0000-0003-1656-2916
http://dx.doi.org/10.18232/20073496.1356
Reseña
Mario Trujillo Bolio1, * 0000-0003-1656-2916
1 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México.
Correspondencia: trubolio@ciesas.edu.mx
El libro Negociación, lágrimas y maldiciones en la fiscalidad extraordinaria en la monarquía hispánica, 1620-1814, coordinado por Guillermina del Valle Pavón, contiene ocho sugerentes aportaciones que versan sobre la importante manera en que tenía cabida la red de negociaciones para que fusionara el financiamiento de la corona española en tiempos de los Austria y principios del reinado de los Borbones, periodo en el que la corona española estuvo envuelta en las guerras imperiales, y en el que la Hacienda real, en distintos momentos, tuvo problemas de liquidez, tanto en la metrópoli como en sus posiciones coloniales en el marco del Atlántico americano.
Desde la “Introducción”, Valle Pavón nos da cuenta que un tema central en la llamada fiscalidad extraordinaria de los siglos xvii y xviii tuvo una base jurídica a partir de imponer contribuciones extraordinarias. Advierte, además, que las mismas imposiciones tributarias no respetaron ni a los poderosos estamentos y, menos aún, a la población de insuficientes recursos para rendir cuentas al fisco. Los ocho artículos que contiene este libro van dilucidando cómo se obtenían los fondos extraordinarios en distintos momentos de la historia económica hispanoamericana. Así, se da cuenta de la manera en que, desde el núcleo mercantil de Sevilla, se operaban los fondos extraordinarios para alimentar a la Hacienda española a partir de la transferencia de recursos financieros que extraía de los virreinatos del Río de la Plata, Perú, Nueva España y Nueva Granada.
Cabe destacar que las aportaciones están insertas en la prolífica historiografía que en las décadas de 2000 a 2020 se han presentado con la temática relativa al financiamiento a la monarquía española, y a su vez, ofrecen una documentación primaria proveniente de los acervos españoles: Archivo General de Indias, en Sevilla; Archivo General de Simancas; Archivo Histórico Provincial de Sevilla, y el Archivo General de la Nobleza. Asimismo, los trabajos están sustentados en la documentación de archivos mexicanos, como el Archivo Histórico de la Ciudad de México, el Archivo General de Notarias de la Ciudad de México, y el Archivo General de la Nación, ramo Consulado de México. En el caso de los archivos para enriquecer el caso del virreinato de Nueva Granada, sobresalen materiales documentales del Archivo General de la Nación de Colombia y las series documentales del Banco Nacional de Colombia. En tanto que, en el caso del Río de la Plata, fueron importantes los expedientes del Consulado de Comercio y del Cabildo de Buenos Aires, del Archivo General de la Nación de Argentina.
El libro inicia con “La negociación asimétrica en la Carrera de Indias”, de José Manuel Díaz y Alfonso Hernández. El propósito del capítulo es una visión desde la misma metrópoli, que reconstruye cuál fue la imposición de un gravamen a particulares y que en Sevilla se conoció como octavo de la plata, así como el estudio de las relaciones de dominio desarrolladas por las corporaciones con un poderío financiero y la corona española. Resulta interesante, entonces, observar cómo en este decomiso tuvieron una participación relevante distintos actores adinerados como los Cargadores a Indias ‒primero en Sevilla en el siglo xvii, y después en Cádiz en el xviii‒. Los autores desentrañan que, en el año 1620, la capacidad contributiva superó con creces lo que podía otorgar fiscalmente los mercaderes para la financiación del imperio español. Por tanto, los autores nos dicen que el octavo tuvo cabida cuando se hizo evidente el secuestro de las remesas particulares. Sin embargo, advierten que dicha acción de la corona española a la larga se transformó en un préstamo, o bien, en una especie de trueque en donde los que padecieron el octavo de la plata pudieron obtener otros tantos negocios. A este respecto se presenta el ejemplo de lo que fue la concesión de la corona española a particulares para acuñar moneda de cobre.
