Am. Lat. Hist. Econ., núm. 32, julio-diciembre, 2009, pp. 209-218. http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALH

Reseñas

Leonor Ludlow y María del Pilar Martínez López–Cano (coords.),
Historia del pensamiento económico: del mercantilismo al liberalismo,
IIH–UNAM/Instituto Mora, 2007, 286 pp.

Durante las últimas décadas, el estudio del pensamiento económico ha cobrado una renovada importancia en los círculos universitarios del mundo hispánico. En España, particularmente, la recuperación y análisis de textos clásicos sobre economía política han recibido un impulso notable con la reciente publicación, dirigida por Enrique Fuentes Quintana, de la obra titulada Economía y economistas españoles.¹ En México, esta labor de recuperación del pensamiento económico hispánico ha sido desarrollada, en buena medida, por el seminario interinstitucional dirigido por Leonor Ludlow y María del Pilar Martínez López–Cano, con sede en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La obra aquí reseñada –Historia del pensamiento económico: del mercantilismo al liberalismo– es fruto del esfuerzo colectivo de este grupo de investigación. Es preciso señalar que las versiones preliminares de estos textos fueron presentadas en el Segundo Congreso de la Asociación Mexicana de Historia Económica, celebrado en la Facultad de Economía de la UNAM en octubre de 2004.

El propósito de este libro es doble: por un lado, apunta a rescatar la obra de diversos pensadores, algunos de ellos poco conocidos, a través de una serie de artículos especializados; por otro, busca ilustrar, a través de estos mismos textos, las principales pautas en el desarrollo del pensamiento económico colonial y su transición hacia los principios del liberalismo económico. Es precisamente en esta dualidad de objetivos que radica tanto el principal interés como la tensión estructural de la obra. Claramente, la labor de recuperación de autores poco conocidos, así como el uso de fuentes poco convencionales, representa un acierto de primer orden, mientras que el estudio de autores clásicos, abordado desde la perspectiva de la historiografía más reciente, representa una contribución valiosa al estudio de la economía política en el mundo hispánico. Por otro lado, la diversidad temática y cronológica de los artículos, así como su variedad de perspectivas, enfoques y método, repercute, hasta cierto punto, en la cohesión general del libro. Ciertamente, el hecho de que los artículos compendiados puedan ser leídos como una serie de muestras que ilustra, a través de su diversidad misma, la transición del mercantilismo al liberalismo, puede ser considerado como uno de los aciertos de esta obra. Sin embargo, se echa de menos una perspectiva metodológica que introduzca al lector en las diversas etapas a las que pertenecen las contribuciones compendiadas, así como en su utilidad para comprender la transición entre el pensamiento económico imperial y aquel que corresponde a los primeros años del México independiente. Por otra parte, es preciso señalar que la perspectiva historiográfica de esta obra se encuentra sólidamente cubierta por el excelente prólogo de Carlos Manchal, así como por la introducción presentada por Leonor Ludlow y María del Pilar Martínez López–Cano. Habiendo señalado estos elementos, pasemos ahora al recuento de cada uno de los textos.

En "La ciencia del gobierno, la economía política y la utilidad en el ideario de Campomanes y Jovellanos", José Enrique Covarrubias se propone precisar la corriente del pensamiento económico a la que pertenecen las obras de estas dos figuras centrales del siglo XVIII español, basándose en su concepto de economía política y, a un tiempo, en su idea de utilidad económica. En este sentido, el objetivo fundamental del artículo consiste en señalar la naturaleza moral y filosófica del pensamiento de Campomanes y Jovellanos, en contraposición al carácter plenamente económico –en el sentido actual del término– de la obra de algunos de sus contemporáneos más destacados.

