategia política. Una nueva alianza de clases en el poder (que articulaba fracciones de la burguesía industrial y el conjunto de la clase obrera, urbana y rural) reconoció concretamente un lugar dentro de la misma a los chacareros, a expensas de los terratenientes (aunque el peronismo también incorporó a su gobierno a grandes estancieros). Hubo, entonces, en particular durante la segunda mitad de la década de 1940, un importante proceso de colonización, tanto directo como indirecto (por la presión ejercida sobre los terratenientes para que vendieran los campos a sus inquilinos). De todos modos, a partir de 1948 asistimos a un giro discursivo y político por parte de Perón, frenándose el proceso colonizador oficial y reduciéndose las medidas agrarias, limitadas ahora a la mejora de las condiciones de los arrendamientos (por cierto, muy importante). Este viraje no se debió a una derrota ideológica del agrarismo crítico, sino a la necesidad económica de aumentar la producción agrícola, para lo cual se evaluó que era imprescindible transmitir "tranquilidad" a todos los productores (incluyendo a los grandes estancieros). En este sentido, podría considerarse este giro como un ejemplo de la forma en que la lógica de reproducción del capitalismo funciona como un mecanismo defensivo de la dominación de clase, por encima de sus derrotas en el plano ideológico.⁹⁴ Sin embargo, a pesar de la moderación en el discurso y el accionar peronistas, como señala Lattuada, "los terratenientes y la oligarquía nunca perdonarían haber sido denostados públicamente, desplazados en forma permanente del poder político y cercenados en su vía de ingresos más tradicional –la renta de la tierra".⁹⁵

Con el derrocamiento del peronismo en 1955, el discurso antiintervencionista retomó la iniciativa (en contraste con la actitud netamente defensiva de las décadas anteriores) y se fue plasmando en las plataformas de los partidos derechistas (en Argentina denominados "de centro").⁹⁶ Entre los elementos novedosos que se incorporaron a esta formación discursiva, podemos destacar tres: su inscripción en la lucha internacional contra el comunismo, un énfasis en la relevancia de la cuestión tecnológica por sobre las cuestiones estructurales (esta línea iría cobrando cierta independencia respecto del discurso liberal-conservador) y la idea de que la reforma agraria "ya había ocurrido" durante el peronismo. Así, encontramos este argumento en un artículo de Garbarini Islas, presidente del Museo Social Argentino, entidad característica de los liberales reformistas de los años veinte y treinta que, para los cincuenta, había abandonado por completo toda propuesta de modificación de la realidad social agraria.⁹⁷ Los intelectuales de la clase dominante habían descubierto los peligros de jugar con la revolución pasiva.

Fuentes consultadas

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Notas

* Agradezco las inteligentes sugerencias realizadas por los evaluadores del manuscrito. Este artículo fue realizado bajo el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

¹ La Sociedad Rural Argentina, creada en 1866, es la entidad que tradicionalmente ha representado a los grandes propietarios, mientras que las Confederaciones Rurales Argentinas, constituidas en 1943, concentran un conjunto de confederaciones y federaciones que, a su vez, unifican a alrededor de 300 sociedades rurales de cada uno de los departamentos del país, de modo que ha representado, en grandes líneas, a los estancieros de alcance local. Entre las entidades regionales que conforman las Confederaciones Rurales Argentinas se destaca la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa que fuera fundada en 1932.

² Lázzaro, "Impuesto", 1991; Llovet, "New", 2000, y Hora, Terratenientes, 2002.

³ Therborn, Ideología, 1991.

⁴ Véase Balsa, "Hegemonías", 2007.

⁵ Foucault, Arqueología, 1970.

⁶ Barsky, "Evolución", 1997.

⁷ Sobre las posibilidades de integración de los agricultores en una burguesía propietaria y cómo se fueron cerrando estas posibilidades, véase Balsa, "Conformación", 1993. Para más detalles sobre la estructura agraria pampeana véanse Pucciarelli, Capitalismo, 1986, y Balsa, Desvanecimiento, 2006, cap. 1.