Pese a todo, nos dicen los autores que el octavo hay que comprenderlo en la lógica de las circunstancias para la financiación de las empresas bélicas para que la España de ese entonces permaneciese como potencia mundial. El aporte que encontramos en este interesante artículo es el haber discernido que, en la creación de los asientos de provisiones generales y provisiones extraordinarias, también participaron los banqueros genoveses que tradicionalmente financiaban, primero, a la Casa de Austria y, después, la de los Borbones, y que gran cantidad de los dineros que recibía la corona española provenían de Flandes, Génova y Milán. Un referente de lo anterior se muestra cuando se presentó la bancarrota de la Hacienda real en el año de 1627. Nos dicen los autores que la acción de este problema se solventó con las remesas de plata y oro en los galeones de la flota de Nueva España y de Tierra Firme, y de manera beligerante en la retención de la octava que implementó el rey Felipe III.
Gibrán Bautista y Lugo, en su aporte “Recaudar la lealtad al rey y proteger el dinero del reino. La ciudad de México entre servicios, arbitrios y crédito, 1623-1629”, aborda detenidamente cómo se diseñaron en Nueva España, y particularmente en el Cabildo de la ciudad de México, las solicitudes de donativos, préstamos y servicios al rey, demandados por la corona española entre los años 1623 y 1629. Bautista estructuró su aportación a partir del desarrollo de tres apartados: a) un balance de la Hacienda local novohispana y la gestión de la misma por parte de oficiales y regidores; b) el entramado en que se dieron las negociaciones para que se dieran los préstamos solicitados, y c) lo que demandaron para hacer negocios los prestamistas a cambio de financiar a la corona española.
El autor advierte que a pesar de que el estado financiero de la Hacienda de la ciudad de México tenía problemas de solvencia entre 1622 y 1627, el mismo contubernio entre los oficiales reales –mayordomos de propios y contadores– y las autoridades virreinales, permitió que se otorgaran préstamos sin importar la precariedad del erario citadino. En el estudio, Bautista presenta el caso singular de Hernando de Peñalosa, que ocupó el cargo de mayordomo de la ciudad de México durante un decenio y que, en su gestión, recibió beneficios económicos al facilitar la recepción de las solicitudes y servicios al rey. Asimismo, en este ensayo se da cuenta de las relaciones de cohecho existentes para estos años, entre mayordomos y mercaderes del Consulado de la ciudad de México para especular en los préstamos para volverse después acreedores del Cabildo, como la administración de las rentas de propios a quien entregara fianzas vía préstamos al rey.
En otro apartado, en donde se distinguen las formas de negociación y los vericuetos que se tenían que hacer para cumplir con el compromiso con el rey Felipe IV, sobresale en este contexto la recaudación vía préstamo que se hiciera por 419 084 pesos en los años 1622 y 1623. Tal cantidad no sólo salió de la renta que se obtenía de la sisa del vino, de mercaderes de plata, de rentistas locales y, a su vez, de los mismos oficiales reales y regidores quienes en algunos casos hipotecaron sus casas, y todo en detrimento de las obras públicas que requería la ciudad de México.
En su último apartado, Bautista es muy revelador al distinguir que, pese a que la Hacienda municipal se encontraba en estado deficitario en los años de 1623 y 1629 con los préstamos otorgados al rey y, además, la incontrolable corrupción, propició oportunidades crediticias y arbitrios recaudatorios, tanto para empresas particulares de los mismos regidores, cuanto para miembros del Consulado de la ciudad de México, mercaderes de plata de la Real Casa de Moneda, así como los introductores de vinos a los minerales de San Luis y Zacatecas. Esto es, una dinámica clientelar que se constituyó desde la corona, el virrey y alcaldes mayores asociándose en el negocio de los préstamos al rey con la corporación mercantil y mineros y comerciantes.
