Emilio Zebadúa (2024). La Hacienda de Manuel González, 1880-1884. TulBox.

¹ Universidad Anáhuac México, México.

Correspondencia: carlos.becerrilh@anahuac.mx

El 5 de mayo de 1877, después de obtener la victoria en unas elecciones extraordinarias, Porfirio Díaz (1830-1915) protestó ante el Congreso de la Unión el cargo de presidente constitucional de la República mexicana para el periodo 1877-1880. De acuerdo con el historiador mexicano Luis González (2009), con el triunfo del Plan de Tuxtepec, encabezado por Díaz en 1876, comenzó “un día de la vida de México conocido con los nombres de porfirismo y porfiriato, que fue inicialmente porfirismo por la adhesión popular a Porfirio, y después porfiriato por la adhesión de don Porfirio a la silla presidencial” (p. 652). ¿Cuándo comenzó el Porfiriato?: ¿fue en 1876 mediante un movimiento armado que le dio el control de facto?; ¿en 1877, por medio de un gobierno de iure?, ¿o en 1884, después del periodo presidencial de Manuel González (1833-1893), que tuvo lugar desde 1880 hasta 1884, cuando un triunfo electoral pacífico le otorgó al general oaxaqueño nuevamente la titularidad del poder ejecutivo que, dicho sea de paso, sabría conservar hasta 1911, año en que un movimiento armado lo derrocase?

Precisamente, el texto de Emilio Zabadúa se centra en la presidencia encabezada por el general tamaulipeco Manuel González, especialmente en sus decisiones de política pública y finanzas. La importancia de este texto radica en que combate la caracterización tradicional que ha hecho la historiografía de este periodo, ya sea política o económica, y que insiste en señalarlo como un “paréntesis” en el ascenso y consolidación de Porfirio Díaz en la presidencia mexicana a partir de su regreso en 1884. El autor nos propone un análisis mucho más profundo de los procesos económicos y estructurales ocurridos bajo el gobierno de González, sobre todo aquellos que estuvieron a cargo de su Hacienda pública (p. 15). Cuestión de suma importancia, ya que, como señala el autor en la presentación de la obra, la historiografía política ha considerado a la presidencia de Manuel González un “pacto entre caciques”, y la económica ni siquiera se ha detenido a analizarlo sino como parte del Porfiriato (pp. 12-18).

A lo largo de la obra, Zabadúa recalca el papel protagónico de la Hacienda pública encabezada por Manuel González en al menos cinco pilares estructurales que definieron el periodo, mismos sobre los que descansaría el Porfiriato, a saber: crecimiento económico, infraestructura ferroviaria, modernización del sistema bancario, integración internacional y el fortalecimiento del Estado. En palabras del autor, “la Presidencia de Manuel González no es sólo parte del Porfiriato, sino un periodo con su propia historia económica y financiera: el que marca el despegue del Porfiriato en el sentido económico” (p. 19). No podría ser de otra manera, pues en los nueve capítulos que comprende la obra –más una presentación, un prólogo y un epilogo– se nos muestra cómo en los cuatro años de presidencia de González se avanzaron en sectores económicos clave y se sentaron las bases de la modernización de la economía mexicana.

El asunto es que a la presidencia de Manuel González se le ha mirado, en la mayoría de las veces, con los ojos del presente. Me explico. Gran parte de los historiadores han sucumbido a lo que pasó antes y después. Es decir, al mandato de Díaz antes de la presidencia de González, como un mandatario producto de la victoriosa Revolución de Tuxtepec, que “planeó” meticulosamente su sucesión, pero solo el tiempo necesario para “taparle el ojo al macho” y que en esta no se percibiera en el país ni entre sus partidarios la “sombra de la reelección”. De acuerdo con esta idea, Díaz “pactó” con González la alternancia presidencial. Así pues, en 1884 Díaz triunfó nuevamente en las elecciones y regresó al poder para perpetuarse en él hasta 1911, lo que vino después parece confirmar esta perspectiva. Sin embargo, el texto de Zebadúa nos muestra las particularidades del régimen, más como una continuidad de un proyecto revolucionario nacido en Tuxtepec que como un “paréntesis” en el ascenso del porfirismo triunfante (véase Capítulo 1. El triunfo de la revolución, 16 de noviembre de 1876).