⁸ Véase síntesis de las propuestas de Sarmiento y Avellaneda en Barsky, Posada y Barsky, Pensamiento, 1992.

⁹ Véase Barba, Autonomistas, 1976.

¹⁰ Un detalle de este proceso puede seguirse en Gaignard, Pampa, 1989.

¹¹ Halperín, Nación, 1982, pp. 120-138. El mismo autor también ha analizado la emergencia, en las primeras décadas del siglo XX, de un discurso crítico al modelo agroexportador, en Halperín, "Canción", 1984.

¹² La explicación de esta ausencia discursiva tal vez se encuentre en cierta dificultad doctrinal que tenía el liberalismo clásico para argumentar en favor de los grandes latifundios y en contra del acceso a la propiedad por parte de los pequeños o medianos agricultores. Véase la larga argumentación que había tenido que realizar John Locke para justificar la propiedad privada de la tierra (y más aún de grandes propiedades), cuando su fundamentación de la propiedad era que constituía el producto del trabajo humano, e incluso había afirmado que la medida de su propiedad vendrá fijada por la cantidad de tierra que un hombre labre, siembre, cuide y cultive. Locke, Segundo, 1991, cap. V.

¹³ Un análisis detallado de la marcha y su contexto se encuentra en Balsa, "Chacareros", 2011.

¹⁴ El petitorio se encuentra en La Nación, 28 de agosto de 1921, p. 5; La Vanguardia, 27 de agosto de 1921, pp. 1-2, y Diecidue, "Apuntes", s. a., pp. 880-882.

¹⁵ Según Rodolfo Puiggrós "conservadores, radicales antiyrigoyenistas y socialistas coincidieron con los principales diarios –La Prensa, La Nación y La Razón– en rodear la marcha de los chacareros sobre Buenos Aires de una entusiasta publicidad", en Puiggrós, Yrigoyenismo, 1974, p. 126.

¹⁶ Sobre la alianza transitoria que hicieran la Federación Agraria Argentina y la Federación Obrera Regional Argentina en el IX Congreso, véase Volkind, "Acuerdo", 2009.

¹⁷ La Vanguardia, 28 de agosto de 1921, p. 2 (según versión taquigráfica del diputado De Tomaso).

¹⁸ Girbal-Blacha, Estado, 1988. En la Provincia de Buenos Aires, tampoco prosperaron proyectos similares impulsados por el gobernador radical, José Camilo Crotto, en Ruffini, "Aspecto", 1993.

¹⁹ Girbal-Blacha, Estado, 1988, p. 22.

²⁰ Ibid., p. 21.

²¹ Barsky, "Caída", 1988, p. 96.

²² Hora, Terratenientes, 2002, p. 275.

²³ Ibid.

²⁴ Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, 1928, t. V, p. 599.

²⁵ Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, 18 de septiembre de 1929, pp. 596-598.

²⁶ Para un análisis más detallado de las distintas posiciones sostenidas en el debate en la Cámara de Diputados, véase Llovet, "New", 2000, pp. 73-98.

²⁷ Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, 18 de septiembre de 1929, pp. 604-608.

²⁸ Foucault, Arqueología, 1970.

²⁹ Liga, Congreso, 1935, sesiones del 29, 30 y 31 de agosto de 1935.

³⁰ Instituto, Memoria, 1938, y Memoria, 1940. De igual manera, para mensurar la significación de esta política, hay que tener en cuenta que la Provincia de Buenos Aires poseía una superficie destinada a la agricultura y la ganadería de unos 25 000 000 de hectáreas.

³¹ "Inauguración de la primera colonia agrícola", discurso pronunciado el 15 de mayo de 1937, en Fresco, Acción, 1941, pp. 91-92.

³² Discursos pronunciados entre los agrarios de Olavarría, 3 de abril de 1938, en ibid., 1941. p. 108.

³³ Discurso pronunciado por el gobernador doctor Manuel A. Fresco, en Lincoln, ante una concentración de agricultores organizada por la Federación Agraria Argentina, 20 de septiembre de 1936, en ibid., pp. 28-39.