Loris de Nardi, en “Nuevos aportes sobre el donativo voluntario de 1654. El caso de los corregimientos peruanos de Huanta, Castrovirreyna y Vilcas”, presenta renovados hallazgos acerca de los donativos voluntariosos en el virreinato del Perú. A través de documentos inéditos consultados en el Archivo General de Indias y el Archivo General de la Nobleza, la autora centró su indagación en el proceso que llevó a la realización del donativo exigido a partir de la real cédula emitida el 11 de julio de 1654 y durante el reinado de Felipe IV. Como en el ejemplo de los otros casos de los donativos en Sevilla y ciudad de México, el solicitado a Perú también se requería para sobrellevar los conflictos bélicos y que, en este aspecto, el monto se utilizó para que el principado de Cataluña no quedara en manos de los franceses. No obstante, De Nardi advierte que lo peculiar de este donativo pedido a todas las provincias peruanas, es que solventaría voluntariamente con nuevos tributos a los vasallos castellanos –ministros, eclesiásticos y encomenderos– y a los vasallos indianos. El monto recaudado de 2 248 pesos por el corregimiento de Huanta, la autora lo muestra a través de aquellos individuos involucrados en el real servicio, rentistas y mineros. En tanto que en el corregimiento de Castrovirreyna los donantes eran lo que De Nardi denomina como “el grupo de interés que orbitaba alrededor del servicio real”. En el caso del donativo que provino del corregimiento de Vilcas, una proporción significativa provino de personas del servicio real y muchas de las cuales, nos dice De Nardi, tenían marcados intereses con rentistas y mineros. Por tanto, resulta interesante el planteamiento de la autora que advierte que después de la indagación exhaustiva de la documentación de los donantes, la activa participación de estos se centró en el grupo de los oficiales reales, y que dicha acción protagónica en un futuro inmediato les sería benéfico, ya sea en sus negocios en el comercio o como rentistas.
Por su parte, Guillermina del Valle Pavón presenta “Lágrimas y maldiciones, la intermediación financiera del Consulado de México al servicio de la monarquía hispánica, 1680-1706”. La autora, conocedora asidua del Consulado más antiguo de la América española, nos presenta en esta ocasión otras tantas actividades que emprendía el gremio de mercaderes entre las últimas décadas del siglo xvii y primeros años del xviii. Advierte sobre la función de los mercaderes de México como otorgantes de crédito –con elevados intereses– a los productores de plata y tratantes del metal argentario. Indica que estas funciones crediticias a los mercaderes les permitieron acrecentar su poderío corporativo y su poder representativo en el mismo Consulado. Así, Del Valle nos advierte que la más poderosa oligarquía mercantil novohispana llegó a convertirse en financistas del virreinato de Nueva España, y ello cuando había precariedad hacendaria en las cajas de la ciudad de México. Lo anterior les permitía a los mercaderes ser retribuidos con privilegios de carácter comercial, fiscal, judicial e, incluso, en ocasiones, evadir el pago del quinto real. El poder de dichos mercaderes es constatado por Del Valle simplemente con los significativos montos de dos poderosos prestamistas al señalar que “En el periodo que va de 1683 a 1703, Luis Sánchez Tagle prestó a la administración virreinal cerca de 1 400 000 pesos por su propia cuenta y 232 000 pesos más en compañía de Juan de Urrutia Retes” (p. 141).
En otro apartado, la autora advierte la presencia de los mercaderes en el suministro de mercurio que tanto se requería en las minas novohispanas. En efecto, en el ensayo se da cuenta a partir de la rica documentación del Archivo Histórico de Hacienda y el acervo de la Junta de Comercio del Consulado de México, de cómo mercaderes del Consulado de la ciudad de México de su propio bolsillo adelantaron, en el año 1686, caudales para la adquisición de azogue suministrado desde Huancavelica, Perú. Algo parecido sucedió con la intervención de la oligarquía mercantil en 1694 para otorgar un préstamo por 300 000 pesos para solicitar a los cargadores de Sevilla y Cádiz que suministrasen azogue de las minas de Almadén o Hidria.