El 1 de diciembre de 1880, Manuel González tomó posesión del cargo de presidente de la República mexicana. Había obtenido “11 mil 528 votos de un total de 12 mil electores” (p. 29). Desde nuestra perspectiva, se muestra la continuidad no con el régimen de Díaz sino con el proyecto desprendido del Plan de Tuxtepec. Por ello, la persistencia de los funcionarios que había heredado de la presidencia anterior, incluido el propio Porfirio Díaz que fue su ministro de Fomento durante los primeros meses de su gobierno (del 1 de diciembre de 1880 hasta mayo de 1881 que presentó su renuncia). Una de las cuestiones más importantes que se resaltan en el texto es el fomento del país como base de la política pública (Capítulo 3. El fomento de la república, p. 130). ¿Cómo lograr este proyecto? Pues mediante la continuidad. Como factor esencial, no debemos olvidar que tanto Porfirio Díaz como Manuel González, Manuel Dublán, Matías Romero, Carlos Pacheco, Francisco de Landero y Cos y, en general, la generación “tuxtepecadora” –como la bautizó Luis González– había vivido, sido testigo y actor principal del México que en 1848 perdió la mitad de su territorio a manos de los Estados Unidos de América y, al mismo tiempo, presenció la crisis económica y el desorden administrativo de la década de 1850, la Intervención francesa (1861-1863) y la enorme deuda que el Imperio de Maximiliano de Habsburgo contrajo con el extranjero y que el presidente Benito Juárez se negó a pagar (Capítulo 4: La deuda de la nación). No es de extrañar que precisamente el aislamiento del crédito internacional representase un obstáculo tanto para Benito Juárez como para Sebastián Lerdo de Tejada, pues si bien la construcción de los ferrocarriles representaba una de las “líneas del progreso” tanto para la República Restaurada como para los gobiernos surgidos de la Revolución de Tuxtepec, los inversores eran escasos y el crédito casi nulo, salvo por los prestamistas particulares y sus onerosos intereses.

Así, el programa de fomento durante la segunda mitad del siglo xix mexicano se basó en “una serie de inversiones, obras y subsidios para construir, ampliar o modernizar la infraestructura de comunicaciones del país” (p. 73), surgiendo el binomio inversión privada y subsidio público (p. 255). No sería sino hasta el “inicio de la administración de Manuel González que aparecieron potencialmente los recursos necesarios para una obra de esta magnitud” (p. 147). El problema de la Hacienda pública de los gobiernos de la República Restaurada era que no tenían los fondos suficientes para llevar a cabo dicho proyecto tan necesario y, por el otro lado, el constante acoso de la deuda sería su principal obstáculo, de ahí el interés por renegociar la que se tenía, al menos, con el Reino Unido.

Nuevamente se resalta la continuidad del proyecto de fomento económico del país como política pública de todos los gobiernos que ocupasen la presidencia, máxime que México se encontraba inmerso en una dinámica económica mundial que exigía y hacía indispensable su integración a esta: hablamos de la primera globalización (1870-1914), en la que otros países de la región como Argentina, Brasil, Chile, Perú o Uruguay ya se encontraban inmersos. De ahí que el autor resalte el papel de los telégrafos como medio de comunicación impulsado por González, que al inicio de su gobierno contaba con apenas 124 oficinas y que para la mitad de este ya tenía 264 (p. 154), y también el de los ferrocarriles. En este punto radica uno de los pilares fundamentales del gobierno de González, pues al “término del primer periodo de Porfirio Díaz, se habían construido 1 073.5 kilómetros de vías; en el periodo de Manuel González se construyeron 5 731 kilómetros incluyendo las vías estratégicas de Laredo-México y el Paso-México” (p. 19).