La propuesta de Covarrubias establece, de hecho, un diálogo directo con algunas de las contribuciones más recientes sobre el tema. Concretamente, se trata del artículo de Vicent Llombart Rosa titulado "El informe de ley agraria de Jovellanos", así como el texto de Enrique Fuentes Quintana titulado "Una aproximación al pensamiento económico de Jovellanos a través de las funciones del Estado", ambos contenidos en el volumen III de la mencionada obra Economía y economistas españoles. En efecto, Covarrubias señala la contradicción entre la perspectiva sobre el pensamiento de Jovellanos presentada por Llombart Rosa y aquella definida por Fuentes Quintana. La primera, basada en las ideas de interés, propiedad y utilidad social de Jovellanos, define su obra como perteneciente a una fase de pensamiento utilitario previa a la introducción de la economía política liberal de Adam Smith. Por el contrario, Fuentes Quintana señala la influencia de Smith en el pensamiento de Jovellanos, lo cual convierte al pensador español en un innovador importante. De acuerdo con Covarrubias, la diferencia entre la posición de ambos autores sólo puede ser dirimida desde una perspectiva filosófica, lo cual establece el objetivo ulterior de su propia lectura de Jovellanos y Campomanes.

Esta lectura se desarrolla a partir de la concepción de la economía política como ciencia de gobierno en la obra de ambos autores españoles. Así, la percepción de la decadencia española aparece como resultado de una serie de faltas en la aplicación de sus principios, particularmente en la permanente innovación requerida por las artes prácticas. De manera análoga, Jovellanos define la economía política como elemento fundamental en la ciencia de gobernar. Esta aparece definida por la atención a los conceptos de utilidad, razón y justicia, los cuales se presentan de manera interdependiente y estrechamente relacionada. En términos generales, el origen de estos conceptos puede ser trazado hasta Cicerón, aunque, en el caso del pensamiento español, su difusión aparece marcada por la obra de Feijoo y por el apoyo oficial recibido por el padre benedictino como parte del programa de reformas iniciado por el gobierno de Felipe V. Por otra parte, el esquema de las tres utilidades aparece también en la influyente obra de Montesquieu Del espíritu de las leyes.

Covarrubias señala que la exposición de estos principios en las obras de Feijoo y Montesquieu revela una concepción de la utilidad, definida, en una gran parte, por preceptos morales, hasta el punto en que no resulta posible identificarla como pensamiento económico en el sentido moderno del término. Sin embargo, el autor concluye que Campomanes y Jovellanos se encuentran más cercanos a autores como Montesquieu, Galiani y Hume que al mismo Feijoo, estableciendo, de esta manera, su nexo con una ciencia de gobierno que experimentaría una transformación hacia el reconocimiento de la dimensión específicamente económica de la vida social.

En "La importancia del transporte en el pensamiento económico de España en la primera mitad del siglo XVIII", Clara Elena Suárez Arguello se propone estudiar la importancia de la infraestructura de caminos y obras públicas en el pensamiento de Gerónimo de Uztáriz, Bernardo de Ulloa, José del Campillo y Bernardo Ward. El artículo es altamente descriptivo y posee el acierto de identificar claramente las opiniones que los autores estudiados expresaron sobre el tema. De manera análoga, la autora menciona la importancia de la institucionalización de la ingeniería militar como elemento fundamental en el desarrollo de la infraestructura permanente promovida por el Estado borbónico. Es preciso señalar, sin embargo, que el texto podría haberse beneficiado de la producción historiográfica española sobre este último tema, la cual, año con año, se incrementa en calidad y volumen.

En "El comercio exterior y las colonias antillanas en el pensamiento de Josiah Child y John Cary, 1660–1700", Johanna von Grafenstein señala la importancia atribuida a las colonias caribeñas en el pensamiento económico inglés de la restauración, así como su influencia en la concepción y desarrollo de la primera fase de las reformas borbónicas.