Pese a las altas ganancias obtenidas por los usureros mercaderes del Consulado en la segunda mitad del siglo xvii, Del Valle reconstruye cómo ya en la era de los Borbones el mismo rey Felipe V, ante la escasez de caudales y excesivos gastos por las guerras de España, pidió contribuciones. Los préstamos se solicitaron para que hubiese dinero para la defensa contra los holandeses y franceses que ambicionaban las Antillas; con transferencias que se iban para La Habana, como el financiamiento a la Armada de Barlovento, empezó a solicitar préstamos al Consulado de la ciudad de México. No obstante, lo sugestivo del aporte de la autora es presentar cómo ya desde principios del siglo xviii el otorgamiento de donativos y préstamos para la guerra de Sucesión dinástica entre los años 1704 a 1708, fue más complejo puesto que, para ese entonces, ya estaba conformada una red de negocios entre un grupo de mercaderes poderosos. En el aporte de Guillermina del Valle para construir el tejido de la trama de los mercaderes son notables los casos de Domingo Canal, Alonso Dávalos de Bracamonte Julián Osorio, el caballero de Calatrava Luis Sánchez de Tagle y Joaquín de Zavaleta, y a su vez, para mostrar el distintivo ejemplo de Pedro Sánchez de Tagle, reconstruyendo sus vínculos con distintos mercaderes en negocios estratégicos y su relaciones con autoridades del Consulado –cónsules, diputados y prior–, como con los propios virreyes y regidores del Ayuntamiento de la ciudad de México. De ahí, entonces, que la autora presente la manera en que el cuerpo mercantil pudo solventar 1 000 000 de pesos a la Real Hacienda en 1706, y previa garantía de todos los caudales y ramos de la Hacienda tanto de Nueva España como de Nueva Galicia, en donde estuvo incluido el asiento de alcabalas.
José Joaquín Pinto Bernal ofrece una aportación interesante en “Recursos extraordinarios para la guerra anglo-española en la Nueva Granada, 1779-1783”, la cual podemos ubicar ya como parte de la historia económica neogranadina y particularmente en los negociantes ubicados en la producción aurífera y sus relaciones tanto con la corona española como con el aparato administrativo del virreinato. Pinto, al hacer una revisión historiográfica para señalar las causas que provocaron el descontento popular del año 1781 y destacar la presencia de sectores populares y de la elite económica neogranadina en esa revuelta, advierte, en su análisis, que la insurrección no sólo fue encabezada por los comuneros y conseguir sus objetivos, sino que también se realizó a fin de mejorar la endeble administración fiscal respecto de la renta de alcabalas, el cobro de estancos, los donativos y aumento de algunos bienes de consumo. En esta discusión historiográfica, el autor alerta que el proceso de insurrección que se gestó se debe incluir en el análisis histórico, así como las consecuencias que tuvieron las medidas fiscales de emergencia para solventar los gastos que tuvo España con Inglaterra. El gremio mercantil tomó parte de la revuelta, porque no coincidía en la forma en que se decidió que operaran los mecanismos de financiamiento para el pago de la guerra con los ingleses.
El caso de la solicitud de un préstamo de la corona española a Nueva Granada se asemeja en buena medida a los vistos para Nueva España y Perú. En consecuencia, Pinto Bernal, al reconstruir el empréstito para enfrentar la guerra de España contra Inglaterra, iniciada en junio de 1779, nos dice que el virrey neogranadino Antonio Flórez pudo lograrlo gracias a que la elite mercantil fungía como su aliado. Dicho sector social dominante, no solamente tenía negocios particulares, sino también varios de sus representantes tenían, a su vez, cargos en la Real Audiencia, en el Tribunal Mayor de Cuentas, en los cabildos y en las cajas reales. Ya en la gestión del virrey Caballero y Góngora, el monto recolectado por empréstitos llegó a 1 068 890 pesos que se utilizaron para solventar la guerra de 1779 y 1783, la cual en gran medida fue pagada por la elite mercantil de las provincias. Destacaron los poderosos adinerados de Cartagena y, en menor medida, por los comerciantes y mercaderes de Santa Fe y Popayán. Empero, nos dice Pinto, la tardía devolución de los capitales vía empréstito provocó la resistencia por parte de la oligarquía con un contenido militar. La renta del tabaco a particulares no alcanzó para sufragar los desembolsos hechos a la Hacienda real; sin embargo, el autor nos dice que esta situación finalmente se subsanó con una negociación que llevó la reducción arancelaria del tabaco y aguardiente, la administración de alcabalas, y la abolición del impuesto a la Armada de Barlovento.