³⁴ Ibid. Véase sobre la política y los discursos de Fresco y sobre la cuestión agraria, en Balsa, "Política", 2010.

³⁵ Un detalle de estas legislaciones provinciales en Horne, Nuestro, 1937. En particular, sobre la política fiscal de Sabattini sobre la gran propiedad, véase Converso, "Impuesto", 2008.

³⁶ "Colonización", La Nación, 21 de junio de 1936.

³⁷ Para más información sobre el articulado de la mencionada ley y su trámite parlamentario, véase Horne, Política, 1942.

³⁸ Estudio detallado del proyecto y el contexto de su aprobación, en Lázzaro, "Impuesto", 1991.

³⁹ Sin embargo, luego de sancionada la ley, el Partido Socialista la apoyó desde su órgano de prensa, véase "El mal del latifundio. Debe acentuarse la política insinuada en la legislatura de la provincia de Buenos Aires", La Vanguardia, 25 de octubre de 1942, p. 1.

⁴⁰ Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Diario de Sesiones, 7 de octubre de 1942.

⁴¹ Lo que fue duramente criticado por el diputado conservador Mujica Garmendia: "Desde la sombra se libran las batallas que duele dar de frente, y suele ser más fácil ganarlas sin afrontar claramente las responsabilidades. El capitalismo sabe bien cómo defenderse, y ha aprendido ya a encubrir su propio y egoísta interés con el rótulo eficaz y convincente del interés general", en Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Diario de Sesiones, 7 de octubre de 1942.

⁴² Sociedad, Gran, 1943, p. 13.

⁴³ Cámara, Ley, 1943.

⁴⁴ Sociedad Rural Argentina, Anales, vol. 75, núm. 5, 1941, pp. 365-367.

⁴⁵ Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, 2 de septiembre de 1941, t. III, p. 788.

⁴⁶ Estamos retomando aquí la propuesta de análisis de la dominación ideológica de Therborn, Ideología, 1991, que reformulamos para el estudio de la hegemonía en Balsa, "Tres", 2006.

⁴⁷ Bunge, Nueva, 1940.

⁴⁸ Crítica, 29 de abril de 1940, en Hora, Terratenientes, 2002, p. 327.

⁴⁹ Taylor, Rural, 1948. Sobre la vida de Taylor y su trabajo en Argentina, véase Balsa, "Rural", 2008.

⁵⁰ Una revolución pasiva sería un proceso de transformación "desde lo alto" en el que se recuperase una parte de las demandas "de abajo" (previa reconceptualización), pero quitándoles toda iniciativa política autónoma. Véase un desarrollo de estas cuestiones en Balsa, "Tres", 2006.

⁵¹ Sobre la relación entre discurso dominante y sentido común, véase Raiter, Lenguaje, 2003, y Javier Balsa, "Discurso, prática e praxis nas três lógicas de disputa pela hegemonia", conferencia inaugural del V Simposio Nacional Estado e Poder: Hegemonia, São Gonçalo-Niterói, 7 de octubre de 2008, <http://www.simposiohegemonia.pro.br/>.

⁵² Laclau, Política, 1978.

⁵³ Un detenido estudio de las políticas de Mason en Tecuanhuey, Revolución, 1988.

⁵⁴ Véanse detalles del despliegue de la cuestión agraria en la coyuntura de 1945 y comienzos de 1946 en Lattuada, Política, 1986.

⁵⁵ Discurso en el almuerzo del "Prado Español" de San Andrés de Giles, el 30 de noviembre de 1944, en Presidencia, Campo, 1952, pp. 10-11.

⁵⁶ Declaraciones en la conferencia de prensa del 17 de noviembre de 1944, por el Estatuto del Peón, reproducido en Presidencia, Campo, 1952, p. 10. De cualquier forma, esta fuerte presencia de la estrategia "crítica" del discurso agrarista de Perón, no implicaba que ocasionalmente no hiciera uso de la formación discursiva "moralizante", por ejemplo en el discurso en el Consejo Agrario Nacional del 8 de agosto de 1945, en Perón, Doctrina, 2005, p. 12.