De acuerdo con la autora, la llamada crisis general del siglo XVII condujo a una renovación de la estructura estatal entre algunas de las principales potencias de Europa, generando una nueva oleada de expansión colonial y transatlántica que, a su vez, trajo consigo una serie de conflictos de naturaleza marítima y comercial, tales como las tres guerras Anglo–Holandesas, la guerra Franco–Holandesa y la guerra de los Nueve Años. El imperio español, por su parte, se mantuvo al margen de las transformaciones experimentadas por sus principales competidores en la expansión transatlántica y padeció, de manera dramática, la renovada eficacia de sus organizaciones estatales, expresada –concretamente– en el incremento de sus capacidades comerciales, navales y militares. Por otra parte, la política de protección comercial seguida por la monarquía inglesa a través de las sucesivas Actas de Navegación tuvo resultados exitosos, desplazando progresivamente a las Provincias Unidas de la preponderancia en el comercio marítimo. De manera paralela, el desarrollo del sistema de deuda pública, la circulación del papel moneda y la creación de instrumentos de crédito transferible consolidaron la posición internacional de las élites mercantiles inglesas.

Así, mediante los escritos de dos influyentes figuras de la comunidad mercantil, Von Grafenstein aborda el primer debate inglés acerca de la utilidad de establecer colonias ultramarinas. La autora señala una transición desde la opinión generalizada en contra del establecimiento de colonias –basada en la creencia de que tanto los altos costos de defensa como la diáspora de manos útiles tendrían un impacto negativo en las utilidades del comercio– hacia la posición opuesta, basada en la idea de que el comercio exterior –sostenido por una balanza favorable– representaba la principal fuente de riqueza nacional. De esta forma, Von Grafenstein analiza la gestación de los preceptos fundamentales del mercantilismo inglés, con el objeto de señalar su influencia entre las principales figuras del mercantilismo español de la centuria siguiente. La solidez y la originalidad de este artículo no precisan ser enfatizadas, y queda esperar que, en el futuro próximo, una nueva contribución por parte de la autora enriquezca los estudios sobre el pensamiento económico español del siglo XVIII.

En "¿Flotas o compañías?: sobre el comercio colonial en la obra de Gerónimo de Uztáriz", Matilde Souto Mantecón se propone elucidar la posición de este clásico del mercantilismo español con respecto al sistema más conveniente para la organización del comercio transatlántico. Con este propósito, la autora confronta la obra fundamental de este autor –la influyente Teórica y práctica de comercio y de marina– con la Aprobación que él mismo preparó para la edición española del libro de Pierre Daniel Huet titulado Comercio de Holanda (1717). En este sentido, el texto trasciende su propósito inmediato –la discusión sobre las propuestas de Uztáriz con respecto al sistema de flotas y el establecimiento de compañías comerciales– para convertirse en un detallado análisis de las mentes de la Teórica y práctica, así como un estudio de su función política en el contexto de la interacción de los diversos grupos de interés que incidieron en la definición de la política económica de Felipe V. Así, el artículo de Souto representa una valiosa continuación de las líneas de investigación originalmente abiertas por Julio Caro Baroja y continuadas por la más reciente obra de Reyes Fernández Duran.

En "Juan Manuel de Olivan Rebolledo (1676–1738): pensamiento y obra de un mercantilista novohispano", Iván Escamilla González aborda las propuestas elaboradas por la Junta de Arbitrios de Real Hacienda, convocada a instancias de Joseph Patino en 1727. La obra de esta comisión se encuentra circunscrita en el contexto general de los esfuerzos del gobierno de Felipe V por incrementar las rentas de la corona en los , territorios americanos. La instancia, de hecho, había sido remitida al. Consejo de Indias en 1726 y, al año siguiente, Felipe V instruyó al nuevo virrey de Nueva España, marqués de Casa Fuerte, para la creación de un consejo de notables que estudiase la posibilidad de elevar el gravamen a los artículos de lujo introducidos por el navio de permiso inglés, así como la posibilidad de crear un estanco real de productos agrícolas. De esta forma, la Junta de Arbitrios, compuesta tanto por altos funcionarios de la Real Hacienda como por dirigentes del Consulado de Comerciantes de México, entró en funciones durante tres periodos comprendidos entre 1727 y 1730. Ciertamente, el recurso de convocar juntas para el estudio de las posibilidades de incrementar los ingresos de la Real Hacienda no era novedoso. Lo que resultaba musitado, de acuerdo con el autor, era la participación de miembros del Consulado en estas deliberaciones.