Elienahí Nieves Pimentel, en “El donativo universal de 1798 en Nueva España, medidas y estrategias para su recolección”, aborda el donativo voluntario que se le pidió a Nueva España, no sin analizar las prácticas políticas y medidas específicas que aplicó para obtener el donativo universal en moneda de oro y plata, y alhajas, herencias, rentas e, incluso, esclavos. Nieves Pimentel nos dice que el entonces virrey Joseph Miguel de Azanza emprendió un arduo trabajo para que en otras tantas provincias novohispanas se dieran donativos voluntarios y que esta medida incluyera ciudades, villas y pueblos –caciques y principales–, así como a clérigos, presbíteros, cofradías y hermandades. Las solicitudes fueron respondidas por vecinos de Querétaro, San Luis, Tacuba, Guadalajara, Yucatán, Acapulco, Puebla, Oaxaca, Cuautla, Guanajuato, Tenancingo, Texcoco, Zacatecas, Valladolid, Veracruz, Xochimilco, Zacatlán, entre otros. El estudio logra discernir que gran parte de las donaciones de dichos lugares se dieron con bienes de la comunidad, a través de administradores de Hacienda, abogados de la Real Audiencia, previsores de indios, caciques, administradores del estanco real, labradores, militares y comerciantes. Elienahí Nieves concluye que, si bien esta modalidad del donativo voluntario no llevó a que se consolidara el corporativismo tradicional que se desarrolló en la sociedad novohispana, esta práctica llevó a que se presentase una interacción entre la corona española y sus vasallos en donde estuvo implícita la lealtad al rey.
Viviana L. Grieco, en “Ni políticamente corruptos ni financieramente destructivos: los donativos entregados a la corona española en el Río de la Plata a finales del siglo xviii y principios del siglo xix", destaca las modalidades en las que se presentaron los donativos –monetarios, en especie o espirituales– en el virreinato rioplatense durante la era de los borbones. Su argumento central es que la”eficacia fiscal de los donativos dependía de su ejecución legal y siguiendo procedimientos establecidos", además de crear relaciones entre los grupos dominantes con intereses particulares y corporativos y renovados vínculos con el poder de la corona española en plenas reformas .
En una primera sección, la autora estudia con detenimiento los particulares procedimientos legales que se siguieron para que se hicieran realidad las subvenciones. Se hace un análisis retrospectivo sobre la manera en que se presentaron las donaciones y regalos, y hace un balance sobre códigos legales españoles que permitían institucionalizar esta práctica por parte de la corona española. Después de la consulta de fuentes primarias, Grieco argumenta que la práctica de la donación fue una abierta negociación de particulares con la corona española, y que la misma permitió la unión entre súbditos y corporaciones, así como el abierto apoyo a España en tiempos de guerra. En este caso, se presenta la manera en que se publicitó e implementó entre los súbditos la donación a partir de los pregoneros, oficiales reales, curas y notarios que recorrieron distintas municipalidades. Se muestra que los donadores fueron de diversos estratos sociales: mercaderes, burócratas, eclesiásticos, comunidades indígenas, artesanos y un esclavo (p. 242).
Grieco propone que, en el análisis histórico de las contribuciones, debe historiarse lo que fue el carácter moral, filosófico e incluso constitucional de los donativos libres a diferencia de los donativos forzados, o sobornos. Menciona la autora que los regalos, o bien los donativos libres, llegaron a ser contratos más comunes, a diferencia de los contratos que sí tenían estipulados el valor de la transacción y cumplimiento del cobro de las comisiones, ganancias con el cambio de monedas y letras de cambio por parte de la Hacienda real de las obligaciones de pago. Por último, la autora se centra en los casos específicos de donaciones que se dieron en el Río de la Plata para el financiamiento bélico de la Convención francesa (1793-1795) y las guerras navales contra Inglaterra (1797-1802), en los cuales no estuvieron ausentes los que obtuvieron oficiales reales con cargos y oficios, mismos que les daban estatus, poder, honor y riqueza (p. 255).