Por otro lado, si más del 50% de lo recaudado en materia de impuestos provenía del comercio exterior, el impulso que González le dio al mejoramiento y construcción de puertos, con esquemas de participación de capital privado y público, vino a mejorar los ingresos provenientes de estos, al menos en los primeros dos años de su gestión (p. 163). En 1881, la reforma aduanal se vio complementada con la fiscal por la ampliación del cobro del timbre a ciertos productos otrora exentos, que vino a engrosar los ingresos tributarios (p. 268). Uno de los principales requisitos para que un sistema tributario sea eficiente es conocer la actividad productiva de los sectores económicos, a los cuales se va a gravar. El 26 de mayo de 1882 se creó la Dirección General de Estadística, bajo el argumento de que “el estado actual de la ciencia pide ayuda uniforme y universal de todos los ciudadanos, y no se contenta con la recolección simple y aritmética de datos de orden moral, intelectual y físico, sino que exige además las deducciones y las consecuencias útiles que tengan aplicación en la administración pública” (p. 169). Es palpable aquí la necesidad de conocer el territorio para mejorar la recaudación. Porfirio Díaz ya no estaba al frente de la Secretaría de Fomento, sino que ahora se encontraba Carlos Pacheco (1839-1891), perteneciente al mismo grupo político (Capítulo 5. La sucesión presidencial). Se ha dicho que detrás estaba la mano de Porfirio Díaz, el texto nos deja ver más del proyecto económico desprendido de Tuxtepec, así como lo que Carlos de Jesús Becerril (2013) ha llamado “Administrativizar la Hacienda pública”, es decir, someter bajo la “ciencia de la administración” aquellos procesos de cobro y gestión de las contribuciones para lograr su mayor productividad.

Los bancos son otras de las instituciones financieras típicamente consideradas porfirianas, pero que se modernizaron precisamente dentro de la gestión de Manuel González. No debemos olvidar que de la fusión del Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano (fundados bajo el gobierno de González) surgió el Banco Nacional de México en junio de 1884, institución que serviría como el agente de banca y crédito más importante del Porfiriato. Aunado a lo anterior, para seguir el camino del fomento comercial, en 1882 la materia mercantil pasó a ser exclusiva de la federación, dando paso a la promulgación del primer código de comercio federal en 1884, lo que simplificó las operaciones mercantiles que aún se regían por las Ordenanzas de Bilbao de 1737.

La propuesta de continuidad con las políticas de fomento de la segunda mitad del siglo xix, hechas durante el gobierno de Manuel González y analizadas por Emilio Zebadúa, así como la gestión propia en las materias anteriormente descritas, no solo fueron los cimientos en los que descansaría el Porfiriato, sino que estarían presentes con sus instituciones bancarias, monetarias, comerciales, de comunicaciones y transportes, por mencionar las más importantes.

Como en todo, hay años mejores que otros, y 1881 se presentó como un gran año, en donde no solo hubo estabilidad política, también hubo una bonanza económica nada despreciable: es el año del presupuesto esperanzador (Capítulo 6. El primer presupuesto, 1881). En el segundo año de gobierno de González se vislumbró una bonanza económica producto de la “importación de manufacturas, equipo y partes de vías, máquinas, locomotoras, vagones, herramientas para los talleres y otros bienes asociados al funcionamiento de los ferrocarriles” (Capítulo 7. La riqueza financiera, 1882, p. 334). Durante 1883, tercer año de gobierno de González, hubo una caída en el circulante que generó una crisis monetaria que afectaría para siempre la reputación del régimen (Capítulo 8. La crisis monetaria, 1883): “La moneda de plata seguía depreciándose dentro de una tendencia larga; mientras que la de níquel, recién introducida, perdería todo valor al ser rechazada por el público” (p. 384). Este rechazo al circulante en níquel y cobre generó una crisis que se extendió a otras ramas de la economía que se negaban a operar con este tipo de numerario. Aquí comenzó el declive del régimen. Afirma Zebadúa que fue tan grande el fracaso de la crisis monetaria que “solo la lealtad mutua acumulada durante tanto tiempo y tantas batallas con el general Díaz le permitirían a González continuar en la política institucional después del fin de su mandato” (p. 384). De hecho, este fracaso económico marcó la sucesión presidencial a favor de Porfirio Díaz (Capítulo 9. Un nuevo régimen, 1884).

De acuerdo con lo analizado en el libro, me atrevo a señalar que es precisamente el aspecto económico lo que determinó al aspecto político. La incapacidad de contener el descontento social producto de la falta de circulante, la inflación y, en general, una crisis económica grave, pero que resultó menos longeva de lo que se pensó en su momento, fue la causa por la que los agentes económicos del periodo consideraron a Porfirio Díaz como una oportunidad de regresar a lo previamente establecido. En ese momento ahora sí es palpable el pacto para salvar a González de una posible revuelta en su contra. Después de leer el libro, dudo mucho que esto fuese así desde el 1 de diciembre de 1880, cuando González tomó el poder; más bien resultó en un pacto que ambos supieron aprovechar entre 1883 y 1884, uno en provecho de salvarse y el otro para regresar al poder.