Las propuestas formuladas por la Junta fueron diversas en alcance y trascendencia, prefigurando, algunas de ellas, las reformas de libre comercio imperial introducidas bajo Carlos III. En efecto, se analizó, por un lado, la posibilidad de limitar los impuestos pagados por productos novohispanos al salir de Veracruz, así como el incremento en los derechos de importación de mercancías de lujo. De mucha mayor consecuencia fue el reclamo de la apertura del comercio con Filipinas, así como la presentación de un ambicioso plan para la reforma del comercio imperial basado en la legalización del tráfico comercial entre Perú y Nueva España. Los argumentos de la Junta se encontraban basados en la incapacidad del comercio español para cubrir las necesidades de ambos virreinatos, lo que inevitablemente redundaba en la introducción de géneros y manufacturas extranjeros, en manifiesto perjuicio de la industria local y en claro detrimento de las arcas reales. Como resultado, la propuesta se encontraba articulada como un plan de interdependencia comercial entre Perú y Nueva España, por un lado, y la España peninsular por el otro. El libre intercambio de productos entre ambos virreinatos permitiría a sus comercios satisfacer la demanda local, contrarrestando, así, la necesidad de introducir productos extranjeros. Este mecanismo tendría como resultado un incremento en las alcabalas, lo cual, a su vez, repercutiría de manera favorable en el comercio peninsular, el cual completaría las ecuación tripartita con la introducción de sus propios productos en el nuevo sistema comercial.

El autor concluye qué el verdadero impacto de las propuestas de la Junta de Arbitrios se limitó a la generación de expectativas entre los criollos de la ciudad de México. En efecto, Escamilla señala que tanto el marqués de Casa Fuerte como la administración de Patino rechazaron abruptamente la propuesta, dado que atentaba directamente contra la preponderancia peninsular en el esquema del sistema trasatlántico. Es preciso señalar, por otra parte, que el autor formula una segunda conclusión respecto de la actividad de la Junta de Arbitrios. Esta segunda conclusión funciona, en términos prácticos, como eje narrativo del texto y, por ende, requiere una mención separada.

Escamilla sugiere que las propuestas de la Junta estuvieron definidas por la influencia de Juan Manuel de Olivan y Rebolledo, miembro de la Audiencia de México entre 1712 y 1738. Como figura destacada de este tribunal, Olivan representaba –de hecho– los intereses de la élite criolla, en particular de la oligarquía minera y ganadera de Zacatecas. Así, no resulta sorprendente la concordancia entre los intereses de Olivan y los intereses de la Junta de Arbitrios. Lo que resulta ciertamente notable es la manera en que el autor rastrea los mecanismos empleados para la publicidad de estos intereses. En efecto, Escamilla traza un paralelo entre las propuestas de la Junta y la licencia redactada por Olivan para la traducción castellana de un oscuro panfleto que circuló en Europa durante la guerra de Sucesión española. En esta licencia, según el autor, Olivan expuso un programa completo para la renovación de las manufacturas hispanas, así como una propuesta para el establecimiento de un sistema de libre comercio imperial análogo al propuesto por la Junta de Arbitrios en 1727. Desde esta perspectiva, Escamilla señala la posibilidad de que la versión castellana de este panfleto, publicada en 1728, haya representado un aspecto de la estrategia concertada por el oidor Olivan para promover las propuestas de la Junta de Arbitrios en el contexto del debate sobre la reforma del comercio imperial que entonces tenía lugar en el gobierno de Patino.