En “El Consulado de Comercio de Buenos Aires y su negociación corporativa: los préstamos y donativos otorgados por los comerciantes a la corona y a los gobiernos revolucionarios luego del derrumbe, 1794-1814”, Javier Kraselsky se centra en dilucidar cómo se presentaron las relaciones entre la agrupación aglutinada en el Consulado de Buenos Aires y el poder monárquico español y, precisamente, en el marco en que se presentaron los préstamos y los donativos entre los años de 1794 a 1814. Kraselsky acuña el concepto de centralización corporativa con el propósito de indagar lo que fue la negociación del poder entre los cuerpos que jerárquicamente se ordenaron para negociar con el poder del orden colonial del virreinato del Río de la Plata. Establece que los comerciantes agrupados en el Consulado rioplatense brindaron significativos fondos mediante préstamos, donativos e ingresos, y que dicha actividad les permitió tener privilegios, gracias reales y ventajas comerciales.
El autor nos dice que antes de constituirse el Consulado en 1794, los mercaderes tuvieron que dar, en 1786, una recaudación a la corona española por 25 000 pesos; otra en el año 1793 por 25 000, y en 1797 una más de 100 000 pesos. Rescata que lo anterior permitió que el consulado pudiese cobrar averías y el impuesto de 0.50% como contribución a los donativos. Después de una detenida consulta y cruzamiento de materiales documentales del Archivo General de la Nación de Argentina –Consulado de Buenos Aires– y del Archivo General de Indias, el autor se centra en la reconstrucción histórica de lo que fueron los préstamos y contribuciones de los mercaderes de Buenos Aires entre 1810 y 1814. Lo interesante de la lógica histórica de las donaciones en los últimos años del orden colonial en Argentina es que, el Consulado de Comercio, tuvo que otorgar dinero también al gobierno revolucionario en su primer y segundo Triunvirato, y en plena apertura con el comercio inglés. Nos dice que en 1811 fue por la cantidad de 150 000 pesos, y en calidad de préstamo forzoso con un reintegro en oro y plata amonedado en Chile, situación que les permitía a los mercaderes agilizar la exportación de productos. Mientras que el de 1812 y en plena guerra de independencia el gobierno revolucionario se apropió de los fondos del Consulado para financiar la guerra. Incluso, nos dice Kraselsky que la demanda de contribuciones en momentos en que se resquebraja el orden colonial español llevó a que comerciantes peninsulares y criollos de las ya Provincias Unidas del Río de la Plata tuviesen que dar un préstamo forzoso en enero de 1816 por 200 000 pesos.
No cabe duda que los ocho trabajos reunidos en Negociación, lágrimas y maldiciones… cumplieron a cabalidad para dar a conocer la forma en que se presentó el financiamiento en tiempos de guerra a la monarquía hispánica, entre 1620 y 1814. Con todo, ahora ya tiene la historiografía sobre la fiscalidad y los consulados un renovado conocimiento de lo que fueron las cargas tributarias –donativos y préstamos forzosos– a los sectores pudientes y, particularmente, en entornos mercantiles tan trascendentes en el periodo de estudio y que sobresalieron en Sevilla, Río de la Plata, Nueva España, Perú y Nueva Granada. El comentario final que puede hacerse de este libro es sobre su misma edición. Su factura no solamente tuvo un cuidado para presentar las fuentes que se utilizaron en cada uno de los capítulos, la bibliografía, hemerografía, diagramas, tablas, cuadros y un valioso índice temático sino, además, el lector puede disfrutar esta obra a partir de la bien lograda portada donde aparecen muy bien pintados los sujetos de estudio: los recolectores de impuestos.