⁵⁷ Discurso en el Consejo Agrario Nacional, 8 de agosto de 1945, en Perón, Doctrina, 2005, pp. 170-171.

⁵⁸ "Todos los bienes del mundo que están en el comercio son igualmente respetables, porque todos han sido adquiridos con frutos del trabajo y del ahorro, sin excluir la propiedad de la tierra, porque si el dueño no la creó, creó los recursos pecuniarios con que compró su finca", Sociedad Rural Argentina, Anales, 1945, t. II, pp. 519-521.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Intervención de José Grottadaura, en Instituto, Reseñas, 1946, p. 29.

⁶¹ Véase por ejemplo el artículo de Rafael Garcilaso, "El sistema agrario de Rivadavia", La Chacra, agosto de 1945.

⁶² La Chacra, octubre de 1945, pp. 6-7.

⁶³ Es cierto que en el mismo número también se editó, tal vez a modo de compensación, un reportaje a Ramón Cárcano titulado "En el fondo de toda alma argentina hay un estanciero", pero ubicado más hacia el centro del número, La Chacra, octubre de 1945, p. 36.

⁶⁴ Palacios, Enfiteusis, 1940, y Molinari, Drama, 1944, reedición de la Ley de Colonización y la Enmienda Palacios de 1940 con el agregado de un capítulo final reseñando su labor a cargo del Consejo Agrario Nacional.

⁶⁵ Véase la fundamentación de esta propuesta en Molinari, Drama, 1944, cap. X.

⁶⁶ "Problemas de la hora: nacionalización y libertad de trabajo", La Tierra, 26 de abril de 1946, p. 1; "No hagamos parodia de la Enfiteusis", La Tierra, 3 de mayo de 1946, p. 1; "El arrendamiento valorado en subasta pública", La Tierra, 10 de mayo de 1946, pp. 1-2; "El Estado en función terrateniente", La Tierra, 14 de mayo de 1946, p. 1; "Terminemos con la aventura colonizadora", La Tierra, 31 de mayo de 1946, pp. 1-2, y "¿Estado terrateniente?", La Tierra, 21 de junio de 1946, p. 1.

⁶⁷ El avance del "agrarismo crítico" alcanzó incluso espacios relativamente más académicos, como el Instituto Agrario Argentino y la Revista de Economía Argentina. Véanse, por ejemplo, Corominas, "Hacia", 1946; el plan que presentó el instituto al presidente del Banco Central, en Instituto, Reseñas, 1946; el análisis de la Ley de colonización, en Instituto, Reseñas, 1947; Cocca, "Problema", 1947, y García, "Problema", 1949.

⁶⁸ Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, 22 de agosto de 1946, t. III, pp. 230-231.

⁶⁹ La ley fue sancionada por unanimidad, ya que incluso el diputado conservador Reynaldo Pastor, del Partido Demócrata Nacional, acompañó su aprobación. Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, 3 de septiembre de 1948, t. IV, p. 3465.

⁷⁰ Véase, por ejemplo, Liceaga, Caso, 1950, pp. 115-116.

⁷¹ Además de impulsor de la Ley 12636 como diputado nacional radical en 1940, él había sido presidente de la Asamblea General del Movimiento de Intransigencia y Renovación Radical en enero de 1947. Pero a principios de 1948, junto con otros radicales como Farías Gómez, Gabriel Kairuz, Antonio Lilué y Homero Manzione, conocido popularmente como Homero Manzi, tuvo una entrevista con Perón, y constituyeron en octubre de ese año el Movimiento Radical Revolucionario y fueron expulsados de la Unión Cívica Radical. García, Antiperonistas, 2005, pp. 88-89.

⁷² Horne, "Bases", 1948, pp. 303-313.

⁷³ Bunge, "Latifundio (partes I y II)", 1947. Mauricio era hijo del fallecido Alejandro Bunge y director de varias sociedades anónimas, según se detalla en Pantaleón, "Surgimiento", 2004, p. 184.