En "La percepción del comercio transPacífico y el giro asiático en el pensamiento económico español", Carmen Yuste se propone, a través del análisis de una serie de textos, identificar cuatro aspectos comunes al pensamiento económico español del siglo XVIII: la importancia concedida al comercio realizado por el galeón de Manila como factor de competencia con el tráfico de la Carrera de Indias; la perspectiva novohispana del entorno mercantil filipino; la percepción de la competencia de otras naciones europeas en el ámbito mercantil asiático y, por último, la importancia concedida al comercio español en esta misma región, así como los posibles mecanismos para transformarlo en una fuente significativa de ingresos para la Real Hacienda. Siguiendo esta pauta, la autora señala la existencia de dos grandes líneas de argumentación respecto a la participación española en el potencialmente lucrativo comercio asiático. La primera se refiere a las dificultades de la práctica mercantil transpacífica, particularmente la multitud de fraudes generada en torno al galeón de Manila. La segunda, a las repercusiones en el comercio peninsular de la introducción, a través de Acapulco, de una gran cantidad de géneros de fabricación no filipina, en franco detrimento de las manufacturas españolas introducidas en Veracruz por medio de las flotas. Este último argumento representaba el baluarte de los comerciantes de Sevilla y Cádiz en su controversia con los comerciantes filipinos. Estos argumentaban, por su parte, que los géneros introducidos por Veracruz no eran de procedencia española, sino europea. A partir de estos elementos, la autora señala, por un lado, que la creciente presencia de otras naciones europeas en el comercio asiático incidió de modo favorable en la percepción española de la utilidad de organizar el tráfico por medio de grandes compañías de comercio. Es precisamente desde esta perspectiva que Yuste aborda los manuscritos referentes al comercio de Filipinas que prefiguraron la creación de la Real Compañía de Filipinas (1784).

En "Descubriendo las luces de un rico diamante", Miguel Luque Talaván se propone relacionar los escritos de José Basco y Vargas –capitán general de las islas Filipinas entre 1778 y 1787– con la política general del reformismo borbónico relativa a las posesiones ultramarinas. Como extensión de este primer objetivo, Talaván se propone también analizar las posiciones de otros autores españoles –tales como el marqués de Santa Cruz de Marcenado y Bernardo de Ulloa– respecto de este mismo tema, así como su relación ulterior con las ideas esgrimidas por Basco y Vargas. En este mismo sentido, el autor analiza algunos manuscritos producidos por otras figuras de la administración colonial en Filipinas, y manifiesta el propósito de confrontar la praxis política del reformismo borbónico en Filipinas con la reacción antirreformista generada entre determinados grupos locales de interés.

Desde esta última perspectiva, es preciso señalar que, tal como sucedió en el caso del imperio atlántico, la guerra de los Siete Años trajo consigo un renovado interés –por parte de la corona– en el sistema defensivo y mercantil del Pacífico español. Dentro de este contexto, la creación del Consulado de Comerciantes de Manila, en 1769, representa una de las primeras medidas para incorporar los intereses mercantiles filipinos en la modernización del sistema imperial. Sin embargo, de acuerdo con el autor, el Consulado se convirtió, desde un principio, en un baluarte de los intereses que sostenían el monopolio comercial del galeón de Manila. Como resultado, se opuso de manera sistemática a las medidas emprendidas por la corona para aumentar los ingresos obtenidos del comercio transPacífico y, en particular, al establecimiento de la Real Compañía de Filipinas en 1784–1785. De igual forma, el Consulado actuó como una fuerza hostil a las actividades de otras casas comerciales, tales como los Cinco Gremios de Madrid. Sin embargo, la política de la corona en Filipinas mantuvo un ritmo tan implacable como en el continente americano, con el establecimiento, en 1785, de la Intendencia de Hacienda y Ejército, así como la creación de cuatro intendencias regionales en Luzón y las islas Vizayas.