A mi parecer, uno de los grandes fracasos del régimen fue su incapacidad por renegociar la deuda inglesa, lo que le hubiese permitido regresar a los mercados financieros internacionales, logrando así el capital que le permitiera seguir apoyando la inversión en infraestructura. Como señala atinadamente el autor, “el crédito internacional de México dependía en el largo plazo de un arreglo con los banqueros” (p. 246). Logro que no pudo conseguir Manuel González, pero sí Porfirio Díaz en el periodo presidencial de 1884-1888, de la mano de Manuel Dublán, secretario de Hacienda, con la famosa “conversión Dublán”. Otro factor fue el escándalo de la moneda de níquel y la corrupción de la que fue acusado González, mismos que llegaron al grado de levantar un proceso contra él durante el segundo periodo presidencial de Díaz ante el Congreso de la Unión por malversación de fondos públicos. Si bien salió absuelto el 29 de octubre de 1888 (p. 470), la mancha estaba ahí. Esta incapacidad de Manuel González de responder a los intereses de los agentes económicos beneficiados por el capitalismo liberal serviría también como lección en el futuro a Díaz. Qué razón tenía Francisco Bulnes (2009) cuando escribió en 1901 que “todos los gobiernos sin un centavo se quedan sin partidarios” (p. 120).

Emilio Zabadúa ha sido exitoso en mostrarnos que más allá de las concepciones clásicas de la presidencia de Manuel González se “tiene una lógica histórica propia” (p. 53). Invito a los lectores a conocer esta obra que, dicho sea de paso, demuestra con creces la erudición con la que cuenta el autor en el periodo de estudio. El abundante aparato crítico, que abreva tanto de fuentes clásicas como contemporáneas, nos da una cátedra de cómo llevar a cabo investigaciones de historia de la Hacienda pública. Hace muchos años, Ernest Sánchez Santiró me enseñó que un estudio sobre esta temática debe siempre abarcar, por este orden, las tres variables siguientes: egreso, ingreso y deuda. En este libro, con la agudeza del conocedor, se logra un estudio que viene a completar lo que sabíamos sobre nuestra administración hacendaria.

Tiempo atrás, Luis Jáuregui me señalaba que estábamos en la construcción de la historia de la Hacienda mexicana. Hoy me atrevo a señalar que Emilio Zebadúa ha puesto la piedra que nos hacía falta para conocerla a profundidad en el periodo que estudia (1880-1884). Con este texto, afirmó que los libros fundamentales para entender su funcionamiento desde 1521 hasta 2020 ya se han publicado: a) los trabajos de Ernest Sánchez Santiró (2023 y 2016) para el caso de la Real Hacienda de Nueva España; b) el Imperio de Iturbide y la primera república federal han sido estudiados por Jesús Hernández Jaimes (2013); c) el centralismo es objeto de estudio de Javier Torres Medina (2013); d) Carlos Becerril (2015) analiza al santannismo, la Guerra de Reforma, la Intervención francesa y, principalmente, al Segundo Imperio mexicano; e) el Porfiriato tiene su propia trilogía escrita por Javier Pérez Siller (2020, 2023 y en prensa); f) el periodo revolucionario ha sido explicado por el Emilio Zebadúa (1994); g) Enrique Cárdenas (1994) hace lo propio con el periodo comprendido entre 1929 y 1958; h) Luis Aboites (2003) explica la Hacienda pública de la posrevolución basada en excepciones y privilegios, y, finalmente, i) Luis Aboites y María del Ángel Molina (2023) nos hablan de nuevos actores otrora ignorados en el periodo 1973-2020: las haciendas públicas de las entidades federativas.

El texto de Zebadúa sobre la Hacienda pública de Manuel González pone el ladrillo que hacía falta para completar una primera pared en la construcción de los estudios de la hacienda mexicana, es decir, de la Real Hacienda de Nueva España a la Hacienda pública mexicana, 1521-2020. Esperamos que otros estudiosos de la historia económica puedan tener acceso a esta obra erudita y fundamental en la comprensión de las finanzas públicas de nuestro país.

Bibliografía citada