⁷⁴ "La expropiación debe hacerse con justicia", La Chacra, agosto de 1947, pp. 24-25; "¿Cómo será distribuida la tierra a los chacareros?", La Chacra, septiembre de 1947, pp. 12-13, y "La forma de enajenación no resultaría equitativa", La Chacra, diciembre de 1947, pp. 16-17, en este último se criticaba la posibilidad de que las expropiaciones se efectuasen con base en la valuación fiscal de los campos.

⁷⁵ Consejo, Colonización, 1977.

⁷⁶ Tal como se reseña en Blanco, Reforma, 2007.

⁷⁷ Lattuada, Política, 1986, p. 136.

⁷⁸ Presidencia, Perón, 1952, pp. 23-24.

⁷⁹ Lattuada, "Peronismo", 2002.

⁸⁰ "Discurso", 1950, pp. 4-5.

⁸¹ Véase en Girbal, Mitos, 2003.

⁸² Vemos así, por ejemplo, en la publicación con fotografías dedicada a promocionar la labor de Perón, en relación con el campo, que una página se titula "Armonía de intereses". La imagen muestra una industria de hilado y el texto explica que "el proceso de industrialización estimulado por el gobierno de Perón que vinculó a los intereses de los industriales y de los hombres de campo, pues ofreció a unos abundante materia prima y a los otros la certeza de valorizar su producción", en Presidencia, Perón, 1950.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Sociedad, Informe, 1953, pp. 26-27.

⁸⁵ Repetto, Paso, 1959, p. 297.

⁸⁶ Sobre las propuestas agrarias clásicas del Partido Socialista, véase Graciano, "Agro", 2006.

⁸⁷ Emery, "Política", 1951.

⁸⁸ Palacio, Paz, 2004.

⁸⁹ Por ejemplo, los créditos otorgados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en Girbal, Historia, 1993, pp. 88-89.

⁹⁰ Un análisis detallado de este proceso en Balsa, Desvanecimiento, 2006, cap. II.

⁹¹ Presidencia, Perón, 1950.

⁹² Este encuentro fue inaugurado por el propio Perón, véase Congreso, "Cuestión", 1951. Este congreso fue organizado desde el Instituto de Estudios Económicos y Sociales, que dirigía Juan Unamuno, y concentraba a los socialistas cercanos al gobierno, pero donde también convergieron intelectuales nacionalistas y los comunistas rebeldes (tanto del Movimiento Obrero Comunista, de Puiggrós y Astesano, como Isaac Libenson). Tal vez fue la primera articulación de la "izquierda nacional", como la caracteriza Acha, quien describe al Congreso como parte de la campaña electoral que llevaría a Perón a su segunda presidencia, en Acha, Nación, 2006, pp. 138-139.

⁹³ Frigerio, Introducción, 1953, pp. 82-85.

⁹⁴ Sobre estas cuestiones, véase Therborn, ¿Cómo?, 1998.

⁹⁵ Lattuada, "Peronismo", 2002.

⁹⁶ Una síntesis de las propuestas partidarias de la derecha y su confluencia ideológica con la Sociedad Rural Argentina y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa se encuentra en Lattuada, Política, 1987.

⁹⁷ Garbarini, "No", 1958, pp. 5-7.

Información sobre el autor

Javier Balsa

Magíster en Ciencias Sociales otorgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, siendo actualmente director de su licenciatura en Ciencias Sociales. Es autor de La crisis de 1930 en el agro pampeano, Buenos Aires, Centro Editor América Latina, 1994, 125 pp., y El desvanecimiento del mundo chacarero, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2006, 324 pp., además de numerosos capítulos y artículos de historia agraria, sociología rural, metodología y teoría política. Actualmente investiga cuestiones teóricas sobre la hegemonía y el discurso, perspectiva con la que estudia las disputas en torno a los modelos de desarrollo agrario en Argentina. Correo electrónico: <jjbalsa@unq.edu.ar>.