En "La primera emisión de papel moneda del imperio iturbidista: fundamentos y críticas (diciembre de 1822–enero de 1823)", Leonor Ludlow describe los inesperados efectos de la orden promulgada el día 2 de noviembre de 1822 por la Junta Nacional Instituyente del Imperio Mexicano. Esta orden preveía, de forma urgente, la emisión de 4 000 000 de pesos en papel moneda, siguiendo la propuesta presentada por Antonio Medina, segundo secretario de Hacienda del régimen de Agustín de Iturbide. De acuerdo con Medina, la necesidad de emitir papel moneda quedaba plenamente justificada ante la escasez de fondos en la tesorería. Esta situación representaba el punto crítico de un largo proceso iniciado desde finales del siglo XVIII, cuando –particularmente en la ciudad de México– diversos problemas afectaron la circulación de metálico. De hecho, se ha señalado que la endémica incapacidad de recuperar la pujanza económica presente durante el virreinato fue una de las principales causas del fracaso político del régimen de Iturbide. Efectivamente, la eventual emisión de papel moneda fue resultado de una larga controversia que trascendió su contexto inmediato y que, en términos prácticos, tuvo efectos desastrosos para el imperio. Desde esta perspectiva, la autora analiza los diversos argumentos presentados por los diputados para justificar las medidas adoptadas por el gobierno iturbidista en la búsqueda de una solución a los problemas pecuniarios del imperio mexicano.

En "Los apuntamientos del azúcar de 1822: entre el liberalismo y la intervención", Ernest Sánchez Santiró se propone analizar las propuestas político–administrativas formuladas por un sector de las élites azucareras bajo el régimen de Iturbide. Estas propuestas se analizan desde la perspectiva de un panfleto impreso con la finalidad de influir en el Congreso Constituyente para que estableciese una activa política de protección en este sector de la economía. El texto reviste especial interés debido a que el autor anónimo buscó respaldar sus posiciones acudiendo a la autoridad de diversos especialistas en economía política. De acuerdo con Sánchez Santiró, el contenido presenta una marcada tensión entre las ideas liberales de Jean Baptiste Say y de Adam Smith, por un lado, y las prácticas de intervencionismo y proteccionismo propuestas por los autores del panfleto, por otro. Más aún, el texto resulta notable debido a que, además de recurrir a diversas autoridades en economía política, presenta información económica procedente de instancias diversas –algunas de ellas externas al territorio mexicano–, formulando una peculiar línea de argumentación que, sin negar los postulados del liberalismo económico, promovía activamente la intervención del Estado a favor de un sector claramente definido de la economía.

En "La investigación sobre la agricultura en el pensamiento económico mexicano", Francisco Javier Cervantes Bello presenta los resultados de una investigación económica promovida por el gobierno mexicano en 1832 y se propone, a un mismo tiempo, analizar las diversas fuentes del pensamiento económico presentes en su elaboración. Así, el autor identifica la obra de Gabriel Alonso de Herrera (1470–1539) como la principal influencia en la concepción del informe, pero señala también el impacto de otros autores que discurrieron sobre la situación de la agricultura en la región de Puebla, tales como el obispo Francisco Fabián y Fuero, el intendente Manuel de Flon y cierto número de hacendados que elevaron sus demandas y sugerencias a la corona española. Por otro lado, Cervantes Bello incluye un detallado recuento de los pensadores que, durante el periodo inmediatamente posterior a la independencia, dedicaron parte de su obra al estudio de los problemas de la agricultura mexicana. De manera paralela, el autor formula una reflexión sobre el proceso de integración territorial promovida por el Estado mexicano a través del uso de información sobre las economías regionales, en una búsqueda permanente de modernización política y económica.

De esta forma concluye el libro Historia del pensamiento económico: del mercantilismo al liberalismo, un diverso compendio de artículos que, a través del estudio de autores poco conocidos y del uso de fuentes poco convencionales, ha hecho una útil contribución al conocimiento del pensamiento económico en el mundo hispánico.

Iván Valdez–Bubnov
IIH–UNAM.

Notas

¹ E. Fuentes Quintana, Economía y economistas españoles, Madrid, Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, 2000–2002, 8 